SOMOSMASS99
David Bacon* / SomosMass99
Washington, EEUU. / Martes 23 de abril de 2019
En 2013, en el estado de Washington, Familias Unidas por la Justicia (FUJ) nació cuando los migrantes indígenas mexicanos se negaron a ir a los campos de la empresa Sakuma Brothers Farms después de que uno de ellos fue despedido por pedir un aumento salarial. Luego, los jornaleros (dedicados a la pisca de arándanos) organizaron paros laborales durante los siguientes cuatro años por un aumento del salario por pieza cosechada. Al mismo tiempo, organizaron comités de boicot en ciudades de la costa del Pacífico para presionar al principal cliente de Sakuma, el gigante distribuidor de arándanos Driscoll’s Inc. En 2017, los propietarios de la granja aceptaron una elección y el sindicato ganó. Posteriormente, Familias Unidas negoció un contrato de dos años con Sakuma Brothers Farms.
«Sabemos que este contrato va a cambiar nuestras vidas», dice Ramón Torres, presidente de FUJ. «Siempre hemos sido personas invisibles, pero ahora nuestros hijos tendrán la oportunidad de seguir estudiando. No es que queramos que salgan de los campos, sino que queremos que tengan la oportunidad de decidir qué quieren. Nuestros miembros entienden que no somos sólo trabajadores agrícolas. Somos parte de una comunidad».
Desde la firma del contrato, se han producido paros en muchos ranchos cercanos. La mayoría de esos trabajadores también son migrantes mixtecos y triquis de Oaxaca y Guerrero, en el sur de México, que ahora viven de forma permanente en zonas rurales de Washington. Familias Unidas ha podido ayudar a los jornaleros en estas huelgas espontáneas. La tarifa por la recolecta de una pieza de arándanos en Sakuma Brothers Farms ha aumentado dramáticamente, con algunos trabajadores que ganan hasta 30 dólares por hora. Ahora los trabajadores agrícolas de otras granjas han tomado medidas para aumentar sus propios salarios.
Trabajadores agrícolas y sus partidarios realizan una marcha de protesta en el aniversario de la muerte de Honesto Silva, en 2017. Honesto Silva fue un trabajador invitado reclutado para trabajar en Sarbanand Farms. Otros trabajadores agrícolas afirman que murió debido al calor y a la presión excesiva de la empresa para que siguiera trabajando.
«Los salarios en las otras granjas son mucho más bajos», explica Torres. «Así que nuestra visión es ayudar a formar sindicatos independientes y negociar contratos allí también. Todo está dirigido por los trabajadores. El propósito es hacer crecer el sindicato, para que todos tengamos salarios justos».
Después de ganar su contrato, los miembros de FUJ formaron la Cooperativa Tierra y Libertad. Rosalinda Guillén, directora de Community to Community Development en Bellingham, ayudó a los trabajadores a formar el sindicato y la cooperativa. «Hoy en día, la producción de alimentos se basa en la cantidad de ganancias que un agricultor o una corporación puede obtener», afirma. «Los trabajadores agrícolas representan un costo. Los productores no invierten en nosotros porque no creen que valgamos la pena».
Pero ella cree que la cultura de los trabajadores agrícolas indígenas es un recurso para el desarrollo de una agricultura sostenible. «Muchos migrantes que vinieron a los Estados Unidos eran agricultores en México y América Central. Debido a acuerdos comerciales como el TLCAN, fueron desplazados y se mudaron al norte. Muchos están en las caravanas, y ahora en los centros de detención en los Estados Unidos, pero saben cómo cultivar alimentos sin productos químicos, cómo conservar el agua, cómo cuidar la tierra. Tenemos que organizar a estos agricultores y verlos como un recurso, porque el sistema alimentario corporativo está envenenando la tierra y el agua. Los trabajadores agrícolas sufren enfermedades a causa de pesticidas y sus cuerpos están rotos debido a la presión para trabajar rápido y en malas condiciones. La vida útil promedio de un trabajador agrícola es de 49 años. Hace catorce años, era de 47».
A los ojos de Torres y los trabajadores, la cooperativa es una alternativa contra la explotación salarial que han sufrido desde que llegaron a Estados Unidos. Esta cooperativa utiliza la tradicional ayuda mutua, que forma parte de su propia cultura indígena. «En la cooperativa estamos educando a los trabajadores», dice. «Queremos ser un ejemplo. No necesitamos supervisores ni gerentes. No necesitamos dueños. Podemos ser los dueños, sólo necesitamos tierras».
Tierra y Libertad acaba de firmar un acuerdo para comprar 65 acres en Everson, además de los dos acres que ya está cultivando cerca de Sumas (en el condado de Whatcom). Se plantan veinte acres de frambuesas rojas, siete de arándanos y cuatro de fresas. Además del puñado de miembros fundadores, cinco familias más están siendo capacitadas en las operaciones de la cooperativa. El año pasado vendió bayas en cooperativas comunitarias de alimentos, tiendas en la isla de Kamano, fruterías locales e incluso frente a las iglesias después de los servicios religiosos. Cuando la cosecha comience la próxima primavera, espera expandirse a otras áreas.
Trabajadores agrícolas y sus partidarios marchan a la oficina de Sakuma Farms, un gran productor de bayas en la que se declararon en huelga en 2013. Exigieron que la empresa negocie un contrato con su sindicato, Familias Unidas por la Justicia.
«Queremos un sistema en el que podamos vivir y comprar localmente», dice Torres, con el «que nuestras ganancias permanezcan aquí en el condado. Al mismo tiempo, competiremos con las corporaciones que han estado ganando dinero con nosotros».
Para la visión de FUJ como de la cooperativa la idea básica es que el trabajo agrícola debe estar capacitado, y brindar una vida digna y respeto a quienes lo realizan. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos es el crecimiento del programa de visas H-2A, que trata a los trabajadores agrícolas inmigrantes como mano de obra temporal, para que se les contrate para la cosecha y luego se les regrese a México una vez que termina el contrato.
Las empresas que utilicen el programa H-2A deben presentar una solicitud al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el listado del trabajo (a realizar), las condiciones de vida y los salarios que recibirán los trabajadores. La empresa debe proporcionar transporte y vivienda. Los trabajadores reciben contratos por menos de un año y deben abandonar el país cuando terminen su trabajo. Sólo pueden trabajar para la empresa que los contrata y si pierden ese trabajo, deben retirarse de inmediato.
En 2017, 18 mil 796 trabadores agrícolas recibieron visas H-2A en Washington, de los que aproximadamente 12 mil fueron reclutados por la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Washington (WAFLA). El año pasado, unos 200 mil trabajadores con visas H-2A fueron traídos a los Estados Unidos y este año el número superará los 240 mil. «En el sistema capitalista somos desechables y fácilmente reemplazables», dice Guillén. «El programa de trabajadores invitados es un buen ejemplo. Traes a la gente, la envías y ganas dinero con ellos. Es hora de terminar con eso. Somos seres humanos y somos parte de la comunidad».
En el verano de 2017, setenta jornaleros invitados se negaron a trabajar en Sarbanand Farms en Sumas, luego de que uno de los compañeros de trabajo se derrumbara en el campo y muriera. Los huelguistas fueron deportados porque los trabajadores con estas visas no tienen derecho de huelga. «El impacto de este sistema en la capacidad de los trabajadores agrícolas para organizarse es desastroso», afirma Guillén. Los trabajadores también fueron remplazados en Sakuma Brothers Farms, antes de que se negociara el contrato del sindicato.
Modesto Hernández, miembro de Familias Unidas por la Justicia, poda arbustos de arándanos en terrenos de la nueva cooperativa del sindicato, Tierra y Libertad.
El flujo de trabajadores no es el único problema transfronterizo que enfrentan los jornaleros agrícolas de Washington. Recientemente, dos líderes del nuevo sindicato independiente de trabajadores agrícolas del valle de San Quintín de Baja California, México, visitaron a FUJ y la nueva cooperativa. «Los trabajadores en México y Estados Unidos trabajan para las mismas empresas, como Driscoll’s, dice Lorenzo Rodriguez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA). «Es importante formar alianzas con los trabajadores de diferentes países. Esa es la única forma en que podemos enfrentar a las empresas. Todos ellos están coordinados. Debemos cooperar también».
Abelina Ramírez, secretaria de Igualdad de Género de SINDJA, agrega que «independientemente del país en el que vivamos, tenemos derechos básicos a la educación, a la salud, al bienestar de nuestros niños. Si nos unimos y nos organizamos, podemos ganar estos derechos».
* David Bacon es un periodista y fotógrafo que da cobertura a temas laborales, de inmigración e impacto de la economía global en los trabajadores. Es autor de varios libros, como Personas Ilegales: Cómo la Globalización crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes (Beacon Press, 2009). Su último libro se titula In the Fields of the North / En los Campos del Norte (University of California Press / El Colegio de la Frontera Norte, 2017).
Imagen de portada: Ramón Torres, presidente de Familias Unidas por la Justicia, poda arbustos de arándanos en tierras de la nueva cooperativa del sindicato, Tierra y Libertad.
Fotos de portada e interiores: David Bacon.
Traducción del inglés: SomosMass99.
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