SOMOSMASS99
Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 9 de enero de 2019
“Tenemos que cambiar esa concepción de la ciudadanía de que los funcionarios públicos actúan con negligencia, pereza o prepotencia, y demostrarles que en el Poder Judicial somos servidores públicos y que estamos para eso, para servir, que nos capacitamos día a día, que no somos flojos, que no somos déspotas, que tenemos un trato humanitario, que tenemos un ambiente laboral sano, que estamos en realidad para servir.”
Las anteriores son palabras expresadas por la actual Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, María Claudia Barrera Rangel.
Desafortunadamente, la percepción que los ciudadanos tenemos del Poder Judicial en México es bastante más deplorable que la que ella expresa. Cualquier persona que se haya visto obligada a acudir a los tribunales habrá constatado en carne propia que no son sólo la negligencia, la pereza y la prepotencia lo que allí impera. Están también los cochupos, las triquiñuelas, el influyentismo, el coyotaje, el compadrazgo, el amiguismo, el nepotismo, la tranza, es decir, en una sola palabra, la corrupción, además del burocratismo que vuelve eternos los juicios.
Son innumerables los casos de personas inocentes sentenciadas a prisión y muchas otras que andan tan campantes por la calle a pesar de haber cometido algún delito. La justicia en muchos casos destaca por su ausencia. Desde luego, para cualquier cosa hay pretextos, de modo que es de todos los días leer y escuchar la manera como se tiran la bolita los órganos de la procuraduría (los ministeriales) y los integrantes del Poder Judicial (jueces y ayudantes).
En Guanajuato, el Poder Judicial se ha caracterizado en los últimos años por la injerencia de los gobernadores para colocar a incondicionales en los máximos cargos, lo cual ha sido ampliamente documentado en medios de comunicación estatales y nacionales [1], [2], [3].
Pero a todo esto, ¿cuánto nos cuesta a los guanajuatenses sostener al Poder Judicial de nuestro estado? Pues no es poco, sobre todo por los elevados sueldos que perciben los magistrados, los jueces, los consejeros y los funcionarios administrativos de mayor rango.
De acuerdo con la nómina de sueldos[4] vigente durante 2018, las percepciones de las casi 3 mil 400 personas enlistadas ascendieron a más de 82 millones y medio de pesos mensuales, es decir, más de 992 millones durante el año que está por terminar, sin contar aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones. Esa cantidad es mayor que la suma de los presupuestos anuales aprobados para Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Tarimoro y Villagrán[5] para el mismo 2018.
Es un buen el dinero el que gastamos supuestamente para la impartición de justicia. Para el 2019 el Poder Judicial del estado tiene asignado un presupuesto de mil 759 millones de pesos, más de 3 veces el presupuesto aprobado para el municipio de Guanajuato capital.
El mayor salario lo recibe la Presidenta del Supremo Tribunal, y asciende a 213 mil 409 pesos mensuales. Luego viene el sueldo de los otros 20 magistrados, con un monto de 186 mil 352 pesos, mismo que perciben 3 consejeros y 4 magistrados en retiro que disfrutan de pensión vitalicia. Son 252 los miembros del Poder Judicial en Guanajuato que tienen salario superior a los 92 mil pesos, contándose entre ellos jueces de partido, jueces de oralidad, jueces de ejecución y funcionarios de diversa índole.
Poder Judicial rico y pueblo pobre: ¿cómo concebir que los 250 “servidores públicos” del Poder Judicial de Guanajuato con mayor salario reciban en conjunto al mes 26 millones de pesos, mientras los 2 mil 60 con menor nivel salarial sólo se repartan entre todos menos de 20 millones? Así es, echando cuentas a partir de la nómina mencionada, el salario más alto equivale a 25 veces el salario más bajo.
¿Será que la Magistrada Presidenta tiene necesidades económicas 25 veces superiores a las de un simple auxiliar administrativo?
¿Acaso a la Magistrada Presidenta la atención médica en un consultorio de Don Simi le cuesta mil pesos en tanto que a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes nos cuesta 40 pesos? Bueno, seguramente ella ni conoce esos consultorios, con eso de que goza de un sustancioso seguro de gastos médicos pagado con el dinero público.
¿Ocurrirá que a la Magistrada Presidenta un viaje en taxi de la central al jardín le sale en mil 250 pesos mientras a una persona normal le sale en 50 pesos? Aunque, desde luego, ésa es una fantasía, que para eso la susodicha magistrada tiene vehículo de lujo gratuito con todo y chofer.
¿Cabe imaginar que la Magistrada Presidenta tiene que pagar 2 mil 500 pesos por una recarga de Amigo Sin Límite 100, mientras que nosotros, simples mortales, sólo pagamos 100 pesos? Bueno, ésa es pura ficción, pues para eso ella tiene a su disposición sin costo un smartphone de la gama más alta, faltaba más.
¿Cómo entender que la Magistrada Presidenta de Guanajuato haya gozado mensualmente a lo largo de 2018 de un salario equivalente a 80 salarios mínimos vigentes en el país, mientras el Presidente de la Suprema Corte de Justicia del estado de Colorado[6], en el vecino país del norte, tuvo un salario igual a 6.22 veces el salario mínimo vigente en ese mismo estado? ¿Cuántas veces cabe 6.22 en 80? Pues algo así como 13 veces. De ese tamaño es la desproporción entre el sueldo de la Magistrada Presidenta guanajuatense y su homólogo del estado de Colorado, que tiene más o menos la misma población que la de Guanajuato.
Por cierto, ¿cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de Colorado esté conformada por sólo 7 magistrados, mientras que la de Guanajuato está integrada por 21?
Ni para qué seguirle. Es evidente que el poder judicial en Guanajuato es malo y muy caro. Ojalá que a la luz de las directrices del nuevo gobierno federal los magistrados vayan agregando a sus tareas pendientes una más. Ésta debe ser la de diseñar y poner en práctica medidas radicales de austeridad, comenzando por la reducción de sus salarios, con lo cual, además, se podrán acercar, aunque sea un poquito, a las condiciones de vida de la población, de modo que adquieran un poco de sensibilidad que les permita atender sus asuntos de mejor manera y no desde esa torre de marfil edificada a través de sus costosas instalaciones y sus exagerados salarios.
El Poder Judicial de Guanajuato tiene la palabra: se suma a la política de austeridad del gobierno federal o sigue funcionando desde la opulencia y totalmente alejado de la gente.
[2] https://www.reporteindigo.com/reporte/la-casta-de-marquez/ 19-10-2015
[3]https://www.sinembargo.mx/07-12-2017/3360258 7-12-2017
[5] https://www.congresogto.gob.mx/ejercicio_fiscales
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Imagen de portada: La magistrada presidenta María Claudia Barrera Rangel y miembros del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. | Foto: STJG.
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