SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 1 de diciembre de 2015
El nuevo gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, acaba de cumplir un mes en el cargo y las cifras de la violencia son escalofriantes. En el primer mes de gobierno sucedieron 174 homicidios; Guerrero es el estado con el mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes (41.59) de todo el país y Acapulco es la ciudad más violenta del mundo. ¿Se puede cambiar esta realidad?
El primer acto de gobierno del señor Astudillo, el mismo 27 de octubre de 2015, fue anunciar la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad para el estado con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. A este tipo de anuncios recurren los gobiernos para dar apariencia de efectividad, pero en realidad de poco sirven. En 2005 el entonces presidente Vicente Fox anunció los operativos de seguridad México Seguro y el estado de Guerrero formaba parte del mismo. En el sexenio siguiente, el presidente Calderón mantuvo operativos en el estado y, bajo el gobierno del presidente Peña, se han continuado; sobre todo luego de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
De 2007 a la fecha se han realizado 27 operativos en el estado de Guerrero para enfrentar la violencia con participación federal, 8 de éstos durante el actual sexenio.
¿Por qué las cosas no mejoran? Entre otras razones por falta de continuidad. El gobernador Astudillo anunció el nuevo operativo pero no dijo una palabra de cuáles fueron los resultados obtenidos con el operativo que terminaba; no presentó diagnóstico alguno sobre la inseguridad existente y tampoco expresó qué piensa obtener durante su gobierno, qué pasos dará y cómo se van a medir los resultados. Para este gobernador, como para muchos otros, la seguridad es cosa de ocurrencias e improvisación.
En el último año se han publicado varios estudios sobre la situación en Guerrero. Uno es el informe final de la Comisión de la Verdad (http://bit.ly/1MYpeVp) presentado en septiembre de 2014; el segundo es el informe presentado en septiembre pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que da cuenta de las deficiencias de la investigación de los 43 estudiantes pero también muestra el deterioro de las instituciones políticas y de justicia estatales (http://bit.ly/1loArHx); el tercero es el elaborado por la organización International Crisis Group, Justicia Denegada: desapariciones en Guerrero (http://bit.ly/1Ma2n7V), hecho público hace un par de semanas.
Los estudios dan cuenta de la tragedia que vive la sociedad guerrerense y cada trabajo formula acciones para enfrentar los problemas. Pero nada de esto parece llegar a la órbita del gobierno estatal.
Cuando se le cuestionó al gobernador guerrerense por el incremento de los homicidios, su respuesta fue que este problema no se resuelve en uno o dos meses. No se pide al gobernador que haga milagros pero tampoco que siga sin un rumbo claro de a dónde se va y qué pasos se darán para modificar las cosas.
Es cierto que el deterioro en el estado viene de mucho tiempo atrás, consecuencia de malas decisiones y numerosas omisiones de anteriores gobiernos de todo signo político. Por tanto no hay soluciones mágicas y resulta indispensable un proyecto de largo plazo para recuperar al estado de la violencia, de la marginación y la pobreza.
Formular e implementar un plan de largo plazo es obligación del gobierno del estado pero para que la obligación se cumpla se requiere que la sociedad guerrerense y la nacional exijamos permanentemente respuesta, pública y precisa, a estas preguntas: ¿Qué diagnóstico tiene de la inseguridad en el estado? ¿Cómo va a enfrentar la violencia y la inseguridad? ¿Qué resultados espera obtener y en qué plazos?
@edgarcortezm
Comparte en Facebook
Twittéalo
