SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 21 de julio de 2016
La periodista Carmen Aristegui preguntó hoy al presidente Enrique Peña Nieto qué clase de perdón pidió esta semana cuando al mismo tiempo se les persigue judicialmente a ella y su equipo de trabajo con una serie de demandas judiciales que buscan incriminarlos, como la que ahora interpuso MVS por daño moral debido al prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en el que se relata la investigación realizada por los periodistas Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán.
«¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, ¿pero se sigue persiguiendo a los periodistas que lo investigaron? Pide perdón por la Casa Blanca, ¿pero no cesan los ánimos de venganza? Señor presidente, deje de mecer esa cuna», dijo en un video de siete minutos y 11 segundos difundido a través de la red social Youtube.
Informó que a partir del anuncio de que emprenderían un nuevo proyecto a través desde del espacio digital, se intensificaron el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial con que se ha castigado su trabajo. «En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas que ya llegan a niveles insospechados. A la demanda presentada hace más de un año con la pretensión de aniquilar un contrato vigente, se han ido sumando otras y otras, cada vez más descabelladas, y hoy se pretende por la vía judicial mutilar el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto con la eliminación del prólogo.
«Se demanda a quien lo escribió y a la editorial que se atrevió a publicarlo. Y vía de una demanda por daño moral, que es como prima hermana de la que presentó el ex gobernador Humberto Moreira contra el muy respetado académico Sergio Aguayo, se pide un resarcimiento económico indeterminado que se antoja millonario, y se pretende prohibir que se hable de ese prólogo en la radio, en la televisión y en conferencias. Así, con todas sus letras, prohibir. De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del poder judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza.
«El prólogo que se pretende censurar denuncia cuán dócil y cuán sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura. Y vemos una vez más cómo los hilos del poder se extienden hacia un empresario de los medios de comunicación que ha sido partícipe de la maquinación para expulsar a todo un equipo de periodistas del aire y desatar una andanada judicial en su contra.
«En México, el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que lo investigaron se nos acosa judicialmente. Se nos amenaza con causarnos un daño patrimonial y se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, ¿pero se sigue persiguiendo a los periodistas que lo investigaron? Pide perdón por la Casa Blanca, ¿pero no cesan los ánimos de venganza? Señor presidente, deje de mecer esa cuna. Nosotros cómo sea y dónde sea seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este equipo del que formo parte tiene claro que esta batalla no es sólo por nuestra libertad, es por la libertad y los derechos de los ciudadanos por estar informados, a tener espacios libres e independientes, a no ver con contemplaciones al poder y de eso se trata esta historia y de ella queremos ser parte. Sabemos, por supuesto, que el periodismo independiente en México vive tiempos sombríos».
La denuncia de la periodista Carmen Aristegui, como ella mismo lo dijo, se da en el contexto del mensaje en que Peña Nieto pidió perdón por el daño que causó a las instituciones del Estado mexicano el tema de la Casa Blanca, propiedad que le había vendido el Grupo Higa -del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú- a su esposa Angélica Rivera por siente millones de dólares y a cuyos derechos habría renunciado ya la propia señora Rivera. A unos días de que el analista Sergio Aguayo Quesada fue denunciado también por daño moral por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y de que la también periodista Sanjuana Martínez fue sentenciada como culpable, acusada de cometer el mismo delito por Jesús Ortega Martínez, uno de los dirigentes del PRD, aunque un juez determinó reiniciar el procedimiento por las irregularidades durante el proceso.
Por esta razón, la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas (PNVP), con representaciones en 16 estados de la República, manifestó su más enérgica protesta ante el propio presidente Peña Nieto al considerar que este es «uno de los recursos legales que se utilizan en México para inhibir la Libertad de Expresión (…)», demandas que representan «un instrumento de agresión e intimidación para quienes ejercemos la libertad de expresión». Y recuerda que las relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «han determinado que el acoso judicial inhibe la libertad de expresión en países democráticos».
A continuación el texto íntegro:
Al Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto
Al Poder Judicial de la Ciudad de México
Al gremio periodístico nacionales
A la opinión pública
La Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas (PNVP), un colectivo de mujeres y hombres que nos dedicamos al ejercicio periodístico en 16 entidades federativas de la República Mexicana, eleva su más enérgica protesta ante la demanda por daño moral presentada en contra del periodista, académico e investigador, Sergio Aguayo Quesada, por el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, en un Juzgado civil de la Ciudad de México.
Moreira Valdés pide una reparación por daño Moral que asciende a diez millones de pesos, al inconformarse por el contenido de un artículo firmado por Aguayo Quesada el 20 de enero de 2016 en el periódico Reforma, en el que hace referencia a su detención en España por presuntos actos de corrupción, el 14 de enero del mismo año.
El ex líder nacional del PRI también demandó este año, por daño moral, al periódico Vanguardia y a la reportera Roxana Romero, por un reportaje publicado en ese diario en que se dio cuenta de presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de su pensión laboral como trabajador del sistema educativo de la entidad, en el que laboró sólo 17 años y obtuvo una pensión pro 30 años de servicio. El reportaje fue publicado el 18 de febrero en Vanguardia y, el 5 de mayo, la casa editorial informó de la demanda y del acoso que han recibido directivos y la reportera Roxana Romero, autora del reportaje.
La PNVP considera que estas demandas, al igual que las declaraciones del ex gobernador de Coahuila, de seguir presentando otras demandas contra Aguayo Quesada, son un instrumento de agresión e intimidación para quienes ejercemos la libertad de expresión. Recordemos que las relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han determinado que el acoso judicial inhibe la libertad de expresión en países democráticos.
Aguayo Quesada sostiene que esta demanda civil presentada por el ex gobernador de Coahuila, tiene el propósito de intimidarlo por la investigación que coordinada desde el Colegio de México (Colmex), sobre una masacre en Allende, Coahuila, donde murieron más de 300 personas.
Uno de los recursos legales que se utilizan en México para inhibir la Libertad de Expresión son las demandas por daño moral en contra de periodistas y toda aquella persona que ejerza este derecho humano y que afecte intereses de grupos de poder político y económico, como ha sido el caso de la periodista Sanjuana Martínez, sentenciada por daño moral por la demanda interpuesta por el ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democráticas (PRD), Jesús Ortega, a quien en una columna y un reportaje publicado en el portal de noticias Sinembargo, se identificó como usuario de un establecimiento de trata de personas para fines sexuales en la ciudad de México. Sanjuana Martínez fue sentenciada en primera instancia, ya que el juicio se llevó a cabo sin que se le notificara conforme a Derecho, por lo que un juez federal ordenó que se repusiera el proceso.
Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar el Derecho a la Información, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que según el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscritos por México, consiste en la facultad que tienen todas las personas para investigar, recibir y difundir todo tipo de información que sea de nuestro interés.
Por una plena libertad de expresión en México
Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas
Andrés Resillas Mejía (Michoacán)
Víctor Ruiz Arrazola (Ciudad de México)
Coordinadores.
Enlaces de la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas: Aracely Domínguez (Baja California), Juan Ramón Negrete Jiménez (Colima), Olga Rosario Avendaño/académica de la Universidad Iberoamericana DF (Ciudad de México), Agustín Galo Samario y Martha Camacho Ledesma/Somosmass99 (Guanajuato), Ana Laura Pérez Mendoza (Veracruz) Lidia Rita Bonilla (Tamaulipas), Emilio Lugo (periodista).
Organizaciones Periodistas y Profesionales de la Comunicación Durango A.C.; Red de Periodistas Colimenses “19 de Mayo”, Voces Irritilas A.C. Asociación de Comunicadores de la Laguna de Coahuila y Durango.
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