Pide CIDH a EEUU investigar muerte de dos niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 7 de enero de 2019

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al gobierno de Estados Unidos a realizar una investigación independiente sobre la muerte en diciembre pasado de dos infantes guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, y le recordó que tiene la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos y considerar las circunstancias individuales de las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en sus fronteras internacionales y zonas aledañas, prestando atención apropiada en especial a niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad.

En el caso particular de la niña Jackeline Caal Maquin, de siete años de edad, y de Felipe Gomez Alonzo, de ocho años, pide al gobierno estadounidense investigar las circunstancias que llevaron a su muerte y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la salud de las personas migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción, como son los menores de edad y otras personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La muerte de ambos menores se dio en el contexto del Éxodo Migrante que inició desde el mes de octubre de 2018, en el que miles de centroamericanos (hondureños, guatemaltecos y salvadoreños) cruzaron la línea fronteriza del sur de México, atravesaron el país y se instalaron en la frontera con Estados Unidos con el propósito de entrar a ese país huyendo de la pobreza o para solicitar asilo debido a la violencia que amenaza sus vidas en sus lugares de origen.

Fue el 8 de diciembre cuando falleció la niña guatemalteca Jackeline Caal Maquin, que había sido aprehendida junto con su padre por autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras se desplazaban por una zona desértica en Nuevo México.

De acuerdo a la información publicada por medios de comunicación, la CIDH recuerda que la niña fue recibida inicialmente para registro en el puesto de Antelope Wells de la Patrulla Fronteriza. Según su padre y el oficial consular de Guatemala que acompaña el caso, durante el trayecto hasta Estados Unidos y al momento de su aprehensión, Jackeline no presentaba síntomas de enfermedad. Pero informaciones oficiales dan cuenta de que en el trayecto entre el puesto de registro y el puesto de Lordsburg, el padre informó a los agentes que la niña se estaba sintiendo mal y que estaba vomitando. Luego de ser trasladada en ambulancia aérea al Hospital Infantil Providence en El Paso, Texas, la niña sufrió un paro cardíaco a eso de las 11 horas del 7 de diciembre y fue reanimada por el equipo médico. Luego, también según informaciones oficiales, la niña presentaba al momento de su muerte hinchazón del cerebro e insuficiencia renal. Falleció a las 12:35 de la madrugada del 8 de diciembre.

En cuanto a Felipe Gómez Alonzo, la CIDH dijo haber recibido información de su fallecimiento el 24 de diciembre, siendo éste el segundo caso de muertes de niños migrantes bajo custodia de las autoridades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en menos de tres semanas.

«De acuerdo con información de público conocimiento, el niño habría sido aprehendido el 18 de diciembre y llevado el jueves 20 de diciembre al puesto de El Paso. El lunes 24 de diciembre, habría comenzado a presentar síntomas de enfermedad. Al ser llevado al Hospital Gerald Champion, el niño habría sido diagnosticado con una gripe común. Habría permanecido en observación por menos de un par de horas y posteriormente habría sido dado de alta con una prescripción de medicamentos. Ese mismo día en horas de la tarde, el niño habría sido reingresado al hospital y falleció poco antes de la medianoche», relató la CIDH.

La Comisión reiteró que, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, los Estados Unidos de América tienen la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos y, en sus zonas fronterizas, las autoridades estatales tienen el deber de suministrar asistencia inmediata a las personas migrantes y solicitantes de asilo, en particular asistencia médica, agua y alimentación adecuada, vestido, mantas, utensilios sanitarios y la oportunidad de descansar.

«En el contexto de operativos de interceptación y control migratorio en fronteras internacionales, las autoridades estatales tienen el deber de realizar exámenes médicos y de salud a las personas migrantes y solicitantes de asilo como una cuestión prioritaria. Esto requiere que haya personal médico competente presente en los lugares donde las personas migrantes y solicitantes de asilo son interceptadas o aprehendidas, a efectos de que puedan examinar a estas personas y referirlas para atención médica adicional, incluyendo salud mental, siempre que sea necesario».

Si bien la CIDH tomó nota de las medidas anunciadas el 26 de diciembre por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, tras la muerte de Jackeline y Felipe (realización de exámenes médicos a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren actualmente en detención migratoria, búsqueda de alojamiento fuera de los centros de detención y revisión general de los protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes en la frontera), instó a los Estados Unidos a tener en cuenta lo establecido en su informe sobre “Movilidad Humana: Estándares Interamericanos” (2016), el informe “Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados” (2015), la Opinión Consultiva nº 21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración, así como en los “Principios y Directrices Recomendadas por las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Fronteras Internacionales” (2014).

La CIDH también hizo énfasis en que «los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños que se encuentran junto a sus padres, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de sus padres, para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia (…) Los Estados pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño.

Al respecto, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez, expresó que: “La trágica muerte de Jackeline y Felipe son un llamado urgente a la acción para poner fin a la detención de niños, niñas y adolescentes por razones migratorias. La detención migratoria de niñas y niños nunca responde al principio del interés superior del niño y es contraria a las normas del derecho internacional. Estos dos casos demuestran porqué es necesario que acabemos con la detención migratoria de niños”. Y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, sostuvo: “La muerte de estos dos niños ponen de manifiesto, una vez más, los riesgos que tiene para el bienestar de los niños el uso de la detención migratoria. Es importante que seamos conscientes que muchas de las niñas y niños que llegan a la frontera de los Estados Unidos vienen huyendo de situaciones de violencia, desigualdad y discriminación en sus países, así como de enfrentar otras múltiples formas de violencia y trauma en su recorrido migratorio. Esto necesariamente implica que los Estados deben adoptar medidas especiales de protección y de asistencia individualizada, lo cual en la práctica se traduce en medidas tales como garantizar asistencia médica inmediata a niños y niñas que son aprehendidos en fronteras”.

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Foto de portada: Lourdes Medrano / Court House News.