SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 20 de mayo de 2019
Pese a que persisten, aunque cada vez con menos frecuencia, la criminalización del aborto, por parte del Estado, y los estereotipos respecto de la maternidad como función obligatoria de las mujeres, el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió la semana pasada a una mujer a la que se le impidió la interrupción del embarazo pese a estar en riesgo su salud es un avance importante porque esa causal no está contemplada en el cuerpo penal federal, dijo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Alex Alí Méndez, abogado de GIRE que acompaña el caso de Margarita a quien la SCJN le otorgó el amparo, explicó en entrevista que si bien la joven logró interrumpir su embarazo al acudir a una institución privada, la sentencia de la Corte ordena restituir su derecho a la salud, revisar su situación actual y ver si hay secuelas, y que en caso de ser así deben iniciarse acciones de reparación. Por ello, «podría haber un proceso de inscripción en la Comisión Especial de Atención a Víctimas».
Hace cinco años, como derecho habiente del ISSSTE, Margarita solicitó al Centro Médico 20 de noviembre la interrupción de su embarazo, toda vez que éste, de acuerdo con su médico, le podía causar preclamsia, diabetes, obstrucción del intestino delgado, trombosis y riesgo de malnutrición, además de complicaciones hipertensivas que la podrían conducir a la muerte. Pero el ISSSTE se negó a realizar la intervención quirúrgica, de modo que Margarita acudió a la SCJN en busca de amparo de la justicia federal. Finalmente, el miércoles pasado GIRE informó que la Corte falló a favor de la joven y determinó que la negativa del ISSSTE «violó su derecho a la salud, vinculado a su derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva», y que, «tratándose de mujeres, el derecho a la salud incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando su salud esté en riesgo».
«Lo que se hizo el miércoles -dijo Alí Méndez- fue otorgar la protección constitucional. Lo mencionamos porque es importante: el cuerpo penal federal no incluye la causal de salud (para la interrupción del embarazo). Es decir, el derecho a la salud no está en los códigos y (con la decisión de la SCJN) se establece que la interrupción es un derecho independientemente de lo que digan los códigos. Así, el Estado deja clara la protección».
Por lo menos 600 mil delitos sexuales al año
La mayoría de los casos que ha acompañado GIRE, añade el abogado, son los relacionados al delito de violación, sobre todo en los estados de México y Aguascalientes. Por eso, con el amparo que se concedió a Margarita seguramente habrá más personas que se encuentren en situaciones similares y soliciten la interrupción del embarazo, o acudan en busca de justicia. Entonces «sabremos si hay más casos».
La sentencia de la Corte es un avance para el país, pues estos casos antes no se visibilizaban. Y si bien no es el que se quisiera, para ello ha sido fundamental la lucha del feminismo en México, además de que «también hay poderes que dejan de estigmatizar el tema y permiten discutirlo», dijo en referencia a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión.
Sin embargo, la criminalización y los estereotipos persisten en el país. Por ello, remite a los informes publicados por GIRE en 2017 y 2018, Violencia Sin Interrupción y Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México, respectivamente, en los que se revisa el problema del acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación, y la criminalización del aborto por diversas causas.
En el primer informe, por ejemplo, se da cuenta de que de 2000 a 2017 en México se habían cometido al menos 600 mil delitos sexuales por año; nueve de cada diez víctimas eran mujeres y cuatro de cada diez tenían menos de 15 años de edad. Además de que el lugar en el que más seguras deberían de estar es en donde se producen la mitad de esos delitos: sus hogares, y que 60 por ciento de las veces, sus agresores resultan ser familiares o personas conocidas. «Cada día, en el país se realizan más de mil 640 denuncias de delitos de violencia sexual, pero lo más preocupante es que esta elevada cifra representa solamente 10% de lo que en realidad sucede».
Y en el segundo, se señala que «la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres». Un fuerte mensaje desde el Estado respecto de decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada y que afectan, generalmente, a aquellas que viven en contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Y no sólo eso, sino que los estereotipos en torno a la maternidad «subyacen al razonamiento de algunos jueces que condenan como homicidas» a quienes tuvieron partos fortuitos en los patios o letrinas de sus casas y cuyos recién nacidos mueren sin que ellas puedan auxiliarlos debido a que tampoco hubo quien las auxiliara a ellas.
«Esta criminalización no solo envía un fuerte mensaje desde el Estado con respecto a decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada, sino que afecta de manera concreta a mujeres —generalmente procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva—, condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. En otros casos, los estereotipos en torno a la maternidad subyacen al razonamiento de algunos jueces que condenan como homicidas a mujeres que tuvieron partos fortuitos en los patios o letrinas de sus casas y cuyos recién nacidos mueren sin que ellas puedan auxiliarlos debido a que tampoco hubo quien las auxiliara a ellas.
Fotos de portada e interiores: Informe Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México / GIRE.
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