Agustín Galo Samario / SomosMass99
León, Gto. / Jueves 23 de abril de 2015
“Ya no extraña nada. Peña Nieto dejó que agentes de Estados Unidos entren a nuestro país con armas. Sólo falta que baleen a nuestra gente”. Con estas palabras se refirió el padre Alejandro Solalinde Guerra al caso de Alondra Luna Núñez, quien fue sacada de México por la Interpol, llevada a Texas y finalmente devuelta a Guanajuato al comprobarse que se habían equivocado y la niña no era la que buscaban.
En un video difundido a través de las redes sociales, se puede apreciar a elementos de esa corporación llevarse por la fuerza a la estudiante, quien fue sustraída de su escuela el jueves de la semana pasada. Los agentes cumplimentaron de esa forma una orden judicial que, a su vez, derivaba del trámite iniciado ante autoridades estadounidenses por una mujer que creyó que la adolescente era la hija que había perdido hace ocho años.
- El caso Alondra, un hecho que “ya no extraña” en el país, dice el padre Solalinde
Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y director del centro de protección a migrantes Amigos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, consideró que este tipo de hechos están relacionadas con el tipo de políticas emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que “apoya que gente armada entre a nuestro territorio”, en referencia a la aprobación de la Ley General de Armas y Explosivos aprobada hoy mismo en el Congreso de la Unión.
También comentó que en el mismo contexto de violaciones a los derechos humanos se inscribe el caso Apatzingan, donde de acuerdo a un reportaje de la periodista Laura Castellanos publicado en Aristegui Noticias, Proceso y Univisión, agentes federales masacraron a 16 personas el 6 de enero. Para el padre Solalinde, eso fue “una ejecución extrajudicial, igual que en Tlatlaya (Estado de México, donde militares ultimaron a 22 presuntos delincuentes la madrugada del 30 de junio de 2014). La diferencia es que ahora fueron policías federales”.
En León
Alejandro Solalinde llega hoy a León para encontrarse con activistas sociales, académicos, religiosos y religiosas y miembros de la iniciativa privada. Uno de los temas que abordará será el del Constituyente Popular, propuesta que busca crear una nueva Constitución para la República y que es impulsada por defensores de derechos humanos, dirigentes de organizaciones civiles, periodistas como Lydia Cacho, el poeta Javier Sicilia y el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López.
- La propuesta para un Constituyente Popular ha causado mucho entusiasmo en León, asegura el defensor de migrantes.
En este sentido, dice que la iniciativa ha despertado un enorme interés entre estudiantes, amas de casa, profesores, investigadores y grupos indígenas de León, “incluso entre empresarios”.
La tarde de hoy, participará en el panel Hacia una ley integral de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en Guanajuato, convocado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, en el que también intervendrán los académicos y activistas Raymundo Sandoval y Édgar Cortez, y la corresponsal de Proceso, Verónica Espinosa.
Raymundo Sandoval, quien forma parte del grupo de periodistas y defensores de derechos humanos que impulsan la iniciativa en el Congreso del Estado de Guanajuato, comentó que la intención era que los propios diputados organizaran un foro para discutir el tema. Pero luego de dos meses de silencio de los legisladores, “decidimos aprovechar la vista del padre Solalinde para que nos cuente su experiencia sobre el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y el papel del Estado”.
El mecanismo nació en octubre de 2012 y se deriva de la Ley de Ley la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en abril de ese mismo año.
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