Sigue el desplazamiento forzado de indígenas por paramilitares en Chiapas; bases zapatistas, en grave riesgo

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 28 de marzo de 2018

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba) denunció que el 24 de marzo un grupo armado, proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó, desplazó de manera forzada a 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, en el municipio de Aldama, en Chiapas, y que adicionalmente familias que forman parte de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en ambas demarcaciones (Manuel Utrilla y Aldama) «se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad».

A través de un comunicado, ese centro de derechos humanos exigió al gobernador Manuel Velasco Coello que asuma su responsabilidad como mandatario del estado y atienda de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a los derechos humanos y la emergencia en que se encuentran las y los pobladores de Aldama. Y pide a las instituciones del Estado mexicano investigar a fondo a las autoridades responsables de organizar a los grupos armados que operan en la zona.

Explicó que las familias de Koko’ desplazadas se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.

El grupo armado que provocó el desplazamiento del 24 de marzo es el mismo que cuatro días ante llevó a la expulsión de sus casas y territorios a 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama, el 20 de marzo.

 

 

«Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región», precisó el Centro Frayba.

Organizaciones civiles chiapanecas y el Movimiento Sueco por la Paz documentaron que desde el 18 de octubre de 2017, luego del asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, la violencia se agudizó en la zona y se intensificaron los disparos con armas de fuego por las noches. Por ello, desde esa fecha cinco mil indígenas tsotsiles de Chalhihuitán y Chenalhó huyeron a la montaña para preservar sus vidas.

El 13 de diciembre, las organizaciones Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Servicios y Asesoría para la Paz y Melel Xojobal denunciaron el clima de terror existente en la zona por la presencia de grupos armados «que operan de manera abierta» y la inacción de autoridades estatales y federales para atender la emergencia humanitaria.

Para el 4 de enero de este año, casi un centenar de organizaciones civiles chiapanecas, nacionales y aun internacionales emitieron un comunicado conjunto en el que informaron que «bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -principalmente de Protección Civil- y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas», tres mil 858 niñas, niños, mujeres y hombres desplazados retornaron a sus comunidades Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon, mientras que las mil 165 restantes decidieron no retornar por «el temor constatado, causado por las acciones armadas que continúa haciendo el grupo armado de corte paramilitar» en la zona.

«Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos los más afectados y vulnerables en este retorno y quienes, además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones», explicaron las organizaciones.

El 22 de marzo el Centro Frayba emitió un llamado de Acción Urgente, toda vez que desde el 27 de febrero diferentes comunidades del municipio de Aldama, situada en los límites territoriales con el ejido Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó, «han sido víctimas de ataques con armas de fuego que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población

«Los ataques con armas de fuego de alto calibre son realizados por un grupo armado (…) en contra de las comunidades de: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente (…) que se encuentran en las cercanías del río que marca la colindancia entre ambos municipios. Además, el pasado 16 de marzo, el grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó, ingresó a la cabecera municipal de Aldama disparando a casas y edificios como la iglesia, el mercado y la presidencia municipal. Las agresiones causaron terror entre la población y existe la amenaza de otras incursiones armadas que provoquen muertes y más desplazamientos».

El mismo día, el casi centenar de agrupaciones civiles que conformaron el Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil e integraron la Misión de Observación en la Zona de Los Altos emitieron un nuevo comunicado para denunciar que «continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por la impune acción de grupos armados de corte paramilitar (…) Lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas.

«Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas Mesas temáticas (Seguridad, Ayuda Humanitaria, Agraria y Desarrollo Social) resultando a la fecha en una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar continúan actuando impunemente, mismos que (…), tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria».

A unos días de que termine el mes de marzo, el Centro Frayba pide a las autoridades del Estado mexicano que garantice la vida, la integridad y seguridad de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de la población en general de las comunidades indígenas tsotsiles de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuch Te, Puente y de la cabecera del municipio de Aldama, Chiapas, así como de las bases zapatistas de Manuel Utrilla, Chenalhó.

Reiteró su petición para que, de manera urgente e integral, atiendan la situación de desplazamiento de 145 familias tostsiles de Tabak y 90 de Koko’, del municipio de Aldama; que se apliquen de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

«Exigimos un alto al fuego, y realizar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados».

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Fotos de portada e interiores: Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle / Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.