SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 1 de octubre de 2019
En la marcha del quinto aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa vimos a un grupo de personas jóvenes encapuchados que hicieron destrozos en un buen número de comercios del centro de la Ciudad de México. Algo similar sucedió un par de días después en la marcha de mujeres también en la ciudad exigiendo el derecho al aborto en todo el país.
La autoridad de la ciudad justificó lo sucedió diciendo que en bajo ninguna circunstancia usaría la fuerza para reprimir.
Algo similar había sucedido semanas atrás luego de varias agresiones en contra de miembros del Ejército por parte de la delincuencia, pues el presidente López Obrador dijo que los militares podrían hacer uso de la fuerza para defenderse.
Llama la atención las respuestas ante estos sucesos pues nunca las instituciones de seguridad han estado impedidas de usar la fuerza, de hecho una de las característica del Estado es que tiene el monopolio del uso de la fuerza.
El problema ha estado en que en números casos han hecho uso excesivo y arbitrario de esta facultad, violando los derechos humanos de muchas personas. Cuántas veces no hemos visto imágenes de una persona a la que se ha detenido, ya sometida e incluso con candado de manos. La persona ya no se resiste y sin embargo se le golpea o patea innecesariamente.
Ante la incapacidad de corregir estas fallas, las policías y las Fuerzas Armadas han optado por culpar a los derechos humanos para ocultar su ineptitud o bien usar el pretexto de no reprimir para seguir escondiendo su incapacidad.
Los derechos humanos siempre han reconocido que las autoridades de seguridad y justicia pueden usar la fuerza para cumplir sus tareas, pero ponen en claro que el uso de la fuerza tiene que ser legítimo, es decir usar la fuerza necesaria frente al riesgo que se enfrenta. Incluso ese uso de la fuerza puede llegar hasta privar de la vida a una persona si se está frente a un riesgo extremo.
Permitir que los jóvenes hicieran destrozos en la Ciudad de México sin que ninguna autoridad actuara dio el mensaje a la ciudadanía que está desprotegida y abandonada a su suerte.
Luego de los estragos vinieron las especulaciones. Que si los jóvenes era anarquistas, que si los patrocinaba el PRI, que si eran grupos de reivindican la acción directa, etcétera. Lo que se pueda decir son suposiciones pues tampoco hay investigación que ofrezca una respuesta creíble.
La ciudadanía espera de sus autoridades que le garantice la seguridad, que prevenga y que sea capaz de enfrentar y detener a estos jóvenes de manera adecuada y sin violentar derechos humanos.
Ojalá que durante la marcha del 2 de octubre las cosas sucedan de una manera distinta.
Foto de portada: El Diario de Chihuahua.
0 Comentario