SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 4 de octubre de 2016
El viernes pasado, en un enfrentamiento entre militares e integrantes de la delincuencia organizada sucedido en las inmediaciones de Culiacán, 5 militares fueron asesinados y 10 más heridos. Posteriormente, durante los honores a los militares muertos y lesionados, el Secretario de la Defensa Nacional, General Cienfuegos, hizo este llamado: Esperamos de la sociedad su respaldo moral, su exigencia a las autoridades de procuración y administración de justicia, para que los delincuentes que laceran a los mexicanos sufran el castigo que la ley establece.
Los defensores y defensoras de derechos humanos suscribimos esta exigencia, los militares muertos y heridos, junto con sus familias, tienen pleno derecho de recibir justicia. El problema que ellos van a tener que enfrentar, lo que miles de ciudadanos han sufrido permanentemente, la impunidad.
El Secretario de la Defensa y el Ejercito en su conjunto deben tener presentes que desde hace veinte años vienen realizando labores de seguridad pública.
El 11 de diciembre de 1995 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley que Establece las Bases de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí se determinó por primera vez que las Fuerzas Armadas participaran en las tareas de seguridad. Esta Ley fue objeto de una controversia constitucional, la cual fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que dicha participación era constitucional siempre a solicitud de la autoridad civil, para coadyuvar con ellas y bajo su responsabilidad.
A lo largo de estas dos décadas la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) ha recibido 121 recomendaciones y dos más relacionadas con violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares, según datos de la CNDH (http://bit.ly/2a1VgnS. Eso convierte a esta Secretaría en la institución que ocupa el tercer lugar en el número de recomendaciones realizadas por este organismo público de derechos humanos.
Este significativo número de recomendaciones es un balance de los excesos del Ejército en contra de ciudadanos y de la impunidad que en la mayoría de los casos ha protegido a la institución castrense.
El Secretario de la Defensa no debería olvidar que han sido los Presidentes de la República, desde Ernesto Zedillo hasta el actual, además de numerosos gobernadores, quienes los llevaron provisionalmente al actual desastre de la seguridad en el país. Y tampoco debería ignorar que ninguno de esos gobernantes civiles ha respondido por tan enorme falla.
Resulta indispensable que la autoridades civiles, realicen una investigación inmediata, objetiva y que determine a los responsables; si eso no sucede probablemente los militares se sentirán justificados para hacerse justicia por propia mano, con el riesgo que civiles inocentes sean quienes paguen las consecuencias.
@EdgarCortezm
* Foto de portada: Gabriela Pérez / Cuartoscuro.
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