Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Jueves 30 de julio de 2015
El 22 de julio de 2015, 34 integrantes del ejido de Ayotitlán, y uno de sus defensores, Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, fueron detenidos arbitrariamente en un operativo encabezado por el Procurador General de Justicia del Estado de Colima, y actualmente enfrentan cargos por delitos fabricados que pueden alcanzar al menos 40 años de prisión, así lo denunciaron la Comunidad Nahua de Ayotitlán, Instituto de Derecho Ambiental y la Coordinadora nacional Agua para Todos.
- El amparo obtenido deja sin efecto las concesiones mineras, agua y descargas y autorización ambiental a la empresa Peña Colorado.
Las agrupaciones exigen la liberación de los 34 nahuas y del defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, así como el cumplimiento inmediato y total de la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, del amparo 462/2013 que suspende los efectos de las concesiones mineras, agua y descargas y autorización ambiental a la empresa Peña Colorado en los terrenos de la comunidad, y garantiza el libre acceso de la comunidad a sus tierras.
Los hechos se dieron luego de que más de 500 ejidatarios y ejidatarias, llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra la empresa Peña Colorada. El objeto del recorrido era revisar el cumplimiento de la suspensión otorgada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco. La medida dictada suspende los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y permite a la comunidad el libre acceso a las 1,200 has, en las que existe un diferendo con la empresa.
- Los indígenas nahuas defienden su territorio que la minera busca apropiarse.
El conflicto con la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V.,
tiene ya varios años. Es por 192-00-00 has., que la empresa dice están sobrepuestas con su propiedad. En el 2013 la comunidad interpuso un amparo ante el juzgado referido para demandar el respeto de sus derechos de propiedad, posesión y disfrute de las 50,000 hectáreas que conforman su territorio.
El día de la detención la empresa en complicidad con el Gobierno del Estado de Colima instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el Procurador de Justicia del estado de Colima, en el que se agredió físicamente a los ahora presos y a otras personas integrantes de la comunidad, incluyendo a adultos mayores, niños, mujeres y jóvenes.
Cabe señalar que la Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán, se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el Municipio de Cuautitlán, Jal. Esta comunidad es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria de área natural protegida en sus tierras.
Ahora la Procuraduría del Estado de Colima está acusando a las personas detenidas por los delitos fabricados de “secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones”. No existen elementos para acreditar ninguno de estos delitos. La acusación más burda se refiere al delito de secuestro. La compañía y la empresa Peña Colorada sostienen que tres empleados de la empresa fueron secuestrados, por lo que pagaron un rescate por catorce millones de pesos al ejido. Sin embargo, la comunidad de Ayotitlán ha acreditado mediante un recibo de una transferencia bancaria, en el que la propia empresa señala que transfiere una cantidad de catorce millones de pesos por el pago de rentas atrasadas, en base a Convenios de ocupación temporal firmados con el comisariado ejidal en 1998 y el 2012. Los cargos de despojo tampoco se encuentran acreditados ya que la comunidad no privó a nadie de ninguna propiedad y se encontraba en sus propios terrenos. Tampoco existen señalamientos concretos en torno a las personas que supuestamente dañaron algunos bienes, o en torno al robo de cierto equipo de cámaras.
- En el operativo encabezado por el procurador de Justicia de Colima agredieron físicamente a los detenidos y a integrantes de la comunidad, incluyendo a adultos mayores, niños, mujeres y jóvenes.
Es decir, se trata de delitos fabricados, sin ningún sustento probatorio, dentro de la averiguación previa. Lo que sucedió fue un caso de detención arbitraria de defensores de sus derechos y de violencia y daños a la integridad física de toda la comunidad. Los daños a la integridad física han sido constatados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien visitó a los detenidos y se cercioró de las heridas que presentaban.
El día de hoy, el Juzgado Primero de lo Penal de la Ciudad de Colima, Colima, decidirá en torno al dictado de formal prisión o el auto de libertad a favor de las personas detenidas. De confirmar la detención y dictar formal presión, por la gravedad de los delitos que se les fabrican, los 34 nahuas y el abogado defensor corren el riesgo de permanecer en prisión, hasta que se resuelva el proceso, lo que puede durar años.
El proceso penal seguido en contra de los detenidos ha estado plagado de irregularidades. Se ha restringido el acceso a sus defensores y familiares, y se ha permitido el acceso a personas extrañas buscando manipular a los detenidos. Adicionalmente, el gobierno del Estado de Jalisco ha intervenido en el caso, buscando inicialmente apoyar a la comunidad. Sin embargo, en distintas declaraciones ha sido reportado un intento de sus funcionarios por ignorar la responsabilidad del Estado de Colima en estas violaciones de derechos humanos, y buscar la deslegitimación de la organización que defiende los derechos de la comunidad, tanto dentro de los procesos penales en su contra, como de sus derechos de propiedad. Este 29 de julio el Gobernador de Jalisco acudió a la comunidad de Ayotitlán y se comprometió a buscar la liberación de los detenidos.
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