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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 31 de mayo de 2018
- La juzgadora estableció en su resolución que funcionarios públicos obstaculizaron la investigación
Al resolver una petición de amparo en favor de la víctima, una juez ordenó a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz «realizar una investigación sería, imparcial y efectiva por el delito de desaparición forzada del joven Víctor Álvarez Damián, informó este día la organización defensora de derechos humanos I(dh)eas. Litigio estratégico.
En la resolución 952/2017, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Veracruz instruye, además, a la fiscalía de ese estado utilizar todos los medios legales disponibles y orientar las investigaciones a la determinación de la verdad y a la persecución, captura y enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables de los hechos.
A la izquierda, Perla Damián Marcial, madre de Víctor Álvarez Damián. | Foto: I(dh)eas.
La determinación del juez señala: «Las líneas de investigación de desaparición de la persona mencionada deben establecer una línea de investigación en la que se establezcan patrones teniendo en cuenta el contexto en que acontecieron los hechos».
La desaparición de Víctor Álvarez Damián, ocurrida el 11 de diciembre de 2013, forma parte del caso Formando Hogar, colonia donde también fueron detenidos y desaparecidos otros cinco jóvenes presuntamente por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación y Secretaría de Marina «en operativos previamente coordinados en un pequeño espacio geográfico» de esa colonia.
I(dh)eas. Litigio estratégico, que acompaña a los familiares de las víctimas, ha dado a conocer que «escuadrones policiales y de las Fuerzas Armadas sembraron dolor y terror en más de seis familias, quienes hasta el momento buscan a sus hijos. Testigos aseguran haber visto vivos a los jóvenes en instalaciones policiales, pero por dar esta información han sido amenazados.
«La detención fue colectiva y programada, según los familiares quienes aseguran que los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los 10 jóvenes detenidos, de los cuales 6 están desaparecidos. Hasta el momento, ninguno de los casos ha sido investigado por la procuraduría estatal y/o federal».
Por ello, ante el juicio de amparo interpuesto por I(dh)eas, la juez también ordenó a la fiscalía veracruzana disponer todas las diligencias pertinentes para identificar los restos encontrados en aquellos lugares que la autoridad reconozca como fosas clandestinas, tanto en el estado de Veracruz como en el resto del país, y requerir la colaboración de las diversas procuradurías «para realizar una búsqueda e identificación exhaustiva atendiendo lo establecido por los estándares internacionales
«La juzgadora estableció que los servidores públicos que intervienen en la investigación obstaculizaron el fin primordial de dicha autoridad que es precisamente la investigación de los hechos ilícitos y pueden ser determinados también como responsables de la trasgresión a los derechos de integridad y libertad personal en perjuicio de Víctor Álvarez Damián».
I(dh)eas informó que, sin embargo, la juez declaró improcedentes las medidas cautelares dictadas por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, emitidas en favor de la víctima al considerar que no existe obligación legal de su acatamiento forzoso.
Por ello, la organización sostuvo, como ya lo ha hecho ante las autoridades mexicanas, que la ratificación de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU implica que se reconozca la competencia del Comité para recibir y considerar peticiones de acción urgente presentadas por toda persona que alegue ser víctima de desaparición forzada o sus representantes.
Como en tal sentido la Convención tiene carácter vinculante, I(dh)eas anunció que impugnará la decisión de la juez ante los tribunales con el fin de que el Poder Judicial fije una postura.
Recordó que hasta la fecha existe un estimado de dos mil 750 personas desaparecidas en Veracruz y que el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, cuenta con orden de aprehensión por su probable intervención en casos de desapariciones forzadas. Además, por el mismo delito, que ya fueron detenidas y sometidas a proceso tres ex funcionarios de la Fiscalía y, en febrero pasado, 19 policías estatales; el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto Hernández Meza.
Fotograma de portada: I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
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