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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 15 de agosto de 2017
- Para el Centro Prodh, la impunidad del caso alerta sobre el riesgo de que el Congreso de la Unión apruebe la Ley de Seguridad Interior
El Juzgado Decimocuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación concedió un amparo en favor de una testigo de la masacre de Tlatlaya, al determinar que la Procuraduría General de la República (PGR) violó derechos humanos y no investigó adecuadamente los hechos.
A la vez, le ordenó a la corporación investigar la cadena de mando por la orden militar de «abatir delincuentes», como señalaba un oficio firmado el 11 de junio, apenas 19 días antes de que a manos del Ejército murieran 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde por lo menos ocho de ellas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Para el colectivo #SeguridadSinGuerra, que reúne a decenas de expertos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que acompaña a la testigo Clara Gómez González, quien grano el amparo y es madre de Erika, jovencita de 14 años que falleció ese día, la resolución del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal confirma «que la impunidad de un hecho tan emblemático evidencia fallas estructurales en la procuración de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos y violaciones a los derechos humanos.
Foto: Rashide Frías / Cuartoscuro.
El colectivo, a través de un comunicado de prensa, añadió que «la impunidad también alerta sobre los riesgos de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior sin los debidos controles sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, amenaza especialmente relevante ante el inminente inicio del próximo período de sesiones en el Congreso de la Unión».
Este mismo día, el diario español El País publicó que el pasado 31 de julio el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia de amparo dictada dentro del Juicio 545/2017, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos acontecidos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
#SeguridadSinGuerra llama la atención en que, en su dictamen, la Justicia Federal señaló que la falta de acción de la PGR ha vulnerado derechos humanos y llamó a una investigación exhaustiva y expedita; es decir, conforme al deber de debida diligencia.
«En su resolución, la Jueza consideró probada la falta de actividad de PGR, que no ha realizado diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la Orden Militar que instruyó ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’ dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los castrenses involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado la cadena de mando responsable.
«Determinó además que para evitar la fragmentación, la PGR debe integrar todas las investigaciones bajo un solo expediente. Adicionalmente, ordenó a la Procuraduría señalar de forma pormenorizada las diligencias que considere pertinentes, así como su objetivo y plazos, mediante la elaboración de un cronograma detallado de investigación».
Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República. | Foto: Cuartoscuro.
Para acatar la resolución, sostiene el colectivo, la PGR debe enderezar la investigación, «pues a pesar de que está acreditado por la CNDH que al menos 8 de las víctimas mortales fueron ejecutadas arbitrariamente, a la fecha nadie se encuentra rindiendo cuentas ante la justicia por esta privación arbitraria de la vida; no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas de ejecución; ni tampoco se han esclarecido las responsabilidades en la alteración de la escena del crimen».
Las organizaciones y defensores de derechos humanos también lanzaron un llamado urgente a la PGR para que acate la resolución judicial.
Foto de portada: Armando Monroy / Cuartoscuro.
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