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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 1 de agosto de 2019
Al cumplirse cuatro años del asesinato de Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Rubén Espinosa Becerril, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, familiares de las víctimas y organizaciones reiteraron su exigencia de acceso a la justicia, una reparación integral del daño y conocer la verdad de lo sucedido el 31 de julio de 2015. A la vez, la organización defensora de la libertad de expresión y de periodistas Artículo 19, presentó hoy la plataforma de memoria y verdad sobre el Caso Narvarte.
Las organizaciones que acompañan el caso recordaron que el caso continúa impune, pues no se han identificado a otros autores del crimen (materiales e intelectuales), ni se ha esclarecido el móvil de los hechos. “Es decir, hace falta saber qué sucedió realmente aquella tarde en el número 1909 de Luz Saviñón”, señalaron.
Foto: Centro Prodh.
Reconocieron que con el cambio de gobierno ha llegado una mayor apertura que con la administración de Miguel Ángel Mancera, pero advirtieron que aún hay lentitud en la investigación. “Aún hace falta que se traduzca en hechos y avances concretos respecto a la investigación y el agotamiento de todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con Veracruz en cuanto a los antecedentes de agresiones y amenazas que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa por su labor de activismo y de periodismo”, recalcaron.
Las víctimas indirectas también destacaron que no se ha sancionado a ningún funcionario involucrado en las irregularidades en el caso, e incluso han ascendido en su carrera. El 11 de diciembre de 2018 las familias presentaron ante la Contraloría General de la ciudad una queja administrativa por las actuaciones irregulares, omisas y negligentes en las que han incurrido servidores públicos de la PGJCDMX en relación a la investigación. En mayo presentaron formal denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos contra Servidores Públicos de la PGJCDMX, para que investigue hechos constitutivos de delitos respecto a las mismas autoridades ministeriales.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de realizar diligencias en materia de análisis de contexto, en relación con la línea de investigación relativa a Veracruz, ya que son hechos públicos y notorios que en el gobierno de Javier Duarte operaban grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad.
“Sabemos que el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, operaba varias empresas de seguridad en la Ciudad de México y que esas empresas incluso tienen permisos para portación y uso de armas de fuego. Sabemos que esta red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos. Esto puede derivar en elementos que robustezcan la investigación y el agotamiento de líneas”, abundaron.
Entre las organizaciones acompañantes se encuentran Artículo 19, la Clínica de Interés Público contra la trata de personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
La plataforma del caso
La organización Artículo 19, a su vez, recordó que el 31 de julio de 2015 Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa fueron torturadas/o y asesinadas/o en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñon en la colonia Narvarte de esta Ciudad de México y que a cuatro años de distancia el homicidio y los feminicidios seguimos sin verdad ni justicia para este caso.
«El caso sigue impune y la nueva administración de Claudia Sheinbaum inicia la investigación ‘de cero’ o ‘como si hubiese pasado ayer’, tal como lo expresó el actual fiscal José Luis Quiroz Hernández», dijo la organización.
Imagen: Artículo 19.
Ante la falta de garantía del derecho a la justicia y verdad por parte del Estado, la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 enfatizó la importancia de recuperar la información disponible con la que cuenta la sociedad y las familias de las víctimas, para ordenarla y generar narrativas que contribuyan al derecho a la verdad, que nos ayuden a explicar qué pasó esa tarde en el departamento de la Colonia Narvarte y por qué, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los perpetradores y en qué contexto se dieron estos crímenes.
Por ello, compartió la plataforma de memoria y verdad sobre el Caso Narvarte, que busca ser un punto de encuentro y de partida para la construcción social de memoria y verdad con respecto al caso; un espacio de cobijo para las voces de las familias y para acuerpar su exigencia de Ni Perdón Ni Olvido. Porque «sólo a través de la verdad podremos efectivamente pensar en la justicia y en la no repetición de estos hechos».
Sostuvo que desde el primer día, y a lo largo de estos cuatro años, el caso se ha caracterizado por las fallas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), desde la manipulación de la escena del crimen y la evidencia, fallas graves en la cadena de custodia de la prueba, la filtración de información confidencial por parte de las autoridades encargadas de la investigación, inconsistencias en la toma de testimonios, la narrativa estigmatizante creada por la Procuraduría y la falta de una investigación exhaustiva y expedita agotando todas las líneas de investigación. Todo lo anterior mencionado en la recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
«Toda la opacidad y fallas en el caso, sumadas a la reproducción de narrativas estigmatizantes por parte de medios de comunicación, han supuesto la violación de derechos de las víctimas y ha tenido como efecto que sigamos como sociedad sin saber la verdad de este caso. El propio Marco Reyes (entonces Fiscal Central de Investigación para la atención del delito de homicidio que después fue premiado y promovido como subprocurador), expresó a los abogados y a familiares de las víctimas que querer conocer el móvil del crimen ‘era una exquisitez’.
«La nueva administración de Claudia Sheinbaum y la Procuradora Ernestina Godoy tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y la verdad en un caso que se ha vuelto representativo en cuanto a las fallas estructurales en el sistema de justicia, lo cual sucede en la mayoría de los casos, traduciéndose en la impunidad que impera en México», dijo Artículo 19.
La plataforma que se presenta permite a la sociedad conocer informes realizados por diversas personas especialistas, una serie de podcasts y una novela gráfica sobre el caso.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Foto de portada: Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
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