Tlatlaya, dos años de impunidad

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 30 de junio de 2016

 

A dos años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, rganizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron «la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas», lo que, afirmaron, «llevó a la consolidación de la impunidad». Es un caso en que hasta el día de hoy «ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles».

En un posicionamiento firmado por Artículo 19, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHM). I(dh)eas Litigio Estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), entre otros organismos, recuerdan que a pesar de que la PGR ha anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de entre 12 y 15 personas -de las 22 que murieron en una bodega de Tlatlaya el 30 de junio de 2014-, «el pasado mes de mayo el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, dando por probados los hechos pero alegando falta de elementos para responsabilizar en lo individual a los soldados.

Jesús Murillo Karam, procurador General de la República cuando ocurrió la masacre.

«Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada».

Una vez que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, las organizaciones exigieron «que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia».

Recordaron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado «su profunda preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad. En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, indicó que ‘las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten’, y que ‘la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas’.

 

«Finalmente, denunciamos los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables».

La orden fue abatir

Las organizaciones, además, hicieron notar que a un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro Centro Prodh presentó el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de operación en la que se instruye a los militares “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; por dicha orden instancias internacionales como el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano a investigar exhaustivamente dicho documento.

Arely Gómez, actual procuradora General de la República.

El posicionamiento también es firmado por el Centro de Derechos Humanos de la MOntaña Tlachinollan, Freedom House, Fundación para la Justicia, Serapaz, Cencos, Cadhac, CMDPDH, Fundar e Insyde.