SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario
Miércoles 26 de junio de 2019
El periodista Gerardo Nieto Álvarez fue asesinado hace cuatro años, la noche del 25 al 26 de junio de 2015. No se le privó de la vida en plena calle y a balazos como a Javier Valdez, director del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, el 16 de mayo de 2017. Ni como dos meses antes a Miroslava Breach (el 23 de marzo), también corresponsal de La Jornada pero en Chihuahua, mientras esperaba a las puertas de su casa a su hijo para llevarlo a la escuela. Su muerte se asemeja más a la de Regina Martínez, periodista en Veracruz de la revista Proceso, quien fue asesinada a golpes al interior de su casa en Xalapa el 28 de abril de 2012. Gerardo Nieto cayó por heridas en el cuello dentro de las oficinas de su semanario El Tábano, en la plaza comercial Nuevo Siglo del municipio de Comonfort, Guanajuato.
Miroslava Breach y Regina Martínez habían documentado la relación entre bandas de la delincuencia con políticos y la infiltración del crimen en los procesos electorales. Gerardo Nieto no, él se dedicaba en El Tábano a relatar las incidencias de la vida política en Comonfort, con particular énfasis en la del PRI, partido en el que militó por varios años y cuyas prácticas antidemocráticas criticó crudamente antes y después de su fracaso en las elecciones del 7 de julio de 2015.
Como cada asesinato de un periodista deja muy mal parado al gobierno que sea, a lo que recurren con toda frecuencia las autoridades es, primero, a negar que sus muertes tengan relación con su labor profesional, y luego a tratar de sembrar la duda y el desprestigio sobre el comportamiento en vida de las víctimas. Sucedió con Regina Martínez, cuya muerte fue atribuida por las autoridades del gobierno de Veracruz -encabezado en ese tiempo por Javier Duarte de Ochoa- «a una relación sentimental». En el caso de Gerardo Nieto no fue tan distinto. Ni siquiera habían pasado cinco horas de que había sido encontrado su cuerpo, cuando a eso de las 11 de la mañana de aquel viernes 26 de junio de 2015 el procurador de entonces y actual fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, ya declaraba que todo parecía ser producto de una convivencia en la que circulaba alcohol y todo se salió de control.
En su informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, presentado en abril pasado, la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 dice: «El miedo que provoca la violencia trajo el silencio. Los últimos seis años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera; las y los periodistas decidieron renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informado o amordazarse. En ese sexenio (2012-2018), tanto las vidas como las historias de 47 periodistas fueron asesinadas, las hojas se quedaron en blanco y el ruido se convirtió en silencio».
Es un corte arbitrario, cierto, porque se cuentan por decenas las y los periodistas a los que se les ha cortado la vida, sobre todo desde que la violencia se agudizó en el país hace más de 12 años. Pero en Guanajuato esa violencia inició fatalmente aquel 26 de junio contra Gerardo Nieto, periodista y dueño del único medio de comunicación en Comonfort, lo que habla de la trascendencia de su asesinato, y si además se tiene en cuenta que la víctima era militante reconocido del Partido Revolucionario Institucional, el acontecimiento se hace aún más singular. Debió ser idéntica la repulsa al uso de la violencia para callar una voz, entonces y ahora. Y no ocurrió así. El estruendo que al inicio causó su muerte se apagó conforme pasaron los días, los meses y los años. Las expresiones de preocupación y exigencia para el esclarecimiento del caso, a nivel estatal, nacional e internacional, como dice Artículo 19, pasaron del ruido al silencio. Particularmente, las páginas de los medios en Guanajuato se quedaron en blanco, quizá no por miedo y sí por desinterés o, en algunos casos, por razones inconfesables. Y todo eso, a la vera del terror que se instaló en Comonfort y entre las personas que conocieron a Gerardo Nieto, sin que nadie, a cuatro años de distancia, quiera hacer comentario alguno.
Si no llama la atención el destino de la víctima, si no conmueve el dolor de los deudos y si no se repara en el temor que los mantiene en silencio, menos puede sorprender que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre casi haya logrado condenar al olvido el primer asesinato de un periodista en Guanajuato. Digo, si antes como procurador de Justicia dedicó sus primeras declaraciones a tratar de desprestigiar a Gerardo Nieto con la idea de que su asesinato se debió al desbordamiento de una noche de copas y, luego, al afirmar sin aportar datos que el caso estaba resuelto, hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado a su cargo sólo atina a «informar» que «la investigación está en trámite». ¿Qué significa eso? Lo que se pueda uno imaginar: que el caso está por judicializarse, que no se ha esclarecido, que está resuelto pero que falta detener al o a los asesinos, que cada asunto tiene sus particularidades y sus tiempos, o lo que sea.
Estamos ante el florecimiento de prácticas en la Fiscalía General de Justicia que nunca se marchitaron en la Procuraduría General de Justicia, esas que siempre han estado ahí delante de nosotros y que no se condenan con la energía que se debiera. Las mismas que, discípulas de la impunidad, han creado las condiciones para que el viento negro de la violencia invada todos los municipios de Guanajuato y, tristemente, lo conviertan en el primer lugar de la criminalidad en el país. Se podría decir, también, que el asesinato del periodista Gerardo Nieto Álvarez es parte de la inseguridad impune que ya avisaba de su existencia desde los tiempos en que Carlos Zamarripa se instaló por primera vez en la Procuraduría General de Justicia, esa que corre al arbitrio de quienes imponen su propia ley.
Imagen de portada: Gerardo Nieto Álvarez. | Foto: SomosMass99 / Archivo.
0 Comentario