Preocupación, advertencias y amenazas

SOMOSMASS99

Alfonso Díaz Rey*

Viernes 30 de agosto de 2024

La injerencia de gobiernos extranjeros, representantes del capital financiero, empresas transnacionales y organismos internacionales bajo el disfraz de «preocupación» por la democracia, en torno a la reforma del Poder Judicial, muestra que la verdadera preocupación es por la desarticulación de una red de complicidades que permiten a la oligarquía local y a la extranjera mantener las condiciones para continuar con el despojo a nuestra nación, llevadas al extremo por los gobiernos neoliberales.   

El hecho de que a esa «preocupación» se sume el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ─después que a través de su embajador lo hizo el Departamento de Estado─ evidencia la participación directa del gobierno y grupos de la oligarquía yanqui, pues bien se sabe que la mayoría de los miembros del Congreso estadounidense obedecen a quienes financian sus campañas electorales para llegar a las cámaras de representantes o de senadores y, por tanto, los intereses que defienden son los de sus amos.

Si ejercitamos un poco la memoria, al asumir la presidencia Ernesto Zedillo realizó una reforma judicial en la que, entre otras medidas, se redujo de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la firma de la iniciativa a la promulgación de las reformas ─a 20 artículos de la Constitución─ transcurrieron 26 días, incluido el «análisis» y «discusión» en ambas cámaras; todo ocurrió en diciembre de 1994, en el primer mes de su gobierno. Quedaba así un Poder Judicial instalado por el Ejecutivo, constituido en facción política al servicio de los neoliberales. 

Ante ese hecho, ni la oligarquía, los grandes medios, las cámaras patronales, las empresas transnacionales, los «intelectuales», los grandes bancos internacionales y los gobiernos extranjeros se preocuparon por la «democracia», una que, sabían, estaba alineada con los intereses de quienes ya estaban saqueando al país o se apuntaban para ello. Verían reforzada la «certeza jurídica» para su depredadora actuación.

Ahora, ante la realidad de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la alta probabilidad de conformarla en la Cámara de Senadores, surgen las preocupaciones por la democracia y por su «certeza jurídica», que no son más que por la prevalencia de un estado de cosas que permita a las oligarquías ─de aquí y de afuera─ continuar sin obstáculo alguno con la devastación de nuestro país y la explotación de nuestro pueblo.

La «preocupación» por la democracia, la justicia, los tratados comerciales y la inversión extranjera son una manera nada encubierta de proferir advertencias y amenazas cuya finalidad es tener el control político y económico de nuestro país, como lo tuvieron desde 1940 hasta 2018 ─incluidos sectores del Poder Judicial─, agudizándose tal situación durante los gobiernos neoliberales.

Ahora, en medio de una severa crisis estructural que coincide y en cierto modo cataliza el proceso de decadencia del capitalismo en su fase imperialista y los centros de ese poder pierden hegemonía, en busca de recuperarla han creado una tensa situación internacional y provocado conflictos de todo tipo en varias regiones del mundo.

Estados Unidos, como potencia imperialista y con la convicción y al amparo de las doctrinas Monroe y del Destino Manifiesto, está acostumbrado a intervenir en la vida interna de otros países ─sobre todo en Nuestra América, a la que considera su patio trasero─, al grado que el injerencismo y la violación de la soberanía de otros para ellos es algo normal, un derecho casi divino. De ello, por desgracia, existen muchos ejemplos en todo el mundo.

La importancia geoestratégica que nuestro país tiene para Estados Unidos lo lleva a intentar formas de control político y económico que nos mantengan subordinados a sus intereses y a disponer de nuestras riquezas naturales y la fuerza de trabajo de los mexicanos.

En otro ejercicio de memoria, recordemos que durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas amplios sectores del pueblo, organizados, actuaron en defensa de las medidas implementadas en su favor por esa administración, de manera relevante por la expropiación petrolera en 1938, la que, en un especial contexto histórico, fue una manifestación ejemplar de soberanía. 

Además, recordemos que el artículo 39 de nuestra Constitución, establece: «Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste».

Vaya desde este modesto espacio un respetuoso saludo y sincera felicitación a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por su consecuente actitud ante el injerencismo de la embajadora de Estados Unidos.

* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.

Foto de portada: Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, se dirige a miembros de la iniciativa privada de nuestro país en una reunión sostenida el 20 de agosto. | Foto: @USAmbMex Twitter.