SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 9 de agosto de 2016
Al menos durante la última década se ha incrementado de manera constante el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos al realizar su trabajo.
Una manera de constarlo son los informes que desde 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado para dar cuenta del riesgo creciente. En 2006 presentó el Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas (http://bit.ly/2aHbY0P); en 2012 el segundo informe Sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas (http://bit.ly/2b99Sqm) y apenas el año pasado el informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (http://bit.ly/2b1N8Hh)
Algo muy parecido se puede verificar en el plano nacional a través de los informes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos en México. En 2009 difundió, Defender los Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo (http://bit.ly/2aHomKn) y una actualización al año siguiente (http://bit.ly/2aQ4aVk). Lo último fue el balance de la situación en 2013 (http://bit.ly/2aHoTvO).
Esta abundante literatura permite documentar que el entorno de las defensoras y defensores se deteriora y que el riesgo crece. ¿Si llevamos un decenio con un diagnóstico que confirma esa realidad por qué la misma no ha cambiado?
Entre las razones está que en México no se ha logrado construir una política de Estado en materia de derechos humanos, lo que da lugar a un invariable cuestionamiento de quiénes se dedican a la defensa de éstos.
El pasado 19 de julio la señora Isabel Miranda realizó el Foro Internacional: Equidad para las Víctimas en el debido proceso, al cual asistieron el Presidente de la República así como el Secretario de Gobernación. Ahí el Presidente expresó obsequiosos comentarios a la señora y secundó los cuestionamientos que la misma realiza del debido proceso, al que califica como un subterfugio de los delincuentes.
En contraparte a ese reconocimiento, los defensores y defensoras de derechos humanos llevamos casi un par de años pidiendo al Secretario de Gobernación que nos reciba para establecer un intercambio sobre el riesgo que afrontan de manera cotidiana las personas defensoras y la necesidad de que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados realicen un reconocimiento expreso del trabajo de estas personas. Hasta la fecha nada de esto ha sucedido.
A este propósito la semana pasada el Consejo del Mecanismo hizo llegar una a carta al Presidente y al Secretario de Gobernación (http://bit.ly/2b25IPy), llamando su atención de como ese tipo de mensajes premian a quienes ponen en entredicho a los derechos humanos y agreden a quienes los defienden, pues eso es exactamente lo que la señora Miranda se ha dedicado a hacer desde hace tiempo.
Los halagos expresados a esta persona son también una muestra respecto de la dualidad de trato hacia las expresiones civiles. Está aquella que es ensalzada pues resulta funcional a los intereses y política del poder, como es el caso de Isabel Miranda y existen aquellas otras que sostienen la crítica y cuestionan permanentemente al poder, la cual es criminalizada e incluso asesinada.
Al anterior cuestionamiento, muy posiblemente se podría responder que omito señalar que el Subsecretario Roberto Campa dialoga frecuentemente con quienes integran el movimiento de derechos humanos. Cosa que es cierta, pero también refleja la idea que los derechos humanos no son un asunto de Estado sino tarea circunscrita al funcionario encargado del asunto. Por cierto, política abiertamente contraria a lo establecido por la Constitución en su artículo primero.
@EdgarCortezm
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