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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 15 de diciembre de 2017
En medio de acusaciones de inconstitucionalidad, señalamientos de que otorga facultades a las Fuerzas Armadas para que se autogobiernen y advertencias de que agudizará la crisis de derechos humanos en el país, esta madrugada el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.
Layda Sansores, legisladora por Campeche.
Al cabo de más de 12 horas de discusión, entre la mayoría de legisladores que votaron a favor -71 del PRI, dos del PVEM y tres de los «rebeldes» panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y el guanajuatense Fernando Torres Graciano como colado- imperó el estribillo de que la nueva ley «no militariza» la seguridad pública y «no viola los derechos humanos». Prácticamente no hubo más argumento para convencer de las bondades de la iniciativa que ese reiterativo «no», si es que a eso se le puede llamar argumento.
De hecho todo estaba tan planchado que, acaso involuntariamente, en dos momentos la senadora Layda Sansores, del PT, se encargó de describir la situación. Primero pidió que se contara el número de legisladores presentes en el salón de plenos y que se suspendiera la sesión por falta de quórum, a lo que el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, socarronamente respondió afirmativamente y dio hora y media para hacer el recuento. Luego, ya en tribuna, cuando Cordero le pidió que acabara su intervención porque había excedido los cinco minutos permitidos, la legisladora le reviró: «Sí, pero ya que lo tienen decidido por lo menos tenemos derecho al pataleo».
Pero eso fue antes de los posicionamientos de las bancadas. La lista de oradores fue larga. 85 senadores y senadoras se apuntaron para argumentar el sentido de su voto. Y ahí empezaron los «no» y los reclamos de la oposición a la mayoría priista por no escuchar a la sociedad civil, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, académicos, universidades y personalidades que alertaron sobre los riesgos de la ley para el ejercicio de los derechos fundamentales, los problemas de inconstitucionalidad y la decisión de otorgarle a las autoridades castrenses facultades que las colocan por encima de las civiles.
El senador petista Fidel Demédicis Hidalgo, del estado de Morelos, empezó así su posicionamiento en contra de la ley: «Efectivamente, Zapata vive, la lucha sigue (…) Le hablo a mi pueblo y le digo de manera respetuosa: mexicanas y mexicanos de todas las condiciones sociales, ante este ataque artero de los conservadores, uníos. Derrotemos de una vez por todas al neoliberalismo rapaz y autoritario que ha empobrecido a nuestro pueblo y lo ha llevado al fondo del sufrimiento humano, y luchemos por instaurar el Estado social, democrático y de derecho que, estoy convencido, traerá la felicidad».
Fidel Demédicis Hidalgo, senador por el estado de Morelos.
Luego explicó: «Claro que aquí no se acepta pero estamos dando un debate ideológico. Por un lado, porque así se definen las categorías políticas, los conservadores, los que insisten en preservar sus privilegios a costa del dolor de nuestro pueblo. Y por otro, los liberales, los progresistas, los que orgullosamente impulsamos una corriente de izquierda y que no estamos dispuestos a permitir que nuestro pueblo se convierta en un pueblo de parias».
Miguel Barbosa, también del PT, dijo que el «Ejército es el heredero de los contingentes armados que se alzaron en contra del usurpador Victoriano Huerta, el asesino de Madero, de Pino Suárez, de Belisario Domínguez». Sostuvo que la aprobación de esta ley es en extremo peligrosa para la democracia, «fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos. Lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria. Afortunadamente a nadie engaña esta simulación, la sociedad perfectamente claro los riesgos y los motivos que la inspiran. Con todo respeto lo digo: con esta ley o sin ella, el Ejército no ganará esta guerra contra el narcotráfico». «Creo que, sin darse cuenta de los alcances de esta ley, ustedes están votando por la continuidad de una guerra».
El senador panista de Yucatán, Daniel Ávila, luego de reconocer la lealtad del Ejército a la República, se pronunció en contra de la ley al recordar que venimos de un régimen autoritario que durante años utilizó a las Fuerzas Armadas, «mismo que cometió actos arbitrarios en contra de varios movimientos sociales para mantener el poder del régimen», como el periodo de la guerra sucia, que se caracterizó por la represión militar y político hacia dichos grupos, la matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, El Halconazo de 1971 y la matanza de Acteal en 1997. Además, hay otros hechos que ponen en entredicho el proyecto de ley: la presencia militar dentro de la sociedad civil de 2000 a 2012 se fue posicionando con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el despliegue de operativos militares a partir de 2006 que generaron innumerables quejas por violaciones a los derechos humanos y, ya en este sexenio, las ejecuciones en Tlatlaya y la represión y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Miguel Barbosa, senador del Partido del Trabajo.
«Se señala aquí que es irresponsable decir que el fracaso (de las políticas de seguridad pública) se debe a las Fuerzas Armadas. Es igual de irresponsable decir que el éxito del combate a la inseguridad pública depende de las Fuerzas Armadas. Dicen también que las municipios se han arrodillado ante el crimen organizado. Por supuesto que se han arrodillado ante la falta de operación del gobierno federal». «Los militares a las calles o los militares a los cuarteles, dicen. No, señores, los militares a lo que las funciones que la Constitución le establecen. ¿Quieren mucho a las Fuerzas Armadas?, y las estamos exponiendo a que todo mundo las debilite como están debilitadas», dijo Adriana Dávila Fernández, del PAN, al argumentar en contra.
De última hora, desde Ginebra expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamaron al Senado para que no aprobara la Ley de Seguridad Interior porque lejos de regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, les da un protagonismo que derivaría en violaciones a los derechos humanos.
El dictamen “no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”, advirtieron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La ley establece, entre otros puntos, que el presidente de la República podrá convocar un estado de Seguridad Interior en un lugar determinado del país por un plazo de hasta un año, que podrá ser ampliado de forma indefinida si así lo determina el mando de las Fuerzas Armadas a cargo; faculta al Ejército para la tomar decisiones y dirigir a las instituciones civiles en las acciones que emprenda en los sitios determinados.
El priista Manuel Cavazos Lerma afirmó con vehemencia que la Ley de Seguridad Interior no es una panacea, no resuelve todos los problemas de seguridad. Es un instrumento específico, temporal, sujeto a requerimientos estrictos que da certerza jurídica. No militariza el país y sí sienta las bases del regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. No es una ley para las Fuerzas Armadas, sino para evitar los riesgos para la seguridad interior. Esta ley no es inconstitucional porque la seguridad interior es parte de la seguridad nacional y la constitución faculta al Congreso de la Unión a legislar en la materia. Esta ley respeta los derechos humanos por su compatibilidad con la Constitución. No hay sumisión de las autoridades civiles a las militares, porque su relación con las instituciones locales es de coordinación, «no de sumisión». Y «los que hablan de botas no son capaces de ver su embotamiento mental».
Más que razonar su voto, el senador panista por Puebla, Javier Lozano Alarcón, calificó a los legisladores que se oponen a la Ley de Seguridad Interior de ignorantes, los acusó de ni siquiera haber leído el dictamen y, para terminar, apuntó contra sus compañeros de bancada porque supuestamente, por órdenes del ahora aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, ni siquiera le permitieron integrarse a las comisiones unidas donde se recibió la minuta de ley. Mejor, dijo, lo mandaron a la comisión de agricultura para «tratar con puros güeyes».
Javier Lozano Alarcón, senador del PAN.
«Las Fuerzas Armadas no están pidiendo un amparo para ir a hacer lo que quieran a cualquier parte del país», sino «reclamando un lugar en nuestro sistema constitucional», dijo en su turno otro de los panistas «rebeldes», Roberto Gil Zuarth.
Imagen de portada: Protesta ciudadana contra la Ley de Seguridad Interior. | Foto: Ruido en la Red.
Fotos de interiores: Senado de la República.
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