SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 20 de mayo de 2022
Ante el clima de inseguridad y violencia, organizaciones civiles, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que asistieron al sexto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, urgieron a los gobiernos federal y de Baja California a tomar acciones que garanticen su labor en esa entidad.
«Las organizaciones, colectivos y colectivas de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de gobierno federal y estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California. Además llamamos a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país», señalaron.
Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el del foto periodista Margarito Martinez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en Tijuana.
Denunciaron que los ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.
Foto: Daniel Ojeda / Cimacnoticias.
Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor, sostuvieron, son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Aunado a que la falta de investigación e impunidad son otras formas de violencia que limita su labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.
Manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, además de contar con procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera.
Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, recién instalado en Baja California.
Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Melba Adriana Olvera, subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y al Decreto de creación del Mecanismo Local, e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.
Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal.
El sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se realizó los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Tijuana, Baja California. Participaron representantes de gobierno del Estado de Baja California, del Congreso del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Con información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT).
Foto de portada: Espacio OSC.
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