Rechazan que SCJN abra la puerta a condenas basadas en tortura

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 24 de agosto de 2016

 

Más de cien organizaciones de derechos humanos rechazaron la tesis aislada CCV/2016, publicada el 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa a no ser que exista “autoincriminación” de la persona acusada, con lo que podrían quedar intactas las condenas basadas en pruebas ilícitas si la declaración bajo tortura no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación.

«En otras palabras, si la declaración bajo tortura de la persona acusada no es calificada como confesión; si una persona es torturada para que incrimine a otra; o si la tortura produce cualquier otra prueba distinta a la autoincriminación, podrían quedar intactas las condenas basadas en tales pruebas ilícitas», según la regla aprobada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Ministro José Ramón Cossío Díaz

 

Por esta razón, «la tesis es violatoria de la prohibición absoluta de dar validez a cualquier prueba obtenida mediante tortura», como lo dictan la Constitución en su artículo 20 (A) (IX) -que establece que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”-, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

Las y los defensores independientes de derechos humanos recordaron que permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. “En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en un ciclo vicioso, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad”, detallaron.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades judiciales bajo diversos tratados ratificados por México, incluyendo la de excluir cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura. La Corte Interamericana -que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN- ha reiterado que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura es absoluta e inderogable.

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Las organizaciones que firman el documento son Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

También el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social;  Equis, Justicia para las Mujeres; Fundación para el Debido Proceso; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Indignación–Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto de Justicia Procesal Penal; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para la Seguridad y la Democracia, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,  Todos los Derechos Para Todas y Todos, que reúne a 80 organizaciones de 21 estados del país.

El posicionamiento completo se puede leer aquí