Sismos: OSC piden a CNDH y CIDH medidas cautelares y que vigilen rescates y reconstrucción

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 25 de septiembre de 2017

 

Tras recabar testimonios de que personas afectadas han recibido atención e información deficiente, y ante la falta de transparencia del Plan Nacional de Respuesta Mx y un marco de responsabilidad difuso, más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas y del extranjero dieron a conocer este fin de semana que solicitaron a la CIDH y CNDH medidas cautelares y vigilar el rescate de victimas y la reconstrucción de los daños causados por los sismos en las distintas entidades.

Convencidos de que ahora la prioridad es el rescate de sobrevivientes y la atención de damnificados, explicaron que la petición de esas medidas se debe a que, sobre todo a partir del terremoto del 19 de septiembre, durante el monitoreo de posibles violaciones a los derechos humanos que realizan varias organizaciones humanitarias han recibido información sobre las condiciones en que se han llevado a cabo los operativos de búsqueda y rescate.

«Nos preocupa que se ha señalado falta de atención e información precisa para familiares de personas desaparecidas y/o atrapadas». Por ejemplo, no tienen informes «sobre cómo se realizan los rescates, qué autoridades están interviniendo, quiénes están a cargo, supervisando o coordinando las tareas, ni tampoco sobre quién es la autoridad focal encargada de atender y dar información a las familias de personas que aún están en calidad de desaparecidas y/o atrapadas».

Toda vez que el deber de brindar protección ante situación de desastres nacionales corresponde principalmente al Estado, sostuvieron que ha existido mucha confusión sobre el momento en que se ha utilizado o se va a utilizar maquinaria pesada para demoler edificios donde todavía puede haber personas, pues varios ciudadanos reportan que las autoridades les han dicho que las demoliciones y levantamientos de escombros inician «a las 72 horas de acuerdo al manual, pero no les refieren cuál manual (…), ni en base a qué elementos objetivos van a tomar esta definición».

Las OSC también documentaron que la información sobre restos recuperados, personas desaparecidas y rescatadas ha sido muy escasa, y que existe descoordinación entre las propias autoridades, de tal cuenta que les preocupan los límites que se han impuesto a la «crucial» intervención de la sociedad civil.

Hacen énfasis en que Por todo es que si bien minutos después del sismo del 19 de septiembre se anunció la activación del Plan Nacional de Respuesta MX y la instalación del Comité Nacional de Emergencias, detectaron que había problemas de falta de transparencia en los documentos constitutivos y en sus reglas de operación, de un marco de responsabilidad y de identificación de cadenas de mando; además de un amplio margen de discrecionalidad respecto a situaciones de emergencia de las que no se tienen protocolos o instrumentos que garanticen altos estándares de atención en derechos humanos.

Por todo ello, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se constituya como un mecanismo de vigilancia in situ de las actuaciones tanto federales como de las entidades federativas afectadas; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares urgentes para la protección de la vida, salud e integridad personal de las poblaciones afectadas «frente al grave riesgo de un daño irreparable a tales derechos, derivado del deficiente manejo humanitario de la catástrofe ocurrida en las zonas Chiapas, Ciuedad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco, y sus zonas aledañas afectadas luego de los movimientos sísmicos ocurridos los días 8 y 9 de septiembre de 2017».

Las OSC pidieron también la intervención de la ONU para que, a través de sus agencias especializadas, colaboren con las autoridades y con la sociedad civil para asegurar que los esfuerzos de rescate, búsqueda de personas y reconstrucción tengan una perspectiva de derechos humanos. Y en particular lanzaron «un llamado al Estado mexicano para que genere mecanismos efectivos de información y participación en las acciones de solidaridad».

Entre las organizaciones de la sociedad civil que hacen las peticiones están el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Dirección General del Medio Universitario de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Instituto para las Mujeres en la Migración; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República); Servicio Jesuita a Refugiados México; Servicios y Asesoría para la Paz, Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, Instituto para la Seguridad y la Democracia; Justice in Motion / Global Workers; Latin America Working Group; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados; Comité Cerezo; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

---

Foto de portada: Rodrigo Barajas Fonseca / SomosMass99.