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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 8 de marzo de 2022
A través de una misiva enviada la víspera de este #8M, Día Internacional de la Mujer, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) pidieron al gobernador de Guanajuato, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, evitar acciones que pongan en riesgo a las participantes en las manifestaciones que se realicen el día de hoy en ese estado.
Le solicitaron establecer una coordinación con autoridades federales y municipales para acordar y activar medidas preventivas y de protección para las manifestantes, feministas y defensoras de derechos humanos, toda vez que, además de la actuación de los cuerpos de seguridad y de grupos del crimen organizado, les preocupa el rol de actores particulares que desde posiciones conservadoras y antiderechos utilizan el clima de violencia imperante para expresar de forma violenta y difamatoria su rechazo a la ocupación del espacio público por parte de las mujeres.
A continuación el documento íntegro:
Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato.
Presente.
Por medio de la presente reciba un cordial saludo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El motivo de nuestra comunicación es reiterar nuestro exhorto al respeto a los derechos a la protesta y la manifestación de mujeres y niñas en el marco de las distintas manifestaciones y movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo en distintos estados y municipios de la República Mexicana, así como en la Ciudad de México.
Conforme al registro de agresiones que realizamos en la RNDDHM y la IM-Defensoras hemos venido observando que, en torno a las manifestaciones y fechas emblemáticas para los derechos de las mujeres se reiteran violaciones a derechos humanos que han implicado: acciones de represión, hostigamiento, intimidación, vigilancia policial e intervención de agentes delincuenciales (infiltrados) que actúan en contra de las participantes en manifestación pública. Igualmente, los procesos de criminalización son un elemento destacable de las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres en estos contextos. Así, las manifestantes han enfrentado la apertura de investigaciones en su contra, detenciones arbitrarias, la ejecución de cateos en sus domicilios y la emisión de órdenes de presentación ante autoridades penales, entre otras.
De manera especial nos preocupa la seguridad e integridad de las mujeres y defensoras de derechos humanos que se estarán manifestando en los estados de: Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Sonora, Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Durango, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Michoacán. Estas agresiones han llegado a vulnerar gravemente la integridad personal e incluso supusieron el asesinato de la joven feminista Marisol Cuadras en Sonora en noviembre del 2021.[1]
Además de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos del crimen organizado, nos preocupa el rol que juegan actores particulares que desde posiciones conservadoras y antiderechos y utilizando el clima de violencia imperante en el país expresan de forma violenta y difamatoria su rechazo a la ocupación del espacio público por parte de las mujeres que se manifiestan.
La protección a la que el Estado mexicano y cada una de sus entidades federativas están obligadas incluye evitar el uso excesivo de la fuerza pública y cualquier medida que constituya una violación a derechos humanos como son el empleo del gas pimienta, los encapsulamientos por largo período, las restricciones de movilidad y libre tránsito, entre otras.
Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que “(…) los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público”, y que “(…) al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas”.
En este sentido personas expertas de Naciones Unidas, en un llamado realizado al Estado mexicano sobre la actuación policial en estos contextos, señalaron que “la violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas”.
En razón de lo anterior las organizaciones que suscribimos hacemos un llamado al Gobierno que encabeza para que en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en coordinación con la Federación y las entidades municipales del estado se acuerden y activen medidas preventivas y de protección para evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad y la integridad de las manifestantes, feministas y defensoras de derechos humanos.
En espera de la respuesta a esta solicitud, agradecemos la atención brindada a la presente comunicación, enfatizando nuestra preocupación por la protección de los derechos humanos de las defensoras de derechos humanos y periodistas.
Imágenes de portada e interiores: Manifestación del #8M en la ciudad de Guanajuato capital en 2020. | Fotos: Martha Camacho / SomosMass99 / Archivo.
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