Ambulantes y la rápida Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato

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Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / Miércoles 19 de julio de 2017

 

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) tardó casi un año para resolver una queja presentada por vendedores ambulantes que fueron agredidos por inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo y de la Dirección de Movilidad del municipio de León. Al cabo de 11 meses y cinco días de los hechos, emitió dos recomendaciones al alcalde Héctor López Santillana para que instruya procedimientos disciplinarios contra cinco inspectores de ambas dependencias por violar los derechos a la dignidad humana y a la seguridad jurídica de las víctimas, y dos acuerdos de no recomendación que exonera de toda responsabilidad a 26 funcionarios.

Para Ricardo Gómez Escalante, activista y militante del partido Morena que acompañó en el proceso a los comerciantes Ricardo Romero Monreal, Francisco de Jesús Romero Sepúlveda y José Jaime Ramírez, lo deplorable del caso es «la complicidad de la procuraduría» con las autoridades panistas «para tapar las consecuencias de tener servidores públicos sin sensibilidad (…) Estamos ante un gobierno que vulnera de manera reiterada los derechos humanos de la gente».

Las protestas de los comerciantes ambulantes contra los abusos de funcionarios municipales en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT) se han multiplicado desde 2015. Apenas los días 28 y 29 de marzo pasado realizaron manifestaciones frente a la presidencia municipal, y el 20 de abril se resistieron a ser desalojados de la estación de transferencia Delta por inspectores y policías, que hasta entonces pocas veces habían participado en ese tipo de acciones.

Fue el 10 de agosto de 2016, a eso de las 7:40 de la mañana, que Ricardo Romero Monreal, Francisco de Jesús Romero Sepúlveda y José Jaime Ramírez se encontraban en la estación Delta donde siempre realizaban sus actividades. En ese momento, trabajadores de la Dirección de Comercio y Consumo que no portaban identificaciones iniciaron un operativo para desalojarlos.

Mientras Jaime Ramírez fue golpeado y recibió amenazas de uno de los inspectores, a Ricardo Romero amagaron con detenerlo por «obstruir la labor de la autoridad» y a dos de sus hijos les tiraron al piso las cajas en que trasladaban su mercancía. Los funcionarios, además, se burlaron de los comerciantes y de sus familiares.

Eso no fue todo, relata Gómez Escalante, a final una señora y algunos niños resultaron heridos. «Es una tristeza total que después de casi un año de la queja (…) sólo hasta el día de hoy otorguen a los comerciantes ambulantes la razón sobre la violencia que los perjudicó en sus derechos humanos».

La PDHG no consigna ninguno de esos hechos en las recomendaciones dirigidas a la presidencia municipal, lo que coincide con lo que añade Gómez Escalante respecto de la actitud de un funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos, quien se negaba a recibir la queja de los comerciantes y, por el contrario, les «empezó a hacer preguntas de tipo personal. Se resistió hasta que le dijimos que lo íbamos a grabar, sólo entonces dijo que ya».

Las recomendaciones firmadas por el procurador José Raúl Montero de Alba, con registro PDH/338/17 y fecha del 5 de julio, acreditan que Jonathan Factor Pastrana, inspector del Servicio de Transporte, y Fernando Zacarías Fajardo Sánchez, Francisco Rafael Alonso Hernández Amaro, José Juan González Rodríguez y Diego Michelle Rodríguez Fernández, inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo, violaron los derechos a la dignidad humana y a la seguridad jurídica de Ricardo Romero, Francisco de Jesús Romero y Jaime Ramírez. Ambas, como resultado de la investigación realizada bajo el expediente de queja 217/16-A.

A la vez, por los mismos hechos la PDHG emitió dos acuerdos de no recomendación (PDH/339/17). En ellos se exonera a 26 funcionarios de la violación a los derechos humanos de los quejosos.

Hasta ahora, de acuerdo con Gómez Escalante, el alcalde de León no ha respondido si acepta o no las recomendaciones porque está de vacaciones. Pero eso sí, «los servidores públicos de la Dirección de Comercio y Consumo siguen haciendo de las suyas con el abuso de autoridad y la prepotencia que les caracteriza.

Foto de portada: Agustín Galo Samario / SomosMass99.