Quidesa, más de 25 años de impunidad

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario /SomosMass99

Salamanca, Gto. / Jueves 5 de mayo de 2016

 

La de Químicos y Derivados S.A. (Quidesa) es una historia de más de 25 años de impunidad, desprecio por la ley y sobre todo indiferencia ante los posibles daños causados a la salud de los salmantinos por los tres depósitos a cielo abierto, en un sólo predio, de alrededor de 30 mil toneladas de desechos tóxicos en el Cerrito de la Cruz.

La inmunidad de la que han gozado los principales socios de la empresa tiene una particularidad: su estrecha relación con el Partido Acción Nacional (PAN) y el poder casi absoluto que esta organización política ha tenido en Guanajuato en estos cinco lustros, el cual se vio fortalecido durante los 12 años (2000-2012) que encabezó la presidencia de la República. Es decir, ese vínculo con el partido del que surgieron las autoridades estatales y federales encargadas de proteger el medio ambiente y garantizar la salud de las personas.

Quidesa apenas ha retirado 200 toneladas de residuos tóxicos, a pesar de que se comprometió a quitar mil 200 desde 2014.

Ninguna ley, política ambiental o cambio de partido en la administración federal ha sido suficiente para que el director general de Quidesa, Juan Manuel González García, y su socio Jorge Ignacio Luna Becerra se hagan cargo de los pasivos ambientales que a simple vista contaminan tierra, agua subterránea y aire. González García fue el primer presidente municipal del PAN en Salamanca en el periodo 1991-1993. Luna Becerra, también por el blanquiazul, fue primero diputado local en la LVIII Legislatura (2000-2003), luego alcalde salmantino de 2006 a 2009, secretario general interino del Congreso del Estado en 2011 y, hasta octubre de 2015, director general del Conalep. Pero ni como funcionarios o como empresarios han emprendido acciones para remediar en algo la degradación del entorno causada por su empresa desde por lo menos 1991, cuando la administración municipal, de González García era la encargada de dar los permisos en materia ecológica a la iniciativa privada.

Como si nada

La mañana del 10 de abril de 2013, ya con el PRI en la presidencia de la República, el entonces procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Francisco Moreno Merino, se presentó personalmente en Salamanca para clausurar Quidesa. Lo que  informó a la prensa fue que al realizar una auditoría se comprobó que la compañía fabricante de productos químicos especializados vertía a cielo abierto y de manera ilegal lodos tóxicos en el Cerrito de la Cruz. Se le impuso una multa de 750 mil pesos y la prohibición expresa de continuar operaciones hasta que no terminase de realizar las acciones de remediación del lugar.

A principios de 2014 Quidesa asumió el compromiso de retirar mil 200 toneladas de tóxicos en el primer semestre del año (de un total de 30 mil que se calcula depositó en más de 30 años), pero en julio apenas había retirado alrededor de 200 toneladas. Del nuevo destino de esos desechos nada se sabe, pero sí que la clausura de la empresa ha cedido poco a poco hasta llegar al momento actual en que no hay señales de que haya parado actividades.

En un recorrido que realizó SomosMass99 por los depósitos en el Cerrito de la Cruz, guiado por Fernando Baca Amador del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, el olor ácido es apenas soportable a pesar del tapabocas que se usa a manera de protección, los ojos se irritan y el suelo se percibe claramente blando en las plantas de los pies. La imagen no deja lugar a las dudas: hay desechos con toda su negrura todavía frescos, que revelan actividades muy recientes y que la empresa no ha dejado de verter sus lodos tóxicos en el sitio.

Al encontrar algunos restos de animales, Fernando Baca recuerda nuevamente a Fernando Rangel, un jovencito de apenas 14 años, que en 1998 perdió la vida al caer en el socavón cuando corría en su bicicleta.

Fernando Baca, uno de los vecinos preocupados y afectados por la contaminación.

Vecino de la colonia Humanista 1, a unos tres kilómetros del Cerrito de la Cruz, cuenta de aquellos días en que empezaron sus preocupaciones, hace ya casi 20 años, cuando se dio cuenta que sus hijos se enfermaban frecuentemente de las vías respiratorias, del estómago, de dolores de cabeza. “Trabajé muchos años en Pemex, estaba acostumbrado a los malos olores y creía que todo era normal. De joven hice todo lo que quería hacer, pero ahora lo único que tengo es a mi familia. Tengo que ver por ella”.

Él mismo, estima, es una de las víctimas de la contaminación de Quidesa. Porque a diferencia de varios de sus ex compañeros de trabajo, ha desarrollado más de diez tipos de alergias. Tiene que tratarse de manera permanente, acudir periódicamente al médico para que, como jubilado de Pemex, pueda recibir la vacuna que se aplica por cuenta propia y que le permite mantener la enfermedad bajo control.

A media noche

A escasos 300 metros de los desechos, en la comunidad de San José de Uluapa, vive José Luis Hernández Ramírez, también ex trabajador de Pemex. Relata que cuando se mudó hace unos años al predio que adquirió en Cerrito de la Cruz coincidentemente su esposa enfermó. Hace tres años se le diagnosticó cáncer y debe acudir frecuentemente al hospital de Pemex en la Ciudad de México para recibir tratamiento. ¿Por qué enfermó? No lo saben a ciencia cierta. “Al principio no sabíamos nada (de la contaminación de Quidesa), pero cuando veníamos a pasar los domingos mi familia se empezaba a enfermar de las vías respiratorias. Las flemas eran azules”.

La familia de José Luis Hernández Ramírez, otra más de las que han padecido los efectos de la contaminación.

Cuenta que hasta mediados de 2015, dos años después de la clausura de Quidesa, los depósitos “todavía se incendiaban, había fuego, y aún ahora ‘en el recodo’ se ve que sale humo. En las noches mejor ni salgo, pero los perros ladran cuando se oyen los camiones que vienen al socavón”.

Un poco más lejos vive Brenda Rocha. Cuenta que el agua que recibe en su casa es del pozo que abastece a la comunidad. Pero “sabe como a químicos, ya mejor nos lavamos con agua de garrafón porque sí está peligroso. Y de hecho nos hemos salido en la madrugada del olor que no se soporta, (el socavón) se prende con la lluvia, con el sol, con todo hace reacción. Sale la humareda. Cuando no, es puro olor, y si no, se prende. Sí, es muy feo todavía. Sé que había una clausura, pero sigue la pestilencia. Hace como dos semanas vinieron unas camionetas y pues no sabemos si vienen a taparle o a tirar más, porque luego luego empiezan los olores. Ese día nos tuvimos que ir en la madrugada. Mi marido dijo ‘mejor vámonos, nos vamos a morir nosotros o los niños. No se soportaba. Y los ojos se empiezan a poner llorosos”.

– ¿Han presentado denuncias?

– Sí, les hemos dicho que vengan a apagar pero no nos hacen caso. Por teléfono hemos denunciado a medio ambiente del municipio, a la policía les hemos pedido que vengan a apagar y no nos hacen caso.

Con cuatro años de residir en el lugar, Brenda Rocha dice sentir temor de que pueda enfermar de algo grave, que ha platicado con los vecinos y que dicen lo mismo, “que se quejan pero que ya ni les hacen caso. De hecho uno ya no quiere ni lavar porque hay como ceniza en la ropa, apesta”.

Producción que se cuenta por millones

El caso de Químicos y Derivados S.A. (Quidesa) no es distinto a otros en el país en que la impunidad es la constante. En una de sus pocas declaraciones, el 20 de mayo de 2015, Juan Manuel González García le dijo a la periodista Cuca Domínguez (http://periodicocorreo.com.mx/quidesa-a-un-paso-de-su-cierre-definitivo/) que la empresa se dirigía a su “cierre total” porque ya no contaba con recursos para sostener a la plantilla laboral, dos obreros y dos empleados administrativos, ni para pagar las multas de 750 mil y 75 mil pesos que le impuso Profepa. No obstante, se comprometía a cumplir con la remoción de los residuos peligrosos. Otro habitante de la comunidad, Juan Escoto, relata ahora a SomosMass99 que meses atrás fue testigo del arribo de maquinaria al predio. Emparejaron el camino de acceso “para simular que estaban sacando material tóxico; al otro día llegaron varias camionetas de la Profepa y no pasó nada. Fue como si alguien les hubiera avisado que iba a haber revisión”.

La acumulación de desechos tóxicos en el Cerrito de la Cruz ronda las tres décadas.

La acumulación de desechos tóxicos en el Cerrito de la Cruz data ya de tres décadas.

De acuerdo al sitio Find the company (http://fichas.findthecompany.com.mx/l/127035767/Productos-Quimicos-y-Derivados-S-A-de-C-V-en-Guadalupe-N-L), Quidesa está inscrita en el listado de la industria de fabricantes de productos químicos orgánicos industriales en Guadalupe, Nuevo León.

“Esta empresa privada (…) ha estado operando 47 años más que lo normal para una empresa en México (…) Tiene 33 empleados (estimado). Una empresa en Nuevo León tiene, en promedio, entre 5 y 21 empleados, o sea que Productos Químicos y Derivados, S.A. de C.V. tiene un poco más de empleados que el promedio”.

Esos datos parecen coincidir con la información que difunde Quidesa a través de su propio sitio web (http://www.quidesa.com.mx/index.html), que dista mucho de describirse como una empresa en proceso de quiebra. Dice ser “el principal productor y comercializador de aceites minerales blancos, petrolatos, sulfonatos y aceites técnicos en México desde hace mas de 40 años”, además de que se ha constituido como “el más importante proveedor local de este tipo de online pharmacy no prescription materiales para las industrias farmacéutica, metal mecánica, minería y cuidado personal.

“Con la construcción de nuestra planta en 1964 en Salamanca, Gto., en el llamado corredor industrial del Bajío nos ubicamos estratégicamente para llegar a cualquier destino de la República Mexicana en las condiciones óptimas de tiempo y competitividad”. Su “capacidad instalada de producción es de 2.32 millones de kilogramos mensuales y la de almacenamiento de materias primas y productos terminados de 4 millones de kilogramos. Actualmente nuestra producción mensual es de 1.69 millones de kilogramos”.

Presume de tener “distribuidores y representantes en las principales ciudades del país” y de que sus “clientes están localizados en toda la República Mexicana y estamos exportando parte de nuestra producción principalmente a los Estados Unidos y Latino América”. Sus productos son exclusivos y especializados, cuenta con una “amplia experiencia en la refinación de los aceites” que le permiten crear “soluciones a la medida para clientes específicos» y participa en segmentos industriales como el de películas y fibras especiales, explosivos, artículos para el hogar, alimentos y transformadores eléctricos.

La clausura de Quidesa hoy es solo un ordenamiento que no se cumplió.

“En Quidesa, creemos que no hay nada más natural que los Aceites Minerales Blancos y los Petrolatos. Nosotros comenzamos con Materias Primas que naturalmente se obtienen de la tierra y las purificamos hasta su estado final. Nuestros productos han sido un alivio para la gente desde que eran bebés y nosotros continuamos creciendo en nuestra innovación y desarrollo de nuevos y mejores productos para encajar en el mundo de hoy”.

“Siguen en rebeldía”

Es decir, su presente y futuro no podría ser más prometedor. Pero ahí están sus 30 mil toneladas de desechos tóxicos en el Cerrito de la Cruz, un cúmulo de denuncias en contra y los testimonios de vecinos que ayudan a matizar las contrastantes declaraciones de González García y la información de la página web de la empresa.

El 21 de noviembre de 2006, en sesión de pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro se aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para crear la Subcomisión sobre la Contaminación en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. Era el tiempo en que la degradación ambiental parecía haber provocado una crisis política. El acuerdo camaral fue promovido por el legislador panista Antonio Vega Corona, un salmantino especialista en análisis de la calidad del aire. Fue escrito en los siguientes términos:

“ÚNICO.- Se propone la creación de una Subcomisión en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que investigue los efectos a la salud causados por las elevadas concentraciones de contaminantes en aire, agua y suelo en la ciudad de Salamanca.

“La existencia de pasivos ambientales generados y confinados en las industrias paraestatales y privadas de la ciudad de Salamanca y sus alrededores, así como la opción para su adecuado manejo, el impacto que generan y el depósito de estos pasivos ambientales”.

Si Vega Corona fue el promovente, su compañero panista Marcos Salas Contreras fue quien presentó formalmente la propuesta. Lo hizo con la siguiente precisión: “Punto de acuerdo por el que se crea una Subcomisión que investigue el daño ecológico generado por las empresas Pemex, CFE y Tekchem en la ciudad de Salamanca, Guanajuato”. La redacción dejó a Quidesa y a cualquier otra empresa contaminante fuera de la investigación. Así, el 26 de marzo de 2007 Jorge Ignacio Luna Becerra, entonces alcalde, se reunió con los integrantes de la Subcomisión aparentemente sin tener que preocuparse de dar explicaciones de lo que pasaba con su empresa.

En cualquiera de los tres sitios de confinamiento se percibe un olor ácido. Es común ver zonas que se incendian.

Fernando Baca dice que en 2009 se supo que Profepa había investigado y comprobado que Quidesa tiraba lodos tóxicos en el Cerrito de la Cruz. Fue en 2010 cuando la asociación México Comunicación y Ambiente presentó una denuncia ante esa procuraduría. Su presidente, Carlos Álvarez, calculó que en ese entonces había 20 mil toneladas de tóxicos en el lugar. Acusó que seguían ingresando “cínicamente a tirar sus residuos” y que “estos empresarios irresponsables”, Jorge Ignacio Luna Becerra, Juan Manuel González y todos sus socios, a pesar de la normatividad, “no han querido, siguen en rebeldía ante la ley”.

El 9 de diciembre de 2011 Profepa sancionó económicamente por primera vez a Quidesa. En el último tercio de 2012, Fernando Baca Amador presentó otra denuncia que se integró al expediente PFPA/5.3/2C.28.5.1/00106-12. El 21 de diciembre, la directora general de Denuncias Ambientales de Profepa, Guadalupe Arminda García Coronel, le respondió que la delegación en Guanajuato “está realizando actuaciones en la que existe una resolución administrativa derivada de un procedimiento y al cual se le están verificando medidas impuestas en la resolución”, sin especificar cuáles eran éstas.

Al cabo de un mes, según nota de El Sol de Salamanca del 30 de enero de 2013, se cumplían por esas fechas 15 años de la primera denuncia por contaminación. El 19 de marzo, el presidente estatal del PVEM, Carlos Chacón, visitó Salamanca y constató que salía humo y aún fuego del confinamiento. Acompañado por Fernando Baca, el dirigente del Verde repitió contra Quidesa los calificativos de “empresa irresponsable”, pues confinaba a cielo abierto petrolatos que pueden causar la muerte de personas. “Aquí tenemos un foco verdaderamente peligroso para la salud de la gente que vive alrededor”. Insistía: “Hay una irresponsable empresa que se llama Quidesa que está procesando petrolatos y que viene y está tirando sus desechos aquí. Son desechos vivos, son desechos que pueden… con esa característica de estar vivos, provocar la muerte. Sí, a eso me refería, las dioxinas (…) son partículas que pueden viajar a lo mejor kilómetros y que son respiradas por cualquier persona”. Sucedió entonces que Carlos Chacón intentó sacar provecho político de las circunstancias, cosa que denunció Fernando Baca al señalar que le prometió la contratación de un laboratorio certificado para analizar los desechos, pero a condición de que se afiliara al PVEM. Baca Amador no aceptó, considera que el problema no debe politizarse. Carlos Chacón no volvió a pararse en el lugar.

Eran los avisos de lo que finalmente ocurriría el 10 de abril de ese año: el entonces titular de Profepa, Francisco Moreno Merino, visitó Salamanca y personalmente dirigió la diligencia de clausura y la notificación a Quidesa de una multa de 750 mil pesos por daños ecológicos.

Lo que debía ser una buena noticia para los salmantinos, se convirtió de inmediato casi en una pesadilla. Moreno Merino no se acababa de despedir del municipio, cuando el tiradero empezó a arder. Y no como en otras tantas ocasiones, sino que el fuego se prolongó por lo menos una semana. Fernando Baca envió el 19 de abril una queja a la Semarnat (que el 8 de mayo, por medio del oficio PFPA/5.3/2c.28.5,1, le contestó con el aviso de que se “determinó ordenar la clausura de la ‘indebida disposición final que la empresa Quidesa'») y tuvo que acudir al Instituto de Ecología del Estado, el mismo día, para denunciar que desde el 10 de ese mes “el tiradero tóxico industrial de Quidesa” estaba “prendido y está contaminando todo el sur de Salamanca”. Fue su último recurso, pues se había comunicado con el director de Protección Civil Municipal, quien le respondió que no podía hacer nada, que mejor se comunicara a Bomberos, donde le contestaron que “no tenían recursos para tratar esta contingencia”.

En ese contexto, el activista presentó el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. En audiencia realizada en San Miguel de Allende el 17 de agosto de 2013, relató que por el año de 1995 la empresa rentó o compró los terrenos de Cerrito de la Cruz que antes sirvieron para la extracción de tezontle y tepetate. Esos trabajos dejaron socavones de hasta 40 metros de profundidad que Quidesa utilizó para depositar sus desechos tóxicos. Frente a los reclamos de campesinos por los malos olores y el fuego que producían, los directivos les aseguraron que el material, después de quemarse, se convertiría en fertilizante. No tendrían de qué preocuparse, pues además se los regalarían para sembrar sus tierras. Hasta les construyeron una capilla y perforaron pozos para que se abastecieran de agua. El engaño estaba consumado.

Ante todas esas denuncias y la clausura, los directivos guardaron silencio. Fue hasta principios de 2014 que asumieron el compromiso de retirar mil 200 toneladas de tóxicos de un total de 30 mil, que ya para entonces se calculaba existían en el sitio. Esa tarea, dijeron, se realizaría durante el primer semestre el año. El delegado de Profepa, Jorge Isaac González Calderón, justificaba ante la prensa la falta de vigilancia para que la empresa cumpliera por la circunstancia de que contaba solamente con cinco inspectores para las industrias de todo el estado. El resultado fue el obvio: hasta julio, Quidesa apenas había retirado cerca de 200 toneladas, según reportes en ese mes de Mega Noticias de Salamanca.

El 20 de marzo de 2014, Fernando Baca Amador volvió a denunciar que no se llevaban a cabo acciones para solucionar el problema y que la empresa Sitrasa, encargada de retirar los lodos, sin ninguna vigilancia había sacado solamente dos tolvas diarias de residuos. No se sabía en qué nuevo lugar se confinaron, pero sí que vecinos de las comunidades El Cajón y Los Prietos aseguraban ser testigos de que fueron depositados en el río Temascatío. El 23 de abril -a un año y 13 días de la clausura de la empresa- Profepa le respondió (oficio PFPA/5.3/2C.28.5.1/, folio 04216) que el plazo para que “la empresa infractora” cumpliera con las medidas correctivas ordenadas (retiro de los desechos) venció el 31 de enero de ese año, y que había instaurado el procedimiento administrativo para sancionar las “conductas transgresoras desplegadas por la empresa denunciada”. También le informó que la encargada de dar seguimiento sería la delegación de la Profepa en Guanajuato, es decir, la dependencia bajo responsabilidad de Jorge Isaac González Calderón.

Los vecinos de esta comunidad se muestran temerosos de hablar sobre lo que realmente sucede en torno a la contaminación. Los han amenazado con quitarles apoyos.

Imparable

Así ha transcurrido el tiempo. Quidesa es uno más de los ejemplos de impunidad que laceran el país. No hay autoridad municipal, estatal o federal que la obligue a dejar de depositar sus desechos tóxicos en Cerrito de la Cruz y menos a remediar la zona. Al contrario. En la malla ciclónica del templo de San José luce un letrero de noviembre de 2010 en el que, a la letra, se lee: “El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato certifica a la comunidad de San José de Uluapa como comunidad saludable”. Los vecinos de los alrededores no quieren hablar abiertamente. Lo que dicen es que hay temor porque los delegados los amenazan con quitarles los apoyos de los programas sociales si hablan. En alguna ocasión que se les amenazó, añaden algunos, “ahí estaba Juan Manuel González”.