SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 24 de febrero de 2023
«El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia».
– Carlos Marx. Contribución a la crítica de la economía política (prólogo).
Históricamente, en toda sociedad de clases la clase dominante, especialmente su sector hegemónico, crea una superestructura social, política, judicial, represiva y espiritual que le permite mantener y reproducir las condiciones que sustentan su dominio sobre el resto de la sociedad.
La sociedad capitalista, cuya principal característica es la desigualdad, ha creado e impuesto a gran parte de la población una concepción filosófica del mundo, la historia y la realidad, que justifica y promueve las condiciones mediante las cuales una clase, la burguesía, y su estrato hegemónico, la oligarquía, ejercen su dominio.
Tal dominio, no sin contradicciones, generalmente se ejerce desde el Estado y se soporta fundamentalmente en leyes, los sistemas político y educativo, las cúpulas religiosas, medios de comunicación y aparatos represivos (ejército, policía, etc.).
En nuestro país, a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946 – 1952) la oligarquía retomó la ofensiva contra los trabajadores, y en general contra el pueblo, para neutralizar y hacer retroceder los avances logrados durante el cardenismo, iniciando una etapa marcada por la represión a trabajadores, campesinos, pueblos originarios, estudiantes y movimientos sociales, etapa que se caracterizó por un feroz anticomunismo.
En la legalización y legitimación de esa represión ─en defensa de los intereses de la oligarquía─ desempeñó un papel importante el poder judicial, que desde entonces, emulando la etapa porfirista, se alineó con la clase dominante.
Con el advenimiento del neoliberalismo y la globalización, un intento del sistema por salir de la profunda crisis estructural ─que no ha logrado─, el poder judicial avaló reformas contrarias al espíritu de la Constitución y a los intereses nacionales, y se convirtió en pieza clave para legalizar y legitimar los atracos y despojos de que han sido víctimas los trabajadores, campesinos, los pueblos originarios y la nación.
Los gobiernos neoliberales, previendo la pérdida del gobierno de la república, crearon una serie de organismos «autónomos» y plagaron de corrupción al poder judicial con la finalidad de preservar las condiciones jurídicas que hicieron posibles tales atracos y despojos.
La corrupción en el poder judicial ha impedido recuperar los bienes y riquezas nacionales que las administraciones neoliberales transfirieron, en condiciones más que ventajosas, a capitales privados locales y extranjeros. También ha permitido que no pocos políticos corruptos y hasta personajes del crimen organizado evadan la justicia y gocen de riquezas cuya procedencia son del todo ilícitas.
Lo que es más grave aún, ese sector corrupto del poder judicial obstaculiza los intentos por transformar leyes, instituciones y conductas, así como los proyectos que buscan reducir la desigualdad y beneficiar a la población más necesitada y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Un sistema judicial corrupto, defensor de la oligarquía, los neoliberales y del anterior orden, por sus acciones se convierte en enemigo del pueblo. Y este pueblo, en ejercicio de su soberanía, tiene todo el derecho de cambiar lo que necesite ser cambiado para hacer de nuestro país un mejor lugar donde vivir.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: SomosMass99.
Comparte en Facebook
Twittéalo
