Grave situación de las niñas y niños institucionalizados

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©Gaudencio Rodríguez Juárez*

Jueves 20 de julio de 2017

 

Desde el 2006 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló la problemática seria que viven los niños, niñas y adolescentes (NNA) en las instituciones residenciales (casas hogar) de México. Desde entonces recomendó al Estado mexicano, entre otras cosas, conocer cuántos son, dónde están, en qué condiciones viven y buscar alternativas familiares para ellos.

Las recomendaciones fueron aceptadas. No obstante, once años después la tarea no está hecha. Así lo refleja la respuesta que el Comité dio al cuarto y quinto informe presentado por México el 19 y 20 de mayo de 2015 acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El Comité, como órgano de vigilancia de la CDN, examinó las medidas y acciones que se han llevan a cabo en México y, en respuesta, emitió sus Observaciones Finales con el objetivo de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la CDN, para cumplir con el respeto y garantía de los derechos de la niñez.

En dichas recomendaciones el Comité acogió con satisfacción que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, expedida en diciembre de 2014) incluya la prohibición de la separación de NNA de sus familias por situación de pobreza y que ordene el establecimiento de Procuradurías de Protección a nivel federal y local para, entre otras cosas, proteger a NNA privados de un entorno familiar.

Sin embargo, al Comité le preocupa que: a) No existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales; b) El número total de NNA en entorno familiar es desconocido; c) La institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre el cuidado temporal en familias de acogida; d) Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia, como lo son Casitas del Sur y La Gran Familia (Mamá Rosa).

Por todo lo anterior, el Comité recomendó a nuestro país tomar en cuenta las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, instrumento clave para la adecuada atención de los NNA privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos, así como:

1. a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que NNA no sean separados de sus familias por razones de pobreza o financieras.
2. b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de NNA y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares.
3. c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen en instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la infancia, y en especial sobre las necesidades particulares de los NNA privados de un entorno familiar.
4. d) Recopilar datos sobre y garantizar la revisión periódica de la colocación de NNA en hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de recursos suficientes a las Procuradurías de Protección a nivel federal y estatal y la creación del Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la LGDNNA.
5. e) Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia contra NNA en las instituciones de cuidado alternativo y compensar a las víctimas.

El abuso y violencia física, sexual, psicológica e institucional declarado por los propios NNA internados en la Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y evidenciadas por la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, son muestra del incumplimiento de las recomendaciones anteriores. Pocos son los avances y muchos los retos que enfrentan la adecuada protección y restitución de derechos de este sector de la población infantil.

El Estado mexicano y la jerarquía católica tienen una gran responsabilidad ante el esclarecimiento de los hechos en la Ciudad de los Niños y la reparación del daño de las víctimas; mientras que a la sociedad civil le corresponde participar en la exigibilidad de la justicia y restitución de derechos de los NNA afectados.

Casitas del Sur, La Gran Familia, Ciudad de los Niños, quedan como eufemismos, como ironía para muchos de los NNA ahí internados, pues para estos no se trató de una casa, ni de una familia, ni hubo fomento de ciudadanía.

Esta puede ser, nuevamente, la oportunidad para que, de una vez por todas, el Estado mexicano dé cumplimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. El gran riesgo es que las autoridades correspondientes no asuman su responsabilidad, la noticia de la Ciudad de los Niños se apague y con ella la grave situación que guarda la institucionalización de los NNA.

* Psicólogo / [email protected]

Foto de portada: Pixabay.