«Urgencia de atraer inversiones crea entorno en que los DDHH se vulneran con impunidad»

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 12 de junio de 2017

 

En México, “la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”, establece el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU sobre su visita a nuestro país en agosto y septiembre de 2016.

El 8 de junio, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el Grupo de Trabajo sobre Empresas exigió al Estado mexicano, de acuerdo con los hallazgos de sus miembros, que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, toda vez que logró constatar “la ausencia de diálogo con las comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo social”.

En ese sentido, si bien el Grupo de Trabajo retomó seis casos emblemáticos de violaciones a la consulta previa y de abusos a los derechos humanos, al menos cien organizaciones civiles de todo el país señalaron que a lo largo del país han documentado 68 casos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el informe México: Empresas y Derechos Humanos.

«Las violaciones más frecuentes fueron: al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). En más del 62 por ciento de los casos hubo amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por lo que, los seis casos descritos en el Informe de Naciones Unidas son representativos de una problemática generalizada», aseguraron a través de un posicionamiento público al conocer el informe final del Grupo de Trabajo de la ONU.

Destacaron que en el documento firmado por Dante Pesce, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU, hay tres puntos claves: la exigencia al Estado mexicano para que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; la recomendación para que se investiguen y sancionen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, que junto con las y los periodistas «deben estar mejor protegidos para que puedan desempeñar su importante función», y que «en vista de la generalización de las agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden sus derechos, los más altos funcionarios del gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán”; además de que se debe reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales que tienen los grandes proyectos de desarrollo.

No obstante que representantes del Estado mexicano aseguraron en Ginebra que estaban trabajando para garantizar el derecho a la consulta, las organizaciones civiles recordaron los casos de los apicultores mayas que se oponen a la soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto, pues lejos de que la ley los ayude con la consulta «está sirviendo para violar» sus derechos, y del acueducto yaqui, donde las consultas no fueron previas sino resultado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación «y estas se dieron en un ambiente de criminalización».

Los colectivos también recordaron las amenazas y ataques a personas defensoras de Oaxaca que se oponen a los proyectos eólicos; y los casos de Atenco, donde las comunidades indígenas se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y el de las agresiones a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, donde «la constructora, junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades, entre ellas la casa de un líder de la oposición al proyecto».

En este sentido, José Luis Fernández, vocero del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, dijo en la sesión del día 8 en que se presentó el informe final del Grupo de Trabajo de la ONU en Ginebra, que su comunidad coincide con los expertos en que «la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardas y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en México en que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad (…) Coincidimos con el Grupo de Trabajo en que las empresas tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad o la voluntad de los Estados de cumplir con sus propias obligaciones».

Finalmente, las organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado mexicano y a las autoridades responsables para sostener una reunión con el fin «de diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales y de los casos  del Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos».

 

Las organizaciones firmantes del documento son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Centro Fray Julián Garcés; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Dirección de Programas de Incidencia, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Colectivo MA OGM; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Medio Ambiente, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz; y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).

Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.