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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Ciudadanos, académicos y expertos electorales entregaron ayer al Instituto Nacional Electoral 140 mil firmas de personas que exigen se le cancele el registro al PVEM por sus reiteradas violaciones a la ley. Entre muchos de los argumentos expuestos, el ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral, Alfredo Figueroa, dijo que ese partido ha perpetrado un atentado a la contienda electoral al cometer irregularidades estimadas en 800 millones de pesos, que implica un monto mayor al del Pemexgate.
Así es y no, pero en cualquier caso el INE tiene sobrados elementos para retirarle el registro al PVEM. Es un partido que desde hace mucho incurre en fraudes y en diversas irregularidades durante sus participaciones en los procesos electorales, que a lo más han sido respondidas por las autoridades con multas.
Por el caso del Pemexgate el PRI fue sancionado en realidad con mil millones de pesos, pues el IFE de entonces comprobó que en el 2000 fueron desviados mil 500 millones del sindicato petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. Aunque nunca se supo si finalmente pagaron los priistas, esa es la penalización más cuantiosa registrada en nuestro país. Los comicios presidenciales de ese año son lo que se quiera, pero no pueden calificarse como limpios. La coalición triunfadora y que llevó a Vicente Fox a Los Pinos, formada por el PAN y el PVEM, también fue penalizada con 545 millones de pesos. Se trató del caso Amigos de Fox, en el que el Verde participó activamente ocultándole al IFE el monto real de recursos ingresados a la campaña del guanajuatense.
En los años siguientes el partido de la familia González incurrió en diversas irregularidades en sus informes anuales de gastos ordinarios. Pero es en las elecciones de 2009 que otra vez viola la ley, como lo hace actualmente, por el uso de spots y propaganda falsa. Por esa razón el IFE lo castigó con la friolera de 200 millones de pesos, pero no pasó nada respecto de aquel millón 100 mil pesos con que fue sorprendido Arturo Escobar, entonces senador y ahora diputado federal, en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, Chiapas, días antes de los comicios.
Para que se vea lo atingente que es la autoridad electoral, en julio de 2013 se le volvió a sancionar por rebasar los topes de gastos de campaña en la elección de 2012. En esa ocasión la multa compartida entre el PVEM y PRI, que se volvieron a coaligar como en 2006, ascendió a 169 millones de pesos.
Si se dudaba, en los meses recientes ese partido ha ido a peor. No sólo son los 800 millones de los que habla Alfredo Figueroa, sino que el Verde prácticamente ha sustentado su campaña en un sinfín de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la ley, como lo dicen los 140 mil firmantes de la carta en que piden se le retire el registro.
Es dable creer que el Consejo General del INE, nacido desprestigiado y escaso de fiabilidad, no vea irregularidades donde todo mundo las ve y termine por colaborar con ese partido, como lo ha hecho ya con sus tardanzas en aplicar la legislación. Aún así no cabe perder el optimismo, pues los argumentos suelen abrirse paso y no hay indicios perceptibles de que los ciudadanos estén dispuestos a dejar las cosas como están.
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