Tribunal reitera orden de crear Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 20 de septiembre de 2018

 

Pese a las decenas de recursos en contra interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR) y varias dependencias del gobierno de la República, el Primer Tribunal Unitario Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, determinó que no hay imposibilidad legal para reponer la investigación ni para crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por unanimidad de votos, los magistrados argumentaron que la creación de la Comisión de la Verdad está fundamentada en la Constitución Política, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que dicha instancia no se invaden las facultades del Ministerio Público, como alegó la PGR.

El miércoles 18 de julio, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial resolvió que era jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia y reponer la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La determinación se dio luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la oficina de la Presidencia, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e incluso la Cámara de Diputados, interpuso más de cien recursos y escritos jurídicos en contra de la creación de la Comisión y de reponer la investigación.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos y las organizaciones civiles que los representan consideraron esa acción como «inédita» y señalaron que, de esa forma, «toda la fuerza del Estado se volcó no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.

Hoy, sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito confirmó su determinación de mayo pasado cuando resolvió los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 y ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas; resolver las alegaciones de tortura de las personas imputadas y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) con controles externos, a saber, la representación de las familias y la CNDH, con asistencia de organismos internacionales.

Los magistrados también explicaron que la Comisión de investigación no invade facultades del Ministerio Público, pues éste participará y conservará la investigación de los hechos, mientras que cada interviniente (representantes de víctimas, CNDH o asistencia técnica internacional) en el marco de sus facultades podrá calificarlos como delitos o como grave violación a derechos humanos. Además, señalaron que los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, deben ser investigados como desaparición forzada, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso Radilla Pacheco contra México.

El Colegiado confirmó también que la facultad de la Comisión de investigación para ingresar a las instalaciones de las Fuerzas Armadas no pone en riesgo la seguridad nacional, como aseguró el gobierno de Peña Nieto, toda vez que es una práctica que ya llevan a cabo muchos jueces de distrito con fundamento en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que, contrario a lo que sostiene la PGR, tampoco no vulnera la Ley General de Bienes Nacionales. «El Estado mexicano no puede alegar disposiciones de derecho interno para desconocer sus obligaciones internacionales».

A la vez, el Tribunao manifestó su extrañeza por el gran número de autoridades federales que han presentado recursos legales de todo tipo en contra de las víctimas, lo que al mismo tiempo fue considerado otra vez por los familiares de los 43 desaparecidos como la muestra de que el gobierno saliente no está dispuesto a que la investigación para encontrar a sus hijos esté bajo el escrutinio internacional.

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Foto de portada: Foto: Paulina Negrete / Cuartoscuro / Archivo.