SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 23 de febrero de 2016
En México la tortura es un viejo problema y aún no encontramos una formula efectiva para erradicarla.
Partamos de preguntarnos qué es la tortura. De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (http://bit.ly/1SLmr9p), éste se define como: todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
En abril de 1993 la Red Todos los Derechos para Todos, como entonces se llamaba, presentó el informe La impunidad persiste, dando cuenta de la tortura como una práctica cotidiana de las policías mexicanas y en el mismo documento proponía alternativas para enfrentarla efectivamente. En esos mismos años, las organizaciones internacionales Human Rights Watch y Amnistía Internacional presentaban sus respectivos estudios sobre la tortura en México.
La primera respuesta oficial fue legislar para considerar a la tortura como delito. El proceso arrancó en los noventas y concluyó en 2003 cuando, finalmente, Yucatán consideró la tortura delito. Sin embargo eso no fue suficiente pues la investigación del delito continuo siendo nula y la procuración de justicia ha evitado que los torturadores sean castigados.
La persistencia de la tortura se constata con lo dicho el año pasado por el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, quien concluyo que la tortura es generalizada en México (http://bit.ly/1QsG3ss). El problema persiste y no hemos podido erradicarlo.
Este tortuoso proceso ahora se encuentra pugnado para que se legisle una ley general de tortura, es decir una legislación que obligue tanto a las autoridades federales como locales a cumplir con el combate efectivo a este flagelo.
El año pasado las organizaciones civiles de derechos humanos y el gobierno federal acordaron realizar un trabajo conjunto para integrar la mejor legislación posible contra la tortura. Este proceso fue encabezado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y a lo largo de varios meses se realizaron numerosas reuniones de trabajo que fueron construyendo una iniciativa donde conjugar las preocupaciones de la autoridad y la experiencia práctica de las organizaciones civiles.
El documento resultado del trabajo conjunto fue enviado al Ejecutivo para considerarlo como la propuesta que se debería entregar al Congreso. El proyecto fue analizado por la Consejería Jurídica de la Presidencia y lo que finalmente salió de esa oficina y se presentó como iniciativa es un proyecto que se aparta del trabajo conjunto. Al grado que las organizaciones de derechos humanos han presentado públicamente una serie de críticas al proyecto del Ejecutivo (http://bit.ly/209xfgD). Estos cuestionamientos marcan las deficiencias de la ley; están además los señalamientos al proceso participativo que el Ejecutivo trunca.
La semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Senado convocó a un foro sobre esta misma ley (http://bit.ly/1XGRbHT); espacio en dónde se vertieron consideraciones que apuntan a las mejoras indispensables para que la ley responda efectivamente a una problemática concreta y no sea una simulación más.
Falta todavía que suceda el debate en las Comisiones y el Pleno del Senado para que se apruebe la ley. Ojalá que las Senadoras y Senadores tengan presente la historia de la tortura en México y altura de miras para que el resultado sea una ley de calidad que permita erradicar la tortura.
La ley general contra la tortura puede ser el inicio de un cambio para que las policías y las agencias del Ministerio Público dejen de usar la tortura como forma de investigación y asuman responsablemente que deben investigar las denuncias que se presentan contra policías y miembros de las Fuerzas Armadas por tortura. En la actualidad estas instancias son responsables de la impunidad y de ellos depende, en parte, que no se perpetúe.
El camino para enfrentar la tortura ha sido tortuoso, esperemos que todo lo que aún falta sea menos arduo y mucho más provechoso.
@EdgarCortezm
Comparte en Facebook
Twittéalo
