SOMOSMASS99
Ciudad de México
Lunes 3 de abril de 2023
Ya desde hace meses han arreciado las protestas frente a las decisiones del Poder Judicial. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es un crítico agudo y directo del uso faccioso del sistema de impartición de justicia. El grupo de ciudadanos independientes que suscribimos este documento coincidimos con él y con millones de mexicanos en que es necesario desterrar la corrupción y la presencia en el sistema judicial de intereses económicos y políticos que desvían e impiden la impartición de justicia. El Poder Judicial en los hechos suele actuar al margen y aún por encima de los otros Poderes de la Unión, elegidos y representativos de la voluntad popular.
LA JUSTICIA, INALCANZABLE PARA LA MAYOR PARTE DE LA GENTE
La mayor parte de nuestro pueblo sabe que México padece de un deplorable sistema judicial. Desde hace mucho tiempo, quienes carecen de recursos económicos abundantes temen caer en manos de los ministerios públicos, de los jueces, de los magistrados y hasta de los ministros. Sin duda hay funcionarios de dicho sistema que cumplen correcta y profesionalmente sus tareas como servidores públicos, pero sus órganos principales suelen estar penetrados por personeros de intereses privados muy poderosos o de grupos delincuenciales comunes o de “cuello blanco”.
Habrá que recordar que de manera constante se libera a delincuentes que las fuerzas de seguridad aprehenden infraganti y entregan a los ministerios públicos; son comunes las denuncias ciudadanas de que los órganos que debieran impartir justicia liberan con argucias “legaloides” a delincuentes que cuentan con apoyos económicos e influencias.
Recientemente se liberan las cuentas de delincuentes de ”cuello blanco”, como de manera vergonzosa ocurrió con los recursos de Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, y la reciente liberación de las cuentas de la esposa del propio García Luna, de modo que un colegiado de jueces en México falla en ese sentido en el mismo momento en que al exsecretario de seguridad se le declaraba culpable en una corte en Nueva York acusado de ser parte de una organización criminal y de haber recibido decenas de millones de dólares del narcotráfico que ahora están invertidos principalmente en propiedades, bienes muebles de lujo y en las cuentas comunes de él y de su esposa. Y otra muestra más del respaldo a la corrupción es la restitución en el cargo del casi eterno Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) Edmundo Jacobo ─que recién renunció─, quien tenía 30 años en esa institución y casi 15 en el cargo ejecutivo con sueldos y “ayudas” que hacen montos insultantes.
Parte de la ilegalidad con que suele actuar el Poder Judicial en esta recta final del sexenio es la intempestiva liberación de Rosario Robles, líder de la llamada estafa maestra que operó en contra de la nación, e igualmente el vergonzoso amparo otorgado primero por un juez y luego, ante lo escandaloso y burdo del hecho, retirado por otro juez al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al que la mayoría de ciudadanía de aquél estado considera delincuente vinculado con el narcotráfico y en contra del cual el sistema judicial no ha procedido porque está suspendida la orden a aprehensión, y otros hechos vergonzosos como la reciente liberación por parte del sistema judicial de 120 implicados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lo mismo pasa con múltiples decisiones previas que revelan el perfil conservador y reaccionario de quienes controlan gran parte del sistema judicial y que ahora están actuando políticamente muy alejados de la impartición de justicia. Baste recordar que ante las matanzas de Acteal y la de Aguas Blancas en 1995 y 1997, respectivamente, o sea durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el sistema judicial promovió la impunidad y nunca se hizo justicia; o el vergonzoso caso del incendio en la guardería ABC ante el cual el ministro José Ramón Cossío Díaz (orador principal en la concentración contra la reforma electoral el 26 de febrero de 2023) se interpuso para que no se castigara a los culpables de esa tragedia en la que murieron 49 niños, porque implicaba a funcionarios públicos y a familiares directos de Margarita Zavala esposa del entonces presidente de la república, Felipe Calderón.
Los hechos arriba descritos, así como muchos otros, se multiplican al amparo de la complicidad de los principales órganos del Poder Judicial, contrastan con el hecho de que permanecen en la cárcel miles de mujeres y hombres a veces por años y hasta décadas simplemente porque no cuentan con recursos económicos o redes de influencias; a esos ciudadanos comunes se les retiene en la cárcel, frecuentemente sin pruebas convincentes, sin sentencia ni culpabilidad probada, lo que demuestra que la aplicación de las leyes por las instancias judiciales mexicanas favorecen regularmente a quienes son ricos y o influyentes y, por el contrario, son duras e implacables con los de abajo.
EL PODER JUDICIAL LEJOS DE LA JUSTICIA Y CONVERTIDO EN INSTRUMENTO POLÍTICO
Es notorio que, ante los importantes cambios que vive el país, el sistema judicial ha cobrado relevancia política y está siendo utilizado en favor de los intereses antipopulares y antinacionales que temen estar perdiendo poder frente al desarrollo de un vigoroso movimiento popular y ante el proceso de transformación en marcha. Los llamados poderes fácticos (poderosos grupos oligárquicos; el grueso de los principales medios de comunicación y sus intelectuales orgánicos; el INE; el capital extranjero y distintos órganos y agencias del gobierno de los Estados Unidos, entre otros) pretenden utilizar a los principales órganos del Poder Judicial a favor de influyentes grupos económicos y políticos. Hoy las decisiones del Poder Judicial inciden en la vida política del país en favor de los más poderosos intereses privados nacionales y aun extranjeros.
Durante muchas décadas, cuando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo prácticamente no tocaban los intereses de prominentes grupos que gozaban de inaceptables privilegios, el sistema judicial se subordinaba a las decisiones del presidente en turno y a las de la oligarquía; siempre acataba las órdenes de “arriba”, eso era característico de los principales integrantes del Poder Judicial a los que el gobierno premiaba con cargos y altos sueldos y prestaciones, además de que a la mayoría de los más serviles los hizo ricos y muchas veces los volvía gobernadores, senadores, les otorgaba tierras, contratos millonarios para sus “empresas” o concesiones en “medios de comunicación”.
La Nación tiene hoy serios problemas para que la justicia impere, porque precisamente para evitar que terminara el régimen de corrupción y de privilegios de las minorías, en los últimos seis gobiernos previos al actual, neoliberales, se dotó al sistema judicial de un andamiaje jurídico armado por un enjambre de leyes para que pudieran ser utilizadas como dique en contra de quienes pretendieran producir cambios de fondo en la vida económica, social y política en el país. En gran medida con ello ahora la impartición de justicia depende de la composición política de los principales órganos del Poder Judicial y las “interpretaciones” de las leyes por los jueces, magistrados o ministros.
Lo más grave es que hoy desde el sistema judicial se obstaculizan los cambios por los que la mayoría de nuestro pueblo ha luchado desde hace mucho tiempo y que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo. Por ejemplo: la Suprema Corte de Justicia rechaza la Reforma Eléctrica que pretende rescatar la soberanía energética y, por el contrario, dicha corte favorece el dominio del capital privado, nacional y extranjero; ese órgano máximo del poder judicial defiende los altos sueldos y privilegios desmedidos de ellos mismos y de otros servidores públicos como los centenares de funcionarios del INE y de diversos organismos “autónomos” que ganan, anticonstitucionalmente, más que el presidente de la república; los órganos de ese poder admiten los cientos y cientos de amparos con los que la derecha opositora obstaculiza los trabajos del actual gobierno. Al arranque de este gobierno aceptó la lluvia de amparos en contra del cierre del proyecto embarazado de corrupción y de grandes negocios privados: el aeropuerto de Texcoco; inmediatamente después acepta también cientos de amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; igualmente contra de la creación de la Guardia Nacional y en contra de la refinería en Dos Bocas, del Tren Maya y del importante proyecto Transístmico. En fin, frecuentemente el sistema judicial se convierte en un dique de contención para impedir que el gobierno de López Obrador tenga éxito, lo cual no es impartición de justicia sino acción política destructiva inspirada en los intereses de una derecha influyente y económicamente poderosa.
De este modo, la Suprema Corte de Justicia se ha arrogado el derecho de veto a las decisiones del Poder Legislativo, pues mediante la concesión de amparos y la aceptación de controversias constitucionales decide, sin apego al derecho, sino por motivos políticos, rechazar las leyes que no corresponden a sus intereses y, así, se ha convertido en una suerte de colegisladora, al invadir las facultades del Poder Legislativo y desconocer las leyes aprobadas por las mayorías en el Congreso.
Lo que nos preocupa, como ciudadanos interesados en apoyar los cambios que sirvan para mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro pueblo, es que ─como ha sucedido en otros países de Nuestra América que viven procesos de transformación y luchan también por rescatar su soberanía─ a través del uso político del sistema judicial se pretenda generar condiciones políticas para golpear a las fuerzas que apoyan los cambios en marcha, cambios que indudablemente están beneficiando al grueso de la población y al país en su conjunto. Nos preocupa que con la casi tácita alianza entre la Suprema Corte de Justicia, El INE, los medios de comunicación más poderosos, los grupos empresariales más reaccionarios como la COPARMEX y fuerzas reaccionarias del extranjero, particularmente desde los Estados Unidos, se produzcan condiciones inequitativas y fraudulentas en los próximos procesos electorales de 2023 y 2024 y se generen condiciones para un golpe de Estado “blando” con la intensión de impedir que los intereses populares y nacionales sigan imperando en los poderes Ejecutivo y Legislativo en los próximos años.
Por lo anteriormente expuesto, un grupo de ciudadanos, sin otro interés que apoyar las luchas de nuestro pueblo y los esfuerzos del actual gobierno en la dirección de hacer de este país uno verdaderamente más libre, soberano, justo y democrático, llamamos a nuestros compatriotas a sumarse a la lucha por transformar de fondo el Poder Judicial y ponerlo plenamente al servicio de la gente.
Pensamos que esta lucha por limpiar y dignificar el sistema judicial le corresponde también a los trabajadores, profesionistas y funcionarios que dentro del sistema judicial están en contra de los más lesivos vicios y agravios por la corrupción imperante, el nepotismo y el influyentismo que se practican desde arriba y que afectan a todas las instancias de impartición de justicia.
La lucha del pueblo, tiene que librarse ya, desde fuera y dentro del poder judicial, será la condición para arraigar la justicia. De no ser así habrá que esperar un agravamiento en la lucha social y endurecimiento de las acciones de nuestro pueblo que, sin lugar a dudas, no cejará en su propósito de hacer de este país uno con instituciones defensoras de los derechos de la gente, un país soberano en el que impere la justicia para todos y no a favor de los segmentos sociales privilegiados, como todavía sucede.
POR UN MÉXICO LIBRE Y SOBERANO
Firmas:
Gastón Martínez Rivera, Ana Francisca Palomera; Alfonso Díaz Rey; Agustín Ramírez Agundis; Rosa Elena López Escalera, Miguel Ocampo; Magdalena Galindo; Carmen Galindo; Fernando Ruiz; Cecilia Madero; Eduardo Ocampo; Ignacio López Amezcua.
Si usted desea suscribir este documento, por favor, envíe un correo, con su nombre, a la dirección: [email protected].
Foto de portada (ilustrativa): SomosMass99.
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