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Edmundo Dantez / Pressenza*
Jueves 14 de julio de 2022
El 15 de julio, el Instituto Escolha publicó una investigación con una propuesta para implementar un sistema capaz de certificar el origen del oro brasileño, frenando así su comercio ilegal, responsable de una amenaza masiva para la vida de los pueblos indígenas y los ecologistas, y también de la creciente deforestación de la Amazonia. Según el instituto, entre 2015 y 2022, Brasil exportó 229 toneladas de oro con «serios indicios de ilegalidad», lo que supone casi la mitad de toda la producción local. Se trata de una cantidad enorme, y más si se tiene en cuenta que 1 kilo de oro ilegal representa 1,7 millones de reales (327.000 dólares) en daños ambientales, según el Ministerio Público Federal de Brasil.
El mundo se ha visto sacudido por los asesinatos del periodista Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira. Sus muertes están directamente relacionadas con el panorama de la minería ilegal de oro en Brasil. Ahora es noticia en todo el mundo, aunque en realidad no se trata de una situación nueva: las muertes en la Amazonia son un problema constante, especialmente entre los indígenas, que se remonta a la masacre de Haximu en 1993, cuando 16 yanomamis, entre ellos mujeres y niños, fueron asesinados por mineros del oro.
Desde entonces, la situación se ha deteriorado, especialmente durante la actual presidencia de Jair Bolsonaro. La Funai (Fundación Nacional del Indio), la agencia gubernamental brasileña encargada de proteger los intereses amerindios y su cultura, ha estado trabajando junto a los turbios intereses del gobierno, y no en favor de los pueblos indígenas. La presencia del gobierno en la región del Amazonas se ha reducido, permitiendo así que los mineros del oro tomen el control. Bolsonaro también es responsable del proyecto de ley 191, que busca permitir la minería en tierras indígenas sin su consentimiento, lo que podría ser devastador para la Amazonía y la vida de los indígenas. Kora Kanamari, un líder del Valle de Javari, señaló en una carta abierta que, gracias a Bolsonaro, «desde el norte hasta el sur de Brasil, la crueldad está aumentando, ha crecido».
Indígenas en el «Acampamento Terra Livre», una protesta contra el proyecto de ley 191, que pretende abrir las tierras indígenas a la minería. Más de ocho mil indígenas de doscientos grupos diferentes estuvieron presentes. | Foto: Alice Aedy / EarthRise, publicada por Midia NINJA.
El problema del modelo actual de seguimiento del origen del oro es que se basa en un principio obsoleto: la presunción de buena fe. Funciona así: los mineros de oro independientes tienen que vender su oro a instituciones autorizadas por el Banco Central. Para realizar este tipo de transacciones, al vender, lo único que deben hacer es llenar un formulario con sus datos personales y con el lugar de donde se extrajo el oro. Estos datos no se comprueban y no se exigen pruebas -lo que hace que la falsificación sea realmente fácil-, ya que se basan en el principio de la buena fe.
Además de este principio obsoleto, las transacciones en papel también contribuyen al problema, y eso es lo que el Instituto Escolha pretende cambiar. El instituto es una organización civil sin ánimo de lucro que pretende concienciar sobre la sostenibilidad apoyando soluciones de desarrollo sostenible basadas en datos. Su investigación forma parte de una propuesta (Proyecto de Ley 836/2021) enviada al Senado, que pretende «establecer un marco legal para la trazabilidad del oro en todos los puntos de la cadena de suministro». Su objetivo es utilizar la tecnología blockchain y etiquetas moleculares para rastrear y controlar el oro brasileño. Este sistema utiliza la tecnología de registro distribuido, que funciona como una base de datos en que la información introducida se registra en la cadena de bloques. Las etiquetas moleculares funcionan como si fueran un número de seguimiento de la pepita de oro. Además, es necesaria la digitalización completa de todos los procesos y documentos relacionados con la minería del oro.
Pero para implementar estos cambios, es esencial la voluntad política, que sólo será posible con la presión de la sociedad. Además, Brasil debe abandonar el marco legal que facilita que los mineros independientes blanqueen su oro ilegal.
Pero lo más importante es que Brasil debe escuchar lo que dicen los indígenas. Debemos apoyar sus luchas y alzar sus voces. Davi Kopenawa, chamán yanomami, ha trabajado incansablemente para denunciar la invasión de sus tierras. Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró:
«Ellos [los blancos] destruyeron nuestros senderos, dañaron nuestros ríos, envenenaron nuestros peces, quemaron nuestros árboles y los animales que cazamos. También nos matan con sus enfermedades […] Mi pueblo tiene derecho a vivir en paz y con buena salud, porque vivimos en nuestras tierras. En el bosque, estamos en casa».
La tecnología necesaria para rastrear los orígenes del oro brasileño existe, lo único que falta es su aplicación.
* Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.
Imagen de portada: Grupo de Inspección Especializada (FMAM) del Ibama desactiva máquinas mineras ilegales en la Tierra Indígena Munduruku, en Pará. | Foto: Pressenza.
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