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Edgar Cortez
Martes 17 de mayo de 2017
Apenas hace tres días, el 14 de mayo, se difundió públicamente que tres militares eran liberados de las acusaciones en su contra por las ejecuciones extrajudiciales sucedidas en Tlatalaya, Estado de México. La impunidad prevalece en este caso.
El 30 de junio de 2014 fueron ejecutadas 22 personas –21 hombres y una menor de edad- por miembros del Ejército en una bodega ubicada en la comunidad de San Pedro, Limón, municipio de Tlatlaya en el Estado de México, bastante cerca de los límites con Guerrero.
Para asegurar impunidad de inicio se hizo lo siguiente. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) difundió un boletín con la siguiente versión. Los militares fueron atacados y al repeler la agresión, se abatió a 22 personas.
Al día siguiente, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, salió en defensa del Ejército subrayado la legitimidad de su actuar en dichas ejecuciones.
La primera operación para asegurar impunidad de los militares involucrados fue la declaración política, sea mediante boletín o en voz de algún político. Esta fue la práctica repetida cientos de veces durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, pues cada vez que había civiles asesinados se daba la explicación de que eran presuntos delincuentes abatidos o bien que era resultado de ajustes de cuentas entre ellos. Lo que se declaraba no era el resultado de una investigación, sino la explicación de alguna autoridad. En otras palabras la declaración política sustituía a la investigación penal.
En septiembre de 2014 una investigación periodística cuestiona la versión oficial y obligó a abrir una investigación del caso tanto por parte de la justicia militar como de la civil. El 25 de septiembre la Procuraduría General de Justicia Militar informó que había acusado a 8 militares por su posible responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia e infracción de deberes en el caso de un oficial, e infracción de deberes en el caso de siete soldados de tropa. En este caso siente serán absueltos y sólo uno es condenado a un año de prisión por delitos militares.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a 8 militares. Uno de ellos es liberado de inmediato, otros cuatro son puestos en libertad una semana después y sólo tres enfrentaron un proceso penal, el cual concluyó el 14 de mayo de 2016, al ser puestos en libertad.
Es decir, poco después de 22 meses de sucedidos los hechos, sólo un militar fue sancionado por un delito menor de la disciplina militar y nadie resulta responsable de las 22 muertes.
En este caso lo que sucede es que el órgano de investigación realiza un trabajo deficiente, posiblemente por incapacidad o tal vez por proteger a la institución militar, permitiendo con ello impunidad; además del trabajo deficiente del Ministerio Público es posible que también estemos enfrentando a un juez sumamente exigente, pero con una exigencia selectiva y que en este caso es, de nueva cuenta, para no tocar a la institución castrense.
Tlatlaya pone en claro que la impunidad tiene muy diversas manifestaciones, pero un único propósito, que nadie tenga responsabilidad respecto de estas 22 ejecuciones extrajudiciales.
@EdgarCortezm
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