SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 21 de julio de 2016
Luego de recibir amenazas previas y pese a las medidas de protección que le había asegurado la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el comunicador Pedro Tamayo fue asesinado con arma de fuego a las puertas de su casa la noche de este miércoles en Tierra Blanca, Veracruz. La organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de esa entidad una pronta investigación y tomar como prioritaria su labor periodística en las pesquisas.
A través de un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de expresión dijo que es indispensable considerar esa línea de investigación toda vez que hubo antecedentes de violencia en contra de Pedro Tamayo, mismos que fueron puestos de conocimiento de las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad del periodista en enero pasado.
Recuerda que es obligación constitucional de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), atraer los casos tratándose de delitos graves en contextos donde se tiene elementos objetivos para determinar que existen condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión, como en el estado de Veracruz.
Relató que, en entrevista, Jorge Morales, de la (CEAPP) en Veracruz, señaló que Tamayo era una persona reconocida en su comunidad y afirmó que previamente el periodista había sido sujeto de hostigamientos en su contra. Era editor de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, se dedicaba a cubrir la violencia y las protestas sociales en su ciudad.
Consultado por Articulo 19, Roberto Hernández, subdirector de El Piñero de la Cuenca, afirmó que las medidas de protección de la CEAPP Veracruz “de nada sirvieron, (ya que) quienes lo custodiaban daban rondines una o dos veces por semana”, además “le había sugerido irse a vivir a otro lado, pero él contemplaba que la situación se iba a normalizar después de que se hiciera pública su situación”. Tamayo creía “que dar una respuesta pública iba a bajar la tensión y que con el apoyo de las autoridades iba a vivir pacíficamente”, razón por la cual decidió regresar a su lugar original de residencia en Tierra Blanca.
Después de salir de Veracruz junto con su familia, a finales de marzo Tamayo renunció a las medidas de re-ubicación y vigilancia de la CEAPP. Sin embargo, el periodista aún se encontraba bajo la protección de la comisión. De acuerdo con Morales, se realizaban rondines y monitoreo vía telefónica.
Artículo 19 exigió también a las autoridades locales y federales asegurar la protección real a los periodistas y no utilizar las medidas otorgadas como un medio político para sustraerse de las obligaciones generales del Estado. La protección en caso de amenazas y otras agresiones graves no se limita a tomar medidas reactivas como protección policiaca o instalación de infraestructura, sino que se debe comprender como un continuum de acciones integrales que entrañan la debida diligencia en la investigación de estos hechos y la consecuente identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables. En el caso de Tamayo, es incuestionable que la impunidad prevaleciente frente a los sujetos que lo amenazaron abrió la posibilidad de su asesinato.
En este sentido, y debido a la alternancia política que vivirá el estado de Veracruz a partir de 1 de diciembre de este año, ARTICLE 19 exige al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares incluya dentro de su agenda política, como tema prioritario, todas las medidas necesarias para la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión e información, a fin de garantizar la prevención, investigación y sanción de toda violación de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Otra semana lúgubre para la prensa
Artíclo 19, además, tuvo conocimiento del asesinato de un trabajador de La Opinión de Apatzingán, Michoacán, el martes 19 de julio. «Así también tenemos información sobre la agresión que sufrió la foto-reportera Dolores Rodríguez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas el día de ayer 20 de julio, en el contexto del desalojo violento de maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por parte de particulares y elementos de seguridad pública estatal. Al momento de la emisión de esta alerta nos encontramos en proceso de documentación de estos incidentes».


Comparte en Facebook
Twittéalo








