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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 16 de octubre de 2019
- Las OSC también reconocen la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Más de 130 organizaciones y activistas defensores de derechos humanos del país y del extranjero rechazaron las acusaciones del ex procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, a quien responsabiliza de obstaculizar las investigaciones del caso y lucrar con la defensa de los familiares.
A través de un comunicado, las organizaciones firmantes expresaron su preocupación por las declaraciones de Blanco Cabrera, en las que llega «incluso a señalar que (Vidulfo Rosales) debe ser investigado por la Fiscalía General de la República».
Iñaki Blanco Cabrera, ex procurador General de Justicia de Guerrero. | Foto: El Informador, Voz de Guerrero.
Por ello, exigieron el cese «a la campaña de deslegitimización» en contra del defensor Vidulfo Rosales Sierra, por la gravedad de este tipo de declaraciones, «cuya naturaleza puede alentar agresiones directas contra su vida e integridad física».
La semana pasada en medios de comunicación de Guerrero, Iñaki Blanco calificó al abogado de Tlechinollan de actuar de forma sesgada, parcial, contradictoria y de lucrar con el dolor de los familiares de los 43. En el portal Enfoque de los días 9 y 12 de octubre se consignan las siguientes palabras del ex procurador contra Rosales Sierra: como abogado de los padres está «incumpliendo con su deber de asistencia o asesoría legal hacia las víctimas directas”, pues «¿qué ha hecho para combatir las sentencias que dejaron en libertad a presuntos implicados en los hechos». No sólo debe criticar sino que también «debe asistir a las víctimas conforme lo prevé la Constitución y la legislación secundaria», «cosa que yo la verdad dudo mucho que haga, a mí me parece y reitero que desgraciadamente está lucrando con el sufrimiento de las víctimas».
En tanto, el día 10 de este mes, el Sol de Chilpancingo reportó que Iñaki Blanco afirmó: «Yo creo que este señor, Vidulfo Rosales, está queriendo desviar la atención de las cosas (…). Eso me parece gravísimo y creo que debe investigarse”.
Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideraron que tales declaraciones constituyen un ataque directo que buscan deslegitimar la labor del defensor de derechos humanos.
Vidulfo Rosales. | Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Añadieron que, además, buscan atribuir a las y los representantes legales de los familiares de los 43 «las responsabilidades por las recientes liberaciones de personas vinculadas al caso y así eludir los costos de una investigación plagada de innumerables violaciones a los derechos humanos, que van desde la fabricación de pruebas hasta el uso de la tortura para obtener confesiones, documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU en México y que fueron el origen de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, la cual enumera 158 irregularidades.
«Cabe recordar que Iñaki Blanco Cabrera es uno de los principales actores que podrían estar involucrados en la desaparición forzada de los 43 normalistas, al fungir como procurador al momento de los hechos y por haber incurrido en omisiones y proteger a varios funcionarios bajo su cargo que tuvieron responsabilidades en la agresión a los estudiantes».
A la vez, reconocieron el trabajo realizado por el Centro Tlachinollan, que durante 25 años ha defendido los derechos humanos de las personas indígenas de la montaña de Guerrero contra los abusos de autoridad y la marginación, y es reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de su labor de defensa integral, así como por su compromiso moral, obteniendo diversos premios por ello.
Respecto de Vidulfo Rosales, resaltaron el trabajo que ha realizado por más de 20 años, tiempo en el que se ha destacado por su acompañamiento a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en Guerrero, como lo son Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa Jorge Alexis y Gabriel Echeverría, ejecutados en la Autopista del Sol en diciembre de 2011, y las víctimas de la represión en la jornada electoral de Tlapa de Comonfort en junio de 2015, «luchas que en repetidas ocasiones han derivado en amenazas y agresiones físicas directas, provocando incluso su salida del país para salvaguardar su vida».
Insistieron, finalmente, en que las declaraciones de Iñaki Blanco «parecen tener como objetivo desviar la atención y así evitar que las autoridades estatales de Guerrero sean investigadas», toda vez que son las violaciones al debido proceso y los casos de tortura, con los que se integró la investigación de Ayotzinapa, las que ahora están motivando resoluciones judiciales que liberan a probables responsables de los hechos, «lo cual es una muestra más del entramado de corrupción e impunidad que han marcado este caso y que han sido denunciadas constantemente por Tlachinollan y Vidulfo Rosales Sierra».
Foto: Tlachinollan.
Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Acción Colectiva (Guanajuato), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Otros Mundos Chiapas, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), la Coalición Internacional para el Hábitat, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia), Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación Abogacía Española.
Foto de portada: El Siglo de Torreón.
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