SOMOSMASS99
David Bacon* / SomosMass99
Estados Unidos / Lunes 13 de noviembre de 2023
A medida que aumenta la edad de la población estadounidense -y millones de personas con discapacidades, necesidades adicionales y niños necesitan cuidados-, también lo hace la insaciable demanda del país de asistencia sanitaria a domicilio y trabajadoras del hogar. Pero años de escasa inversión en el sector y la infravaloración crónica de la importante labor que realizan de forma desproporcionada las mujeres de color (sobre todo las de origen inmigrante) han dejado al sector en una situación peligrosa.
Es una situación que tiene una historia profunda y vergonzosa, enraizada en el hecho de que las mujeres afroamericanas esclavizadas se vieron obligadas a proporcionar cuidados domésticos no remunerados a las familias blancas durante el periodo de esclavitud humana que funcionó en Estados Unidos desde su fundación en 1776 hasta 1865. Tras la abolición de la esclavitud, los bajos salarios y las deficientes condiciones del trabajo doméstico se mantuvieron gracias a una serie de leyes violentas y racistas conocidas como «Jim Crow».
En este contexto, cuando se aprobó en el Congreso de EE.UU. en 1935, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, se reconoció los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del sector privado estadounidense y se estableció un proceso para exigir a los empresarios que negociaran con sus sindicatos. Sin embargo, la ley tuvo un precio político. Los senadores y congresistas racistas del Partido Demócrata (conocidos como Dixiecrats, o los «Dixie», porque todos eran del sur de EE.UU.) exigieron exclusiones. Las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres afroamericanas, no estarían cubiertas. Tampoco los trabajadores agrícolas, en su mayoría inmigrantes mexicanos y filipinos en aquella época.
La Ley de Normas Laborales Justas, aprobada tres años más tarde, otorgó a los trabajadores del sector privado el derecho a cobrar las horas extras y el salario mínimo. Una vez más, las empleadas domésticas y los trabajadores agrícolas quedaron fuera, por insistencia de los Dixiecrats. No es casualidad, por tanto, que los derechos laborales y los salarios de ambos grupos se mantuvieran muy por debajo de los de otros trabajadores en las décadas siguientes. Sin embargo, a pesar de la exclusión, los trabajadores agrícolas siguieron organizándose. Y en las últimas décadas, las trabajadoras del hogar también han intentado acabar con su exclusión.
Organizarse a escala local, nacional y mundial
En California y otros estados, el aumento del activismo acompañó al incremento de trabajadoras inmigrantes en la mano de obra doméstica. Según la historiadora del trabajo Jennifer Guglielmo: «En las décadas de 1970 y 1980, la mano de obra doméstica empezó a cambiar drásticamente. Un gran número de mujeres afroamericanas dejaron de trabajar en el servicio doméstico y pasaron a ocupar puestos administrativos, comerciales, en el sector público y profesional. Las mujeres mexicano-americanas del suroeste también dejaron el trabajo doméstico por estos empleos […]. Este cambio llevó a los empresarios a contratar a un mayor número de mujeres inmigrantes de América Latina, el Caribe y Asia». Esta oleada migratoria fue en parte producto del desplazamiento de familias y comunidades en países obligados a adoptar políticas neoliberales de ajuste estructural y acuerdos de libre comercio.
Una de ellas, Cristina «Ate Bingbing», recuerda: «Mi vida empezó como empleada doméstica cuando decidí trabajar en el extranjero porque mi vida era muy difícil en Filipinas». Cuenta que tuvo que trabajar a pesar del riesgo de Covid durante la pandemia. «Me veo obligada a elegir entre dos cosas muy importantes: tu sustento o tu salud. Soy madre soltera y mantengo a mi hija, a la que no veo desde hace años, desde que decidí dejar Filipinas para buscar trabajo en el extranjero. Si me pasa algo aquí, no tengo ni idea de qué será de mi familia ni de cuándo volveré a ver a mi hija».
En la década de 1990, las trabajadoras domésticas inmigrantes de los centros urbanos empezaron a organizar centros comunitarios de trabajadoras. Mujeres Unidas y Activas de San Francisco empezó como un proyecto de la Coalición del Norte de California por los Derechos de los Inmigrantes, por ejemplo, mientras que la Colectiva de Mujeres era originalmente un centro de mujeres dentro del Programa de Jornaleros patrocinado por la ciudad. A principios de la década de 2000 se unieron, primero con organizaciones de la zona de la bahía, como Filipinos por la Acción Afirmativa, y después con organizaciones del sur de California, como la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles y el Centro de Trabajadores Filipinos, para formar una red estatal. Este proceso fue paralelo a otros en Nueva York y otros estados. En 2007, cinco organizaciones de California se unieron a seis de Nueva York y a una de Maryland para formar la Coalición Nacional de Trabajadoras del Hogar.
Pocos años después, desempeñó un papel clave en la adopción de una norma laboral internacional histórica para las trabajadoras domésticas en 2011, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos, que les reconocía por primera vez el derecho a unas normas laborales mínimas. Tras una campaña de una alianza de sindicatos y organizaciones de trabajadoras domésticas, el C189 ha sido ratificado desde entonces por 36 países. Estados Unidos, sin embargo, no está entre ellos.
Cuando la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California incluyó una Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas en la agenda de la legislatura estatal en 2012, el entonces presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, reconoció la justicia histórica de sus demandas. «No es justo que las trabajadoras domésticas queden excluidas de las leyes de pago de horas extra», dijo a una multitud en Washington DC. «Es hora de que eso termine. No es justo que las trabajadoras domésticas estén excluidas de las leyes de negociación colectiva. Es hora de que esto termine. Los derechos de las trabajadoras domésticas son derechos civiles. Los derechos de las trabajadoras domésticas son derechos humanos».
Trumka respondió a las historias que estaba escuchando de las trabajadoras que habían venido a presionar por la promesa de equidad racial y laboral del proyecto de ley. Teresita Gao-Ay, una trabajadora doméstica de San Diego, le contó que había sido cuidadora desde 1986, trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche. «Tenía que hacer de todo, desde cocinar, limpiar toda la casa, la colada que había que planchar y doblar, sábanas incluidas, jardinería y cuidar del perro. Y tenía que hacerlo por toda la familia, no sólo por el cliente al que cuidaba. Pero, ¿cómo decir que no? Vivía en su casa. Además, dijeron que llamarían a la policía si no hacía lo que me pedían. Luego, cuando me lesioné en el trabajo, nadie me pagó los días que tuve que ausentarme para recuperarme».
«Las cuidadoras merecen ganarse la vida decentemente»
La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto la difícil situación de las cuidadoras en todo el mundo, pero en Estados Unidos, donde los recursos del sector asistencial ya eran escasos, la situación ha empeorado como consecuencia de que miles de cuidadoras experimentadas han abandonado el sector o han perdido la vida tras contraer Covid. Según la AFL-CIO, «los precios de los cuidados también se han disparado, poniendo a prueba a las familias trabajadoras y obligándolas a gastar una parte importante de sus ingresos en servicios».
Cuando el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en abril de este año, con la que pretendía utilizar el poder administrativo del gobierno federal para aumentar los salarios de las trabajadoras domésticas, de atención domiciliaria y de cuidado infantil y hacer más asequible la atención que prestan a las familias trabajadoras, reconoció implícitamente la injusticia histórica. «Las cuidadoras merecen ganarse la vida decentemente, y esa es una lucha que estoy dispuesto a librar», declaró. «Nadie debería tener que elegir entre cuidar a los padres que los criaron, a los hijos que dependen de ellos o el sueldo del que dependen para cuidar de ambos».
La orden ejecutiva contiene una serie de directivas dirigidas a diferentes partes del gobierno federal, que abarcan los programas que administran. Al Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, por ejemplo, se le pidió que estudiara medidas para reducir o eliminar los copagos de las familias por el cuidado de los niños. A otros organismos se les pidió que determinaran cuáles de sus programas de subvenciones pueden financiar el cuidado de los niños y la atención a largo plazo de las personas que trabajan en proyectos federales. La orden pide que se aumente el sueldo de los profesores de Head Start y de los cuidadores de niños. Head Start es el principal programa financiado con fondos federales y estatales de educación infantil, para niños en edad preescolar.
La orden pretende garantizar que haya suficientes cuidadoras a domicilio para atender a las personas mayores y discapacitadas inscritas en Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria gratuita o de bajo coste a familias y personas con bajos ingresos. Propone establecer unas normas mínimas de dotación de personal para las residencias de ancianos, así como condicionar una parte de los pagos de Medicare a lo bien que una residencia de ancianos retenga a los trabajadores. «Será la primera vez que tengamos una norma de cuidados», explica Mia Dell, subdirectora de defensa de la AFL-CIO.
Este avance también se alinea con las demandas del movimiento sindical internacional de una mayor inversión en cuidados para garantizar un acceso equitativo a una asistencia y unos servicios sanitarios públicos de calidad. «Avanza en el objetivo de equidad social de la orden ejecutiva, porque las residencias de ancianos con peor historial son las que atienden a comunidades de color con bajos ingresos». La mejora de las normas de dotación de personal y de los salarios también beneficiaría a los trabajadores de color y a las mujeres que constituyen la mayor parte de esa mano de obra, otro componente de equidad de la orden, afirma Dell.
La declaración del presidente en la que anunciaba la orden ejecutiva destacaba las propuestas presupuestarias destinadas a impulsar estos objetivos. El Plan de Rescate Estadounidense, que proporcionaba financiación para superar el impacto de la pandemia, contenía más de 60.000 millones de dólares para cuestiones relacionadas con la atención sanitaria. La declaración de la administración atribuía a esa financiación el mérito de haber salvado el sistema de guarderías privadas del país. El presupuesto de Biden, si se aprueba, incluiría 150.000 millones de dólares en diez años para ampliar los servicios domiciliarios de Medicaid, y propone 600.000 millones de dólares en diez años para ampliar los programas de atención infantil y preescolar. Sin embargo, se enfrenta a una oposición republicana extrema en el Congreso.
Honorata Nono (izquierda) es una trabajadora doméstica y organizadora inmigrante filipina. Cuida a Michiko Uchida en su casa de San Francisco, California.
Exclusión histórica
Hoy en día, las consecuencias de la exclusión histórica de las trabajadoras domésticas son profundas. En 2022, el Economic Policy Institute (EPI) publicó un informe, el Domestic Workers Chartbook, que describe las condiciones básicas de vida y trabajo de los 2,2 millones de trabajadores domésticos que hay en Estados Unidos. Se prevé que ese número crezca rápidamente -más del triple que el empleo en otras ocupaciones- porque el envejecimiento de la población y de la mano de obra estadounidenses está aumentando el número de personas que necesitan cuidados.
El tamaño real de la mano de obra es probablemente mayor, según el EPI, porque muchas trabajadoras domésticas cobran de manera informal, por lo que es menos probable que declaren su empleo y sus ingresos. Además, más de un tercio de las trabajadoras domésticas son inmigrantes, muchas de los cuales carecen de estatus legal de inmigración, y muchas temen las consecuencias del contacto con las autoridades, incluida la participación en encuestas nacionales.
El bajo nivel salarial del trabajo doméstico refleja la estructura racista y sexista de la mano de obra estadounidense, donde las personas de color, los inmigrantes y las mujeres cobran menos que la media. La mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres negras, hispanas o asiático-americanas y de las islas del Pacífico. Más del 40% tienen más de 50 años. Según el EPI, «la trabajadora doméstica típica cobra 13,79 dólares por hora, incluidas horas extras, propinas y comisiones: un 36,6% menos que el trabajador no doméstico típico, que cobra 21,76 dólares. Los ingresos anuales de la trabajadora doméstica típica son sólo dos quintas partes de los de un trabajador típico de otra ocupación». Como resultado, «las trabajadoras domésticas tienen muchas más probabilidades que otros trabajadores de vivir en la pobreza», concluye el informe.
La dimensión humana de estas estadísticas fue descrita por Honor Nono, una trabajadora doméstica filipina de San Francisco. «El trabajo de un cuidador no es ninguna broma», dijo en una manifestación en 2016 en apoyo de la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos. Nono habló como miembro de la Asociación Filipina de Trabajadores e Inmigrantes, creada originalmente por Filipinos por la Acción Afirmativa. «Los clientes varían, pueden ser amables o antipáticos, felices o gruñones, difíciles o fáciles, incluso peligrosos. Puedes romperte la espalda, el cuello, los brazos o el hombro asistiendo a tus clientes, trasladándolos de la cama a la silla de ruedas o viceversa. Por eso decimos que el trabajo de cuidador es 3D:Difficult, dirty and Dangerous (Difícil, sucio y peligroso). Algunas cuidadoras no cobran el salario mínimo, ni indemnización laboral, ni horas extras».
Nono ha sido organizadora de otras cuidadoras. «Hacemos posible todo el resto del trabajo», dijo en la concentración, «y trabajamos no sólo con nuestras manos, sino con nuestros corazones, porque las personas a nuestro cuidado también merecen amor, respeto y dignidad. Siempre estamos en una batalla, física y emocional».
Reconstruir mejor
La aprobación de una Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas en California ha formado parte de una estrategia nacional para aprobar leyes similares en otros lugares. Hasta la fecha, diez estados y tres ciudades la han adoptado de alguna forma, y suelen incluir garantías de tiempo libre remunerado, horas extraordinarias, exigencia de acuerdos por escrito y protección contra la discriminación. En California, los primeros proyectos de ley proponían inicialmente garantías de ocho horas de sueño para los trabajadores internos, el derecho a utilizar las instalaciones de la cocina para preparar sus comidas, subsidios por enfermedad y vacaciones, aumentos por el coste de la vida y notificación previa de los despidos.
La Carta de Derechos final era más limitada, pero las reivindicaciones originales reflejan una amplia agenda de objetivos que las trabajadoras domésticas pretenden conseguir con el tiempo. En Seattle, por ejemplo, un proyecto de ley más reciente, aprobado el año pasado, somete a las trabajadoras domésticas a la ley estatal de salario mínimo y les da derecho al seguro de desempleo. Un Consejo de Normas para las Trabajadoras Domésticas, con representantes de las trabajadoras, los empleadores y la comunidad, formulará nuevas recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo.
Cuando el gobierno de Biden entró en funciones en enero de 2021, muchos de estos objetivos se incorporaron al proyecto de ley Build Back Better, que incluía muchos elementos de la Declaración de Derechos adoptada por varios estados. Otras partes de Build Back Better habrían hecho posible que los inmigrantes indocumentados, incluidos miles de trabajadoras domésticas, obtuvieran un estatus migratorio legal. Sin embargo, en las negociaciones con los demócratas conservadores, Build Back Better fue retirado de la agenda de los demócratas, y sólo se aprobó un proyecto de ley para financiar mejoras en las infraestructuras. Esto supuso un duro golpe para los trabajadores domésticos y los defensores de los derechos de los inmigrantes, entre muchos otros.
La inclusión de la agenda de las trabajadoras domésticas en Build Back Better, y luego la orden ejecutiva de abril, fueron el fruto de años de lucha contra su exclusión original de la legislación laboral básica. «La pandemia de Covid puso de manifiesto la urgencia de la necesidad y creó una oportunidad única para realizar reformas sistémicas», afirma Dell. «Poner la asistencia a disposición de todos los trabajadores se incluyó en Reconstruir Mejor. Cuando se eliminó y ya no pudimos aprobar esas reformas, la orden ejecutiva cobró sentido».
Sin embargo, es difícil cuantificar el impacto concreto de la orden ejecutiva, en términos del número de personas a las que permite acceder a la asistencia y de los cambios en la situación económica de los cuidadores. «Básicamente, la administración estaba tirando de todas las palancas que podía. En realidad, sólo hay un número limitado de palancas», afirma Dell.
Uno de los principales logros de la estrategia estatal fue la legislación de California, que otorgó a los sindicatos el derecho a negociar los salarios de unos 500.000 cuidadores a domicilio que atienden a personas que reciben ayudas del Programa estatal de Servicios de Apoyo a Domicilio. Dos sindicatos -el United Domestic Workers, afiliado local de la Federación Estadounidense de Trabajadores Estatales, Municipales y de Condados, organizado en 1977, y el Local 2015 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios- pudieron entonces negociar los salarios de los trabajadores condado por condado. Ello condujo a aumentos sustanciales, y más tarde se consiguió un sistema similar para los trabajadores de guarderías. En la actualidad, UDW representa a 98.000 trabajadores, y Local 2015 a unos 450.000. Sin embargo, el número de miembros reales del sindicato no está disponible públicamente.
Continúan los esfuerzos para aprobar una Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos, aunque esta vía está bloqueada si no cambia la correlación de fuerzas políticas en el Congreso. Además, en 2014 el Tribunal Supremo de EE.UU., dominado por la derecha, sostuvo que no se podía exigir a las trabajadoras del hogar que pagaran cuotas sindicales, y que en realidad no eran trabajadoras, sino «cuidadoras» que no entran en la legislación laboral y no pueden ser consideradas empleadas del Estado. Mientras tanto, prosiguen los esfuerzos estado por estado. Avanzan en los estados donde las trabajadoras domésticas y las cuidadoras están bien organizadas, y donde los demócratas progresistas tienen mayorías legislativas y gobernadores. «El modelo estatal nos ha permitido organizarnos a gran escala, pero no hay suficientes estados», advierte Dell.
Las elecciones de 2024 podrían cambiar ese cálculo, pero pase lo que pase, Dell afirma que los sindicatos seguirán luchando por un trabajo digno para las cuidadoras: «Debemos asegurarnos de que las trabajadoras cobren un salario digno, con acceso a prestaciones y la oportunidad de afiliarse a un sindicato».
Cada año, el 29 de octubre se celebra el Día Internacional de los Cuidados, como parte del llamamiento a una mayor inversión pública en una economía de los cuidados resistente e integradora. Para más información, puede visitar el portal en línea sobre cuidados de la Confederación Sindical Internacional.
* David Bacon es un periodista y fotógrafo que da cobertura a temas laborales, de inmigración e impacto de la economía global en los trabajadores. Es autor de varios libros, como Personas Ilegales: Cómo la Globalización crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes (Beacon Press, 2009); In the Fields of the North / En los Campos del Norte (University of California Press / El Colegio de la Frontera Norte, 2017); y More than a wall / Más que un muro.
Foto: David Bacon.
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