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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 2 de agosto de 2017
- A tres años del desastre ambiental causado por su empresa minera Buenavista del Cobre en el río Sonora, el Grupo México se mantiene impune, denuncian
Víctimas del derrame de contaminantes al río Sonora por parte de Buenavista del Cobre, empresa minera del Grupo México, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua de dos pozos y presentaron una demanda contra el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Sonora por la falta de atención a la salud de la población afectada por el derrame del 6 de agosto de 2014, informaron las organizaciones civiles CCRS, PODER y Greenpeace.
El «fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su página web, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994», dicen en un comunicado los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Greenpeace.
La sentencia «echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora», postura que, alertan, ha favorecido que se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.
Una vez detectados niveles de contaminación por metales arriba de los permitidos en agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades han agravado los problemas de salud de la población.
Por ello es que, explican, interpusieron otra demanda de amparo, pero ahora contra el ISSSTE de Sonora; la Secretaría de Salud, que opera el Seguro Popular, y el IMSS «por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud».
En la demanda presentada sostienen que “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.
El caso de la minera Buenavista del Cobre en Sonora es considerado como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Grupo México: Tres años de impunidad
CCRS, PODER y Greenpeace informan también que a tres años de la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, las labores de limpieza y remediación por parte de Grupo México han sido insuficientes. La mayor parte de los pozos que debían ser reubicados siguen en su lugar y muchos siguen funcionando a pesar de estar a escasos metros del río.
Apenas se ha construido una de las 36 plantas potabilizadoras prometidas por la minera y, en abril de este año, se dio a conocer que se construirían solamente nueve de ellas. Cuestionados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos acerca de la ausencia de las purificadoras, los funcionarios de esta empresa argumentaron que “sería irresponsable hacerlas” porque las autoridades municipales “no tenían capacidad para explotarlas”.
Una serie de análisis independientes ha constatado, año tras año, la presencia de metales pesados en el agua por encima de lo que marcan las normas internacionales. Cabe recordar que los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud pueden tardar meses, o años, en aparecer.
El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), encargada de atender los casos por contaminación en la región, dijo en julio de 2017 que 381 habitantes del río Sonora presentaban desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que comprometió.
La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos ha sido otro motivo de disputas y críticas, ya que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún análisis para definir el reparto de los dos mil millones de pesos destinados a la compensación de daños económicos causados por el derrame, lo que provocó que las indemnizaciones fueran ínfimas comparadas con el nivel de las afectaciones.
Al centro, Francisca García de los CCRS acompañada por Benjamín Cokelet y Luis Miguel Cano, de la organización PODER, en una conferencia de prensa de octubre de 2015 en la Ciudad de México en que expusieron la situación de los afectados por la contaminación provocada por la empresa Buenavista del Cobre. | Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.
No hay que olvidar que el monto del Fideicomiso equivalió al 0.013 por ciento de los ingresos brutos de Grupo México en 2014, y la multa de 24 millones de pesos que impuso a la empresa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) equivalió al 0.00016 por ciento de los ingresos brutos de ese año.
«El gobierno mexicano ha mostrado poco o nulo interés en que Grupo México cumpla el compromiso de reparar los daños causados, y dejó en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la empresa, actitud que fue subrayada por el Grupo de Trabajo de la ONU en su informe final dado a conocer en junio de 2017», recuerdan CCRS, PODER y Greenpeace.
Foto de portada: Baldemar de los Llanos / Cuartoscuro.
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