Asesinato del periodista Gerardo Nieto, un caso de impunidad e indefinición jurídica

SOMOSMASS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Segunda y última parte

Guanajuato, Gto. / Viernes 1 de julio de 2016

 

A un año de sucedido, y pese a las aseveraciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) de que el caso no tiene relación alguna con el ejercicio del periodismo de la víctima, el asesinato del comunicador Gerardo Nieto Álvarez en Comonfort es ejemplo de impunidad, de ausencia de voluntad política y de simulación de las autoridades, consideran expertos en derechos humanos, protección de periodistas y libertad de expresión.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Gabriel Soto, oficial de Protección de Artículo 19; y Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP), cada uno por separado, estiman que los periodos de prolongado silencio de las instituciones encargadas de las investigaciones, la falta de información, de transparencia y la renuncia a continuar las indagatorias por parte de la PDHG, colocan al primer homicidio de un periodista en Guanajuato en la indefinición jurídica y configuran para este estado el escenario visto a nivel nacional, en el que prevalecen la simulación, la discrecionalidad, el trabajo de investigación por razones políticas y el desapego a las obligaciones constitucionales.

Los responsables de las investigaciones

El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, se ha referido públicamente al tema en cuatro ocasiones a lo largo de este año y en todas descartó que el homicidio haya tenido relación con su labor de periodista. La mañana del 26 de junio de 2015, unas horas después de que se encontró el cuerpo de Gerardo Nieto, afirmó: “De acuerdo con los datos preliminares que tenemos… de acuerdo, reitero, subrayo, a estos datos preliminares, sí, sí lo podríamos descartar”. Cuatro días después repitió: “De acuerdo a los indicios que tenemos, sí, por supuesto que no se advierte o no hemos advertido hasta este momento alguno que tuviera que ver con motivo del desempeño de su función como periodista”. Casi ocho meses después, el 2 de febrero de 2016, reiteró: “No tuvo que ver absolutamente nada con su labor”. Y el pasado martes, según el portal Zona Franca, sostuvo que el caso está resuelto y que en cuestión de semanas se detendrá al responsable.

Fue a finales de abril de este año que se logró entrevistar a Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En principio sostuvo que el caso de Gerardo Nieto “no lo lleva esta fiscalía, está en manos de la autoridad local”, es decir, la PGJEG, porque “el asunto es demostrar que el hecho delictivo en donde él perdió la vida tenga que ver con una garantía constitucional, que es la libertad de expresión. Si no tenemos eso, por eso hemos decidido trabajar de la mano de la autoridad local”. Pero luego rectificó: “Por el momento, pero el asunto está abierto. Lo que tenemos es que se está trabajando de manera conjunta con la autoridad local, hasta que se determine cien por ciento la forma en que fueron los hechos y la consecuencia que esto tuvo en cuanto a la libertad de expresión”. “”Yo creo que ese tema, que es muy importante, tiene que tener una serie de diligencias que yo no puedo hacer públicas por el momento porque enturbiaría la investigación”.

La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), por su parte, al enterarse del homicidio del periodista el 26 de junio de 2015 abrió el expediente 105-/2015/C-II. Sin embargo, la subprocuradora de Derechos Humanos, Margarita Camacho Trujillo, unas semanas después la sobreseyó “de acuerdo con la ley” y emitió un acuerdo de vista al procurador Carlos Zamarripa para que “continúe con las investigaciones”.

La funcionaria explicó que “la queja está supeditada a la autorización de la gente, pero la hija, el hermano, la familia nos dice que no es su deseo ratificar. Debo ser puntual, de acuerdo con la ley solamente tenemos facultades para investigar cuando un servidor público está involucrado. Pero los familiares que entrevistamos nos declararon que desconocían los hechos; la hija nos dijo ‘no tengo conocimiento de un servidor público, el hijo menor y el hermano no tienen indicios.

“Nosotros revisamos los avances de la investigación. Se ordenaron indagaciones, se realizaron tres inspecciones y otra vez se revisaron los avances. Pero la hija, el hijo, el hermano, dijeron que no tenían indicios de que estuviera involucrado un funcionario. Por eso dictamos el sobreseimiento y emitimos el acuerdo de vista al procurador. Eso es lo que tenemos hasta el momento”.

De acuerdo con testimonios recabados por SomosMass99 tres meses después de la muerte del periodista, algunas personas presentaron una queja ante la PDHG porque fueron hostigadas y presionadas por agentes ministeriales para que se inculparan del asesinato. A una de ellas, al ver que no cedía, los investigadores le habrían exigido “un nombre, el que sea, porque necesitaban un culpable”. A otra, la habrían llevado mediante engaños a las oficinas en San Miguel de Allende de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, donde la encerraron en una habitación que sólo tenía una pequeña ventana junto al techo. Ahí permaneció durante casi todo un día. Los policías la amenazaban con fincarle cargos y le aseguraban que ya sabían que había tenido problemas con Gerardo Nieto, que por eso lo había asesinado, pero “que le podían ayudar si se declaraba culpable”.

Al respecto, Margarita Camacho respondió así: “Esa es otra situación. En la queja que nosotros iniciamos de oficio (por el asesinato) sólo podemos actuar si hay una omisión o intervención irregular de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Escenario de impunidad

Para Edgar Cortez, del (IMDHD) y del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el asesinato de Gerardo Nieto es un ejemplo más de impunidad en el país.

De acuerdo con lo que ha observado a nivel nacional, hay un patrón de conducta en las autoridades. Cuando una fiscalía “casi descarta” que la muerte es consecuencia del trabajo del periodista, lo que sigue es ir a la vida personal de la víctima.

Pese a la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 8 de febrero del año en curso, “las fiscalías se niegan a investigar los asesinatos de periodistas con relación a su trabajo profesional”, dice Edgar Cortez. Luego hay una práctica de opacidad y al alegar impedimentos por el nuevo sistema de justicia penal, no se vincula a nadie a proceso, no dan a conocer hipótesis, líneas de investigación y hay ocultamiento de más elementos. “Entonces la falta de resultados y el paso del tiempo terminan por colocar el caso en la indefinición jurídica”.

Ahora bien, explica, las comisiones y procuradurías de derechos humanos en los estados funcionan como los ministerios públicos y no se asumen como entes para la protección de los derechos humanos. “Acusan los mismos problemas y entonces no hay información de sus investigaciones”. En la FEADLE, además, lo que se observa es que da “un tratamiento muy discrecional. Pasa el tiempo y las investigaciones las regresa a los estados. La realidad es que no hace investigación de calidad, prevalece un trabajo político cuando la decisión de crear la FEADLE obedeció a la necesidad, precisamente, de potencializar las investigaciones. Entonces, lo que veo es un escenario de impunidad, en el que muchas veces los gobiernos no quieren que su trayectoria se vea manchada”.

Para Gabriel Soto, de Artículo 19, el estado de indefinición en que se encuentra el caso de Gerardo Nieto muestra que “es un hijo más” de lo que pasa en todo el país cuando se trata del asesinato de un periodista.

Las autoridades, señala, actúan como si el caso se hubiera resuelto. “Es una simulación, se hace como que ya pasó y se escudan en el nuevo sistema penal. Pero no hay justicia y, por tanto, no hay confianza en las instituciones. El escenario es complicado. Las autoridades locales no actúan y las federales dicen ‘ahí están las locales’. Es un círculo vicioso”.

 

Del titular de la FEADLE, comenta que recurre a “un discurso pragmático para no entrar a ningún caso. Alega que no intervendrá hasta que la investigación de la autoridad local no arroje que se trató de un ataque a la libertad de expresión. O sea, no está haciendo nada. Se referirá al caso mientras sea mediático, pero no investiga a pesar de que está al frente de una fiscalía especializada que cuenta con recursos públicos. Lo que ha hecho es simular que acompaña a la autoridad local. Antes la FEADLE tenía cifras mensuales, pero desde que llegó Nájera ya no existen, aunque dice que ahí están”.

Explica que no es necesario que exista el delito de ataque contra la libertad de expresión en los códigos penales. “Es igual que cuando se habla de un homicidio pasional, es un asesinato y se tiene que investigar sea el motivo que sea. El agravante es que es un atentado contra la libertad de expresión. El motivo no lo niega”.

Gabriel Soto hace énfasis en que si no hay medios de comunicación que presionen, que empujen para que se lleven a cabo indagaciones transparentes y de calidad, con estándares internacionales. Por que si no, las investigaciones serán “superficiales y va a haber simulación. Es importante difundir la información, por el mismo ejercicio de la libertad de expresión. El problema es que luego (las autoridades) dicen que andaba en malos pasos, una postura generalmente indefendible pero de la que deberían aportar pruebas”.

En el mismo tono se expresa Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de Periodistas y coordinador de la Plataforma Nacional de Periodistas. Considera “dramático que ni la PGJE ni la PDHEG se hayan comprometido con las investigaciones. Esa es una muestra de falta de voluntad para esclarecer el homicidio del periodista, es típico doble discurso de los gobiernos, que en público se comprometen con los derechos humanos y en la práctica no lo hacen”.

Sostiene que “quien está al frente de la PDHEG debería saber que el artículo primero de la Constitución establece la obligación de defender los derechos humanos y por mandato constitucional tiene que pronunciarse. Debió darle seguimiento a la queja aunque no la hayan ratificado los familiares, pero no tiene interés. El silencio que se guarda es un silencio cómplice con la PGJE, porque la PGJE no actúa y la PDHEG no defiende los derechos humanos de los periodistas”. Y advierte: “Si no actúan seguirá la impunidad y serán los responsables de que haya más agresiones a la prensa, se convertirán en cómplices por omisión. Deben recordar que la Constitución obliga a las instituciones del Estado a ser garantes de la libertad de expresión y una forma es encontrar a los culpables y hacer justicia a las víctimas”.

Sin prisa

Hace 371 días, la madrugada del jueves 25 de junio, Gerardo Esiquio Nieto Álvarez estaba sentado en su silla de siempre, de espaldas al escritorio en que solía trabajar. Ahí, al parecer sin oponer mucha resistencia, fue sometido por más de una persona y herido en el cuello. No pasaron muchos minutos para que muriera desangrado. Apenas unas horas antes había llegado a su oficina de la plaza Nuevo Siglo, donde escribía y editaba su semanario El Tábano, el único medio de comunicación de Comonfort.

Ahí, solo, sin que nadie supiera de su suerte, permaneció más de 24 horas. Hasta que a eso de las 8 de la mañana del viernes fue encontrado. La sangre no había secado por completo y menos desaparecido. Se extendía desde donde quedó el cuerpo de Gerardo, en el baño y hasta la puerta de entrada. Quienes le quitaron la vida tuvieron todo el tiempo para hacer lo que quisieron. Aún así dejaron ahí una gorra, el arma que antes hundieron en el cuello, alguna botella, vasos y las huellas de sus zapatos. ¿Descuido? ¿Prisa? ¿O no les importó? Todo eso quedó ahí, junto a Gerardo con su caro, muy caro reloj, el teléfono celular y no poco dinero en la bolsa. De lo único que no se olvidaron fue de su computadora y de la memoria USB donde guardaba información de la política local y estatal.

La oficina de El Tábano fue entregada a mediados de abril a sus dueños. Como dijo José Antonio Nieto Ibarra, nadie sabe si los policías investigadores dieron con la computadora y la memoria USB. Esos objetos que guardaban las severas críticas que había escrito contra su propio partido, el PRI. Que dónde quedaron el reloj, el celular con el registro de sus últimas llamadas y el dinero, tampoco nadie tiene idea. Eso han dicho las personas que conocen el caso y que, a pesar del temor, valientemente han accedido a compartir sus testimonios con SomosMass99.