SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
León, Gto. / Jueves 2 de marzo de 2017
Al reiterar su rechazo a la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, la comunidad ñhäñhu de San Francisco Xochicuautla afirmó que el gobierno estatal pretende utilizar la Ley Eruviel para consumar el despojo contra los pueblos mexiquenses, en particular los indígenas que luchan en defensa de la tierra y se oponen a proyectos para los que no son consultados.
José Luis Fernández, vocero de la comunidad, sostuvo que la Ley Eruviel -conocida así por haber sido propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas- es peor que la Ley Bala, promulgada en Puebla, y que de aprobarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría repercusiones negativas mayores para la población, pues está diseñada para criminalizar la protesta social.

Protesta en la Ciudad de México de organizaciones sociales y habitantes de Xochicuautla. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro.
«El Estado de México es un bastión priista, es nido del grupo Atlacomulco. Hay muchos proyectos en puerta y con la ley se pretenden hacer muchos despojos contra las comunidades. Ya pasó en Coyotepec con la privatización del agua, que ha provocado confrontaciones muy fuertes y ha habido presos. Nosotros acabamos de negarnos a que no se privatice el agua en nuestra comunidad. CAEM (Comisión del Agua del Estado d México) había entrado y le tuvimos que decir que no podía entrar, que tenemos nuestra autonomía y que nosotros decidimos cómo administramos nuestra agua.
«El agua es muy importante para ellos, hay proyectos de minas. Pero en Toluca (capital del estado) las manifestaciones de la sociedad ya son grandes. Antes era muy difícil, apenas asistían 50 o 60 personas. Nosotros nos retiramos, ya no asistimos porque también teníamos mucha inseguridad por el gobierno. Ahora volvimos porque las marchas otra vez son grandes, mínimo son mil gentes. La otra vez, con el gasolinazo, fueron como cuatro mil personas y con los maestros fueron diez mil».
Este miércoles frente a la SCJN, cuando los ministros iniciaron las deliberaciones sobre la Ley Eeruviel, organizaciones sociales e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se manifestaron en contra de su aprobación. Ahí, Ignacio del Valle, de San Salvador Atenco, afirmó que esa ley «justifica la represión y manipulación de lo que ellos llaman Estado de derecho», en referencia a la clase política mexiquense y al presidente Enrique Peña Nieto, a quien señaló por haber «reactivado el proyecto de muerte» que «atiende a otros intereses, menos a los intereses de las comunidades (…), porque en México se violan las leyes, las instituciones no defienden ni representan los intereses para lo que fueron convocadas”.
Al igual que lo hizo Ignacio del Valle en la manifestación, quien aseguró que la Ley Eruviel es «para asesinar a los luchadores sociales», José Luis Fernández afirmó que los pueblos mexiquenses no permitirán la aprobación de una norma que fue creada para legalizar la violación de los derechos humanos.
«Nos inconformamos desde que se dio a conocer. Estuvimos con varias organizaciones, un día casi tomamos la Cámara de Diputados para rechazar esa ley. Apoyamos las manifestaciones, aunque ahora no pudimos estar en la SCJN. Para nosotros, en el análisis que hcemos, La ley Eruviel es para legalizar la violación a los derechos humanos en el Estado de México».
Advirtió que si la Suprema Corte decide aprobarla, «lo que pasó en abril en Xochicuautla es lo que puede pasar en todo el estado», en referencia a la intrusión el año pasado de la Policía Estatal en su comunidad para resguardar la entrada de maquinaria pesada de la empresa Autovan Teya (filial del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto) para continuar con la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y que terminó por derribar la casa de uno de los comuneros, cuya familia quedó prácticamente en la calle.
«Vamos a estar muy pendientes y a seguir organizándonos, con más colectivos y más comunidades. Han habido reuniones para buscar las formas de hacer, porque son muchos los escenarios que se vienen si esa ley se aprueba y, de ser el caso, para echarla abajo. Es una ley que viola todos los derechos, por eso no puede pasar. La gente está preocupando al gobierno y ellos no quieren perder sus formas de gobernar, quieren acallar y criminalizar la protesta social», dijo el vocero.
Foto de portada: Isaac Esquivel.


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