Afectados por proyecto El Zapotillo-León consideran «riesgosa» participación de UNOPS y PNUMA

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Guadalajara, Jal. / Lunes 8 de febrero de 2016

Participación de la UNOPS y el PNUMA en el conflicto de la Presa el Zapotillo, riesgosa y carente de espacios para la participación y contraloría ciudadana: MAPDER.

: La propuesta del gobierno de Jalisco, UNOPS y PNUMA, «limitada, confusa y riesgosa».

El Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y al menos diez organizaciones civiles de la Ciudad de México, Veracruz, Colima, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Jalisco rechazaron las conclusiones del estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por encargo del gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval y que tendrá un costo de 4.6 millones de dólares, debido a que excluye la participación de las comunidades en riesgo por el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto que llevará agua de ese embalse a León, Guanajuato.

En conferencia de prensa ofrecida este día en un hotel de esta ciudad, miembros de MAPDER y organizaciones civiles como Bios Iguana, Grupo Manglar, Hijos de la Tierra, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Otros Mundos, Educa y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo reconocieron en primera instancia la lucha que llevan a cabo los habitantes de estas tres comunidades en contra de la construcción de El Zapotillo y respaldaron los cuestionamientos que hicieron directamente a la UNOPS, PNUMA, al gobierno de Jalisco y a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial porque la propuesta planteada resulta «limitada, confusa y riesgosa».

A través de un comunicado de prensa, explicaron que el estudio de Asistencia Técnica para la Sostenibilidad del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura en la Cuenca del Río Verde, que tendrá un costo de cuatro millones 600 mil dólares y una duración de 18 meses, «carece de instancias reales de participación ciudadana y contraloría social que permitan la toma de decisiones con los actores involucrados en el conflicto.

«En este sentido, el estudio plantea la conformación de un Comité de Dirección del Proyecto integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA), UNOPS y PNUMA; además de un Comité Técnico integrado por funcionarios independientes de UNOPS y PNUMA. Es decir, ¿las autoridades y las Naciones Unidas actuarán como juez y parte? ¿Quién monitoreará y vigilará que durante la realización y las recomendaciones del estudio no se vulneren los derechos de las comunidades afectadas? ¿En dónde queda la voz de las comunidades, de las organizaciones, de los especialistas y académicos/as en defensa del agua y los derechos humanos del estado de Jalisco?».

Por todo ello, consideran que «la propuesta de la UNOPS y PNUMA resulta incompleta y lejana a los estándares internaciones sobre el derecho a la consulta y la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar», pues «pareciera que las instancias de participación y contraloría ciudadana para la toma de decisiones no se conformarán, en aras de garantizar el cumplimiento de los términos y tiempos del estudio, es decir, garantizar el negocio no menor a los 4.6 millones de dólares». Y preguntan por qué gastar ese monto de recursos públicos «en un estudio cuyos resultados no son vinculantes» y «no se sabe para qué y cómo se usarán».

: Exigen que se respeten los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas.

Exhortaron al gobierno de Jalisco, a la UNOPS y PNUMA a realizar inmediatamente ajustes a los «Términos de Referencia ‘adendum’ sobre el ‘producto temprano’, según lo acordado con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Colectivo de Abogadxs y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) en la reunión realizada el pasado 14 de diciembre en las oficinas de la SEMADET»; que se vigile el respeto a los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia; y que se dé a conocer el Plan Operativo definitivo de la construcción de la presa, de acuerdo con los mismos Términos de Referencia que establece que «se encontrará a detalle la metodología del estudio y se definirán con precisión los principales productos del proyecto».

El MAPDER y las organizaciones que expresaron su apoyo a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, también celebraron el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque «confirma la necesidad de mantener la suspensión de la obra para que se ajuste de acuerdo al proyecto original, respetando los derechos humanos de las comunidades afectadas».

A la vez, en su posicionamiento incluyeron la exigencia para la cancelación de los proyectos de presas en México, especialmente del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, que pone en riesgo el manglar Marismas Nacionales; La Parota, en Guerrero; Paso de la Reina, en Oaxaca; El Naranjal e,n Veracruz; el proyecto Puebla 1, en la Sierra Norte de Puebla; las presas Paso Naranjo, Huistán I, Huistán II, Chicuasen II y los proyectos hidroeléctricos en el Usumacinta en Chiapas.