Periodismo Internacional Alternativo / 12 de noviembre de 2014
Monsanto, Dupont y Syngenta son parte de las diez empresas que manejan el 77 por ciento del mercado mundial de semillas y que lideran el lobby en los países de nuestra américa para avanzar en legislaciones que privaticen su producción, comercialización y uso. La organización CLOC-Vía Campesina presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en la que advierten sobre la violación a la soberanía alimentaria, puesta en jaque también por la profundización del extractivismo, agroindustria y concentración de tierras en el continente americano.
La principal advertencia de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) fue contra la privatización de las semillas. Señalaron que la estrategia actual de las corporaciones se basa en presiones y abusos sobre los gobiernos de Nuestra América para impulsar leyes y debates parlamentarios que se escudan tras el eufemismo de leyes de Protección de Obtenciones Vegetales.
Un caso paradigmático es el de Guatemala: la denominada Ley Monsanto nació como una obligatoriedad del gobierno por los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el 2005. En el capítulo 15, artículo 15.5, se pauta garantizar la existencia de un sistema de “protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual”, que debería ser asumido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No obstante, allí triunfó la protesta popular y la norma debió ser derogada.
Normas similares pujan en todo el territorio americano: en Argentina aguarda filtrarse en el tratamiento legislativo, en Chile fue derribada y en Costa Rica obtuvo su aprobación.
Es la batalla contra un gigante: el lobby empresarial cuenta con el aval de un mercado mundial de capitales en el cual las corporaciones multinacionales tienen como objetivo concentrar el mercado de alimentos bajo su control. “Se calcula que el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad es más grande que el mercado conjunto del petróleo y de la industria automotora”, señalaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
- La denuncia ante la CIDH señala que la agroindustria es “impulsada por las corporaciones transnacionales, basada en el uso de semillas transgénicas”, cuyo principal objetivo es el lucro.
Actualmente el 77 por ciento del mercado de semillas es controlado por diez empresas de las cuales el 47 por ciento es manejado por Monsanto, Dupont y Syngenta. A su vez, el 82 por ciento de esas semillas están patentadas: 79 por ciento de cultivos agrícolas, 17 por ciento de vegetales y flores y 4 por ciento a pastos y leguminosas forrajeras. Las patentes de semillas también permite a las corporaciones unificar los mercados semilleros y de agrotóxicos.
El proceso de privatización de las semillas se viene desarrollando a nivel global desde la década de 1960 a partir de un fuerte lobby de las empresas corporativas para establecer nuevas normativas globales. “La historia de la Union de Protección de Obtentores Vegetales (UPOV) muestra una expansión permanente y aparentemente sin límites de los derechos de las empresas semilleras junto a una reducción también permanente y sin límites de los derechos y libertades de agricultores y campesinos” denunció la organización campesina ante la CIDH.
El convenio original de la UPOV otorgaba derechos de propiedad solamente sobre las variedades que hubiesen sido desarrolladas por quien solicitaba la privatización y no establecía sanciones específicas. Con las modificaciones de 1972, 1978 y 1991 la UPOV concede actualmente propiedad sobre variedades “descubiertas” y “otorga derechos monopólicos sobre la producción, comercialización, importación además de autorizar a las empresas la solicitud de confiscación de cultivos, plantaciones, cosechas y productos derivados de la cosecha” e incluso prevé sanciones penales.
En América Latina quienes aplican el UPOV 91 son Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú. Pero son miembros Colombia, Chile, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Dominicana, Trinidad y Tobago.
Extractivismo, agroindustria y concentración de tierras
- El 77 por ciento del mercado de semillas es controlado por diez empresas de las cuales el 47 por ciento está bajo control de Monsanto, Dupont y Syngenta
En el documento presentado ante la OEA, la Vía Campesina define a la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Advierten su riesgo en la región no sólo por el avance de la privatización de semillas, sino también por la exacerbación del extractivismo, de la agroindustria y acaparamiento y concentración de tierras.
– Respecto al extractivismo señalaron principalmente la amenaza de la actividad minera a gran escala. Citaron como ejemplo el caso de la comunidad El Hatillo, en Colombia, donde 160 familias fueron víctimas de pérdida de territorio a consecuencia de la extracción carbonífera por parte de tres empresas mineras transnacionales.
– Denunciaron que la agroindustria es “impulsada por las corporaciones transnacionales, basada en el uso de semillas transgénicas, grandes cantidades de agrotóxicos y maquinarias, cuyo principal objetivo es el lucro a partir de la mercantilización de los alimentos y su incorporación a las dinámicas especulativas de los mercados financieros”.
En ese marco, advirtieron de modo preciso sobre la producción de agrocombustibles a partir de productos tradicionalmente destinados a la alimentación. “En el caso de Brasil se planean destinar 70 millones de hectáreas situadas en la Amazonia para agrocombustibles. (…) La producción de un litro de etanol a partir de la caña requiere un alto consumo de agua -12 litros-.” En el caso de Colombia, en el 2002 se sancionó la ley 788 que establece exenciones tributarias en el impuesto a las ventas, impuesto global y sobretasa a la gasolina cuando el cultivo sea destinado a la producción de etanol.
- Las organizaciones campesinas de América Latina libran una batalla contra un gigante por el control del mercado de alimentos.
En Paraguay, mientras las cámaras empresariales que operan en el país lograron ubicarse en 2012 como cuartos exportadores mundiales de soja y como novenos exportadores mundiales de carne vacuna, “la cantidad de personas subnutridas aumentó en un 69,6 por ciento entre 1990 y 2013, pasando de 900 mil a 1,5 millones de personas”, indicó Vía Campesina.
– Respecto al acaparamiento y concentración de tierras, “Argentina y Brasil se caracterizan por una notoria expansión en el tamaño de los establecimientos agropecuarios y casos de compras por gobiernos extranjeros”. Señalaron que en otros casos, la concentración se da vía alquiler de tierras a pooles.
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