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Edgar Cortez
Martes 5 de marzo de 2019
La política pública consiste en las acciones que realiza un gobierno para atender de la mejor forma posible un problema público. Estas políticas deben seguir un ciclo: diagnostico, planeación de las acciones, ejecución de las mismas y evaluación.
Desafortunadamente, en México las políticas públicas se caracterizan por la improvisación. Un ejemplo de esta improvisación es lo que está sucediendo con los albergues para proteger a mujeres víctimas de violencia.
El 22 de febrero la Secretaría de Salud anunció que suspendía la emisión de la convocatoria para asignar recursos a los refugios para mujeres víctimas de la violencia. La razón que se argumentó fue que se buscaría la manera de optimizar el uso de los recursos presupuestados, 346.4 millones de pesos.
Esta decisión desató fuertes críticas entre organizaciones civiles, particularmente aquellas que trabajan el tema y acompañan a las víctimas, lo que dio lugar a que la Secretaría de Salud finalmente publicara la convocatoria.
Posteriormente el jueves 28 de febrero Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la Presidencia, declaró que las mujeres víctimas de la violencia recibirían ayuda económica directa.
Finalmente López Obrador, en la conferencia matutina del 1 de marzo, reiteró la misma decisión y señaló que sería la Secretaria de Gobernación quien se haría cargo de esta tarea y no faltarían recursos.
Todas estas decisiones erráticas generan ambigüedad, falta de certeza y, peor aún, ponen en riesgo la seguridad y la vida de miles de mujeres.
La primera pregunta es cuál es el diagnostico que fundamenta estas decisiones. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, en el país 1.2 millones de mujeres fueron víctimas de violencia mientras que sólo funcionan 83 refugios para mujeres víctimas de esa violencia.
La mayoría de los refugios son atendidos y administrados por organizaciones civiles en razón que tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados han sido omisos con su tarea de proteger a las mujeres. Como en otros casos estos refugios son la respuesta civil frente a la omisión gubernamental.
Estos espacios seguros son una alternativa de protección y apoyo – médico, psicológico, jurídico, etcétera. En ocasiones la única opción ante la violencia que atenta en contra su integridad y su vida.
Frente a situaciones de violencia extrema, lo que se requiere es una suma de servicios que se interpongan entre el agresor y la víctima. Esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Por tanto cuando el gobierno plantea que entregará alguna cantidad de dinero a las mujeres víctimas de violencia parece no entender la naturaleza y gravedad del problema, pues de lo que se trata es de garantizar una sería de apoyos que deben estar articulados y ser accesibles.
Es muy probable que en algunos refugios existan problema de corrupción y eso haga necesario la rendición de cuentas y las sanciones que correspondan. Pero cancelar este servicio sin ofrecer una mejor alternativa es una mala decisión.
A un gobierno que se propone realizar una transformación se le tiene que exigir mejores opciones de política pública que las actualmente existentes. Y en este tema vemos lo contrario, una clara regresión.
Foto de portada: Sitio oficial de Andrés Manuiel López Obrador.
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