SOMOSMASS99
Rausati / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 25 de julio de 2016
Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), dijo que la tortura y la desaparición de personas son conductas repudiadas. La normatividad a este respecto es vasta, la institucionalidad que promueve su erradicación es diversa, sin embargo los esfuerzos a nivel mundial han sido insuficientes» y «México no escapa a esta realidad y enfrenta una situación muy preocupante en ambas materias».
Las afirmaciones de Jan Jarab se dieron en el marco del Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, y cometida por particulares en México, que se llevó a cabo el jueves y viernes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde organizaciones de derechos humanos y activistas coincidieron en que ante el problema hay una «negación del Estado mexicano», se ha configurado en el país «un escenario de impunidad» y aun existen autoridades que llegan a justificar la tortura.
El Alto Comisionado recordó que organismos internacionales especializados en derechos humanos lo han expresado «en un concierto de voces»: en materia de tortura y desapariciones forzadas en Méxio hay un «diagnóstico crítico», pero también «una ruta propositiva y constructiva desde la perspectiva y el ánimo de cooperación con el Estado mexicano», lo cual se explica principalmente por la apertura de la sociedad civil y de las víctimas «que han vencido el miedo, han roto el silencio, han demandado justicia y que se repare el daño».
- Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
Frente a expertos en derechos Humanos, nacionales e internacionales, comentó que para enfrentar estos retos los organismos internacionales han formulado al Estado Mexicano recomendaciones para reconocer ambas conductas, desarrollar políticas de prevención, investigar casos de tortura y de desaparición; realizar una efectiva búsqueda de las víctimas, brindar apoyo a las familias, atender los casos con un enfoque de género, garantizar la protección del derecho superior de los infantes y apoyar a los organismos de derechos humanos; contar con registros de detenciones, regular el uso de la fuerza pública de acuerdo a estándares internacionales, profesionalizar los servicios periciales y forenses; crear instituciones que gocen de la confianza de las víctimas, garantizando que sean profesionales, imparciales e independientes. El fin, acabar con la impunidad y garantizar la acceso a la justicia.
Se pronunció por que en los estados se nombre «a representantes de derechos humanos con un perfíl adecuado, comprometidos en su defensa y no como representantes de intereses distintos. Sólo va a haber éxito si hay participación de todos: autoridades federales, estatales y sociedad civil. Crear una agenda donde las víctimas sean el centro, (porque) son las víctimas y sus familias quienes tienen la palabra final sobre la actuación de las autoridades».
Por último, hizo énfasis en la necesidad de «erradicar las descalificaciones de las que son objeto las organizaciones sociales y del riesgo que tienen al realizar su trabajo».
Negación del Estado
Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), en el país vivimos un escenario de impunidad donde el Estado garantiza, a su vez, la impunidad de posteriores violaciones a los derechos humanos, lo que constituye un agravio más para las víctimas y sus familias, quienes por igual buscan a su familiar y la sanción a los responsables.
Por ello, añadió, debe haber coherencia por parte del Senado de la República en la elaboración de la Ley General contra la Tortura, aceptar la intervención de la Convención contra la Tortura, como establecen los artículos 21 y 32. Porque «si en México no hay justicia, las víctimas tienen derecho a tocar cualquier puerta, local, nacional o internacional».
Para Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por «experiencia propia se sabe que la posición política del Estado, es no reconocer nada, elude su responsabilidad. Dicen (las autoridades): ‘son particulares, es el narco, etcétera. Ellos (el Estado) no tienen nada que ver». Sin embargo, «por lo que se sabe, hay participación del Ejercito, de autoridades, de civiles, del narco, organizaciones delictivas, delincuenciales, alcaldes, ministerios públicos.
Respecto del caso Iguala, comentó que «hoy no hay una explicación creíble sobre la desaparición de los normalistas. La Comisión de la Verdad de Guerrero no cuenta con ningún apoyo gubernamental, son nulos los servicios forenses y periciales». Y, en lo general, aseguró, «se fomenta la corrupción, la macro criminalidad, el contubernio autoridades-delincuencia organizada. A menudo se trata de distorsionar la verdad, inventar lineas de investigación inexistentes. Muchas evidencias se pierden, escenas de videos de edificios públicos, escenas de sitios importantes, documentos oficiales, peritos que revuelven evidencias. No hay un caso de desaparición donde se haya actuado rápidamente, son lentos y deficientes».
De acuerdo con Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, en los 90, se vivía un Estado de guerra -desapariciones, ejecuciones, tortura, desplazamientos-, un plan de terror, de miedo, un plan contrainsurgente, de ahí el grupo que atacó Acteal. Las víctimas vieron que la autoridad caminaba hacia la impunidad y por eso se fueron a las instancias internacionales. Hay muchos ejemplos de tortura, de violaciones. Para ellos la tortura es un ataque a la dignidad, deshumaniza a la víctima: el perpetrador ataca psicológicamente.
«Ahora en este estado se está viviendo el Plan Frontera Sur, y hay tortura, acusaciones falsas. Actualmente tiene el gobernador Manuel Velasco de procurador de Justicia a un perpetrador de tortura. Pero los funcionarios la niegan, cuestionan la credibilidad de las víctimas, de los abogados, de las pruebas. Existe una negación interpretativa: ‘ocurrió otra cosa, no como usted lo dijo’. Cambian declaraciones, justifican la tortura: ‘no se podía hacer otra cosa, los policías sólo así lo saben hacer, así estamos acostumbrados’. Entonces la justicia no vendrá de arriba, vendrá de abajo, con los más sencillos que apuestan por la libertad y la justicia».
Migración, preocupante indolencia
El fenómeno migratorio fue abordado por Alma García Guguaro, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. «Hablar de este tema -dijo-, es hablar de clandestinidad. Es hablar de arriesgar la vida, en un tren, en un autobús, en un trailer. El diseñar una estrategia para no sólo evitar caer en manos de la autoridad, sino evitar caer en las redes criminales de la delincuencia organizada. ¿Qué significa para una familia centroamericana el acceso a la justicia en México ? Significa un calvario. Se generan gastos, siguiendo con las trabas que pone el gobierno mexicano para dar las visas, con tantos o más requisitos de los que pone el país del norte, es enredarse con la burocracia mexicana, un laberinto eterno».
Citó el caso de los 72 migrantes masacrados en 2010, cuyos familiares vinieron a México en febrero de 2016 a preguntarle a la PGR sobre los avances de las investigaciones y a que les confirmen si los cuerpos que se llevaron corresponden a sus familiares, pues el gobierno mexicano les prohibió abrir los cajones que contenían los cuerpos. «Las autoridades mexicanas en 10 minutos les explicaron lo que había del caso, o sea nada, que todavía no había lineas de investigación ni avances. Como siempre, el gobierno mexicano lamentándose de no tener nada, prometió estar atento y tener resultados la próxima vez que vinieran. Los asesinatos de los migrantes siguen impunes, nunca hay avances, nunca hay nada. Al fin los migrantes no importan».
En nuestros países, el mismo patrón
Julissa Mantilla, representante de la Línea de Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, para empezar su intervención, afirmó: «En nuestros países estos derechos no se respetan. Hay personas que están buscando a sus familiares desaparecidos por diez o veinte años. En Guatemala se acaba de vivir una situación armada, donde se violentaron los derechos de las mujeres; hubo violaciones de mujeres y niñas. En Colombia se vivieron situaciones parecidas».
Es necesario, agregó, tener en el tema de las violaciones a los derechos humanos una perspectiva de género, porque las desapariciones forzadas y la tortura se ha visto que no nos afectan a todos de la misma manera. Se empezaría por ver que la mayoría de los desaparecidos son hombres, porque ellos están en espacios públicos, son líderes o combatientes, y las mujeres asumen la búsqueda de los desaparecidos. Hay información sobre desaparecidos, pero no de violencia sexual contra mujeres, que ni siquiera se habla de eso.
En Sudáfrica «a las madres les ponían grabaciones con el llanto de sus hijos para obligarlas a inculparse». En Guatemala, «cuando los guerrilleros tenían que huir precipitadamente, dejando mujeres e hijos, ellas tenían que cargar con la ropa y los enseres domésticos, además de cuidar a los hijos; ellas eran violadas por los perseguidores». En Perú, «una mujer cuyo esposo fue detenido y llevado a prisión, le visitaba diariamente llevándole de comer y ropa. Hasta que un soldado le dijo: ‘si vuelves mañana todos esos soldados que están ahí te van a violar’. No volvió, se fue a Lima, donde fue explotada laboralmente y tuvo que regalar a uno de sus dos hijos. Cuando la Comisión de la Verdad le preguntó qué quería, ella contestó que recuperar el cuerpo de su esposo pues había visto cuando lo mataron y dónde lo habían enterrado, y recuperar al hijo que regaló. ‘¿Y para usted qué quiere?’, se le preguntó. ‘Nada’, respondió. ‘A mí no me ha pasado nada’. Esto demuestra cómo se oculta y no se ve la violencia de género (…) El Estado no solamente es responsable de la desaparición de las personas, sino del sufrimiento y trato denigrante que sufren los familiares», dijo Mantilla.
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