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Argentina / Martes 15 de noviembre de 2022
Mujeres y sus menores hijos fueron detenidos y encerrados de forma “ilegal” tras un desalojo violento producido hace más de un mes en contra de la comunidad que habitaban.
Organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictar medidas cautelares en favor de mujeres mapuche y sus hijos detenidos desde hace más de un mes.
Son cuatro las mujeres mapuche que actualmente están encerradas de forma “ilegal” junto a once niñas y niños por exigir respeto por sus derechos “territoriales y culturales”, indican las organizaciones.
La detención de estas personas se produjo el 4 de octubre como parte del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ubicada en la localidad de Villa Mascardi, provincia de Río Negro.
La comunidad, que reivindica dicho territorio como suyo, mantenía una disputa por la tierra que estaba siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes de las que generaron el allanamiento.
Sin embargo, con el operativo se destruyeron también sus viviendas, bienes y elementos de prácticas culturales que mantenían en el lugar.
Después del operativo, la jueza procesó a las 4 mujeres mapuche: a la machi Betiana Ayelén, a Romina Rosas, quien debió parir con custodia policial, a Luciana Jaramillo y a María Celeste Ardaiz Guenumil.
“Todas ellas están actualmente encerradas junto a sus hijos en el Centro Mapuche de Bariloche”, señalan las organizaciones a quienes preocupa especialmente la salud de los menores.
Según afirman, los niños han empezado a presentar enfermedades respiratorias producto de la aspiración del gas y el frío que pasaron el día del operativo, además de desequilibrios físicos y emocionales por estar fuera de su tierra.
A las organizaciones también les preocupa particularmente la situación de la machi Betiana Ayelén, quien actualmente es la única médica y sanadora del pueblo Mapuche en Argentina.
“Es una de las máximas autoridades espirituales mapuche e integra el sistema de salud tradicional de este pueblo”, por lo que piden priorizar su revinculación con su territorio, junto a los menores.
El pedido es firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),
Así como por la Asociación Civil Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, y la Asociación de Mujeres Abogadas Indígena.
Además del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Ezequiel G. Palavecino, Andrea Reile, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Foto: Pepe Mateos. / Télam.
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