SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 18 de enero de 22017
- Greenpeace exige justicia y castigo a los responsables
«¿Qué tan fuerte era su voz, que tuvieron que silenciarla? ¿Qué tan firme era la convicción en su lucha que al no poder corromperla, la muerte fue la vía usada para disuadirla? ¿podrán los asesinatos de compañeras y compañeros defensores del medio ambiente acabar realmente con la defensa por la tierra, los bosques, el agua, el aire…? ¿hasta cuándo tendremos que seguir contando los casos de activistas asesinados?»
De ese modo lamenta la organización ambientalista Greenpeace la desaparición del ecologista Isidro Baldenegro López, indígena tarahunara asesinado el fin de semana al interior de la vivienda de un familiar en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, sitio al que, precisamente, había llegado para refugiarse. Muerte que ha causado indignación en México y el mundo, como la prestigiada Fundación Ambientalista Goldman que en 2005 lo premió por su labor en defensa de la tierra y que ahora lo recuerda por haber dedicado gran parte de su vida a defender los «bosques antiguos de la tala devastadora en una región desgarrada por la violencia, la corrupción y el narcotráfico».
La muerte de Baldenegro López se da, informa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en los momentos en que se anunció que los ejidatarios de Baqueachi recuperarían su territorio ancestral, pueblo rarámuri al que, en una sentencia firme e inatacable, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 5, le reconoció como dueño legítimo y verdadero de sus tierras.
- Foto: Fundación Goldman.
Greenpeace señala que «represión, amenazas, violencia, encarcelamiento y en algunos casos la muerte es el precio que han tenido que pagar muchos activistas sólo por oponerse a quienes se dedican a talar por negocio sus árboles», como ahora ocurre con Isidro Baldenegro. quien -junto con hermenegildo Rivas- fue detenido el 29 de marzo de 2003 por la Policía Judicial del Estado de Chihuahua y acusado de poseer marihuana y armas de uso exclusivo del ejército.
La organización Amnistía Internacional los declaró entonces presos de conciencia. Permanecieron en prisión hasta junio de 2004, cuando fueron liberados por falta de pruebas.
En abril de 2005, cuando recibió el Premio Goldman, el máximo galardón otorgado a defensores del medio ambiente en el mundo, demandó al gobierno mexicano atender las demandas de los indígenas, en lugar de criminalizar y detener campesinos.
«¿Lo escucharon? -pregunta Greenpeace-. Hoy los árboles en la sierra tienen un defensor menos. El movimiento ecologista del país tiene una lucha más que seguir, en memoria de Isidro. Lamentamos esta pérdida; lamentamos el vacío que deja en su familia, en sus amigos y en sus compañeros de lucha; lamentamos la violencia como forma de imponer los intereses de unos cuantos, y nos negamos a aceptar que la impunidad y la injusticia sean el sello final en este asesinato.
«Los impartidores de justicia deben hacer su trabajo: encontrar a los responsables de la muerte de Isidro y aplicar la ley. Los responsables del cuidado y conservación del medio ambiente, deben hacer el suyo: salvaguardar los recursos naturales y no dejar nuevamente esta defensa en manos de hombres y mujeres valientes, pero solos y solas en su lucha contra la delincuencia organizada, los intereses corporativos y el poder.
- Foto: Fundación Goldman.
«Si persiste la tala indiscriminada de los bosques en la sierra Tarahumara, si el territorio queda en manos de intereses depredadores, los asesinos de Isidro Baldenegro habrán ganado. El gobierno mexicano, las autoridades ambientales, deben poner el ojo en esta zona, garantizar su conservación y evitar represalias».
Cabe mencionar que el defensor rarámuri perdió la vida el mismo día en que se anunció que los ejidatarios del pueblo rarámuri de Baqueachi recuperarían su territorio ancestral tras una sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número cinco, en la se reconoce a la comunidad como dueña legítima y verdadera del territorio y restituyen los derechos del pueblo rarámuri. En ese caso, el abogado defensor Ernesto Rábago Martínez también fue asesinado, y la abogada Estela Ángeles Mondragón ha recibido amenazas durante el largo proceso de litigio.
«Los ojos de Isidro Baldenegro y de Ernesto Rábago se han cerrado. Greenpeace, a nombre de todos quienes trabajamos en favor del medio ambiente, agradece su lucha, reitera la indignación por sus asesinatos y exige justicia además de protección para la abogada Estela Ángeles Mondragón».
Por proteger uno de los ecosistemas más diversos del mundo
La Fundación Ambientalista Goldman también recuerda que Isidro Baldenegro fue encarcelado durante 15 meses por organizar protestas contra la tala ilegal en las montañas de Sierra Madre y por su trabajo para defender los bosques, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas. Era un agricultor de subsistencia y líder comunitario del pueblo indígena tarahumara de México en la Sierra Madre Occidental, cuya espectacular cordillera alberga uno de los ecosistemas más diversos del mundo, desde picos nevados hasta cuatro cañones separados, cada uno más profundo que el Gran Cañón de los Estados Unidos. Además de las aves migratorias neo-tropicales que invernan en la región, también es hábitat de 26 especies amenazadas o en peligro de extinción, entre ellas loros de caña gruesa, búho moteado, azor norteño, guacamaya militar, así como una gran variedad de peces nativos, reptiles y anfibios.
- Foto: Fundación Goldman.
Señala que en la región de los tarahumara, «uno de los grupos indígenas más grandes de norteamérica», tiene una larga historia de extracción de recursos, violencia y corrupción que amenaza tanto a los bosques como a las comunidades indígenas. Desde que los españoles invadieron México en busca de metales preciosos, los tarahumara y otros pueblos nativos han buscado refugio en los remotos valles montañosos. De modo que en los últimos años, las personas que se dedican a comercializar maderas y los ganaderos «buscan la madera y la tierra a cualquier costo, obligando a muchas personas a huir y destruyendo la gran mayoría de los antiguos bosques».
Según organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, dice la Fundación, «el área es controlada informalmente por jefes violentos del crimen local que ganaron poder lavando el dinero de la droga a través de la tala y la ganadería. El gobierno ha sido en gran medida insensible, lo que resulta en la impunidad regional. Trágicamente, Baldenegro era muy consciente de los graves riesgos que implica la defensa del bosque. De niño fue testigo de primera mano de la muerte de su padre, quien fue asesinado porque se opuso a la tala. Frente a estos graves riesgos y repetidas amenazas contra su vida, Baldenegro optó por permanecer y defender los bosques y tierras ancestrales que su comunidad ha habitado durante cientos de años».
En 1993, Baldenegro impulsó un movimiento no violento de resistencia de base para luchar contra la tala; obtuvo apoyo de organizaciones locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona. Al año siguiente movilizó un masivo bloqueo humano de la mayoría de las mujeres, cuyos esposos habían sido asesinados, lo que resultó en una orden especial del tribunal prohibiendo la tala en la zona.
Al cabo de 32 sentencias
Por su parte, el Centro Prodh dio cuenta de que el reconocimiento legal de las tierras, dotadas a la comunidad hace 89 años, llega tras 32 sentencias que restituyen los derechos del pueblo rarámuri. En este caso, el abogado defensor Ernesto Rábago Martínez también fue asesinado, y la abogada Estela Ángeles Mondragón ha recibido amenazas durante el largo proceso de litigio.
- Foto: Moysés Zúñiga / Cuartoscuro.
En la sentencia de Baqueachi, dictada el 30 de octubre de 2015, se condena a Luis Armando Olivas Muñoz “a que desocupe y entregue en favor del ejido Baqueachi, municipio de Carichí, Chihuahua, las superficies que detenta por encontrarse dentro de las tierras que pertenecen a la comunidad, toda vez que no tiene derecho a usufructuar tales terrenos cuya titularidad le corresponde a los Baquéachi”.
El pueblo rarámuri denuncia que los invasores llevan empobreciendo su tierra desde hace más de 80 años, puesto que su ganado ha ido acabando sus pastizales y su agua, por lo que se ha “fragilizado nuestra paz comunitaria”.
Foto de portada: Fundación Goldman.
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