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Redacción / SomosMass99
Chilpancingo, Gro. / Miércoles 13 de diciembre de 2017
- Las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin justicia
Este martes 12 de diciembre se cumplieron seis años de impunidad de la represión violenta contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y de las ejecuciones extrajudiciales de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Tragedia que «se debe a una clase política indolente e insensible» y a un Ejecutivo estatal que «en vez de impulsar las investigaciones» se empeña «en impulsar una Ley de Seguridad Interior que impone el uso de la fuerza con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública», denunciaron organizaciones civiles guerrerenses.
El 12 de diciembre de 2011, los normalistas se manifestaron en la autopista El Sol, en el tramo conocido como Parador del Marqués, para exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal para el mejoramiento de las condiciones de la normal rural. Al lugar llegaron fuerzas estatales, cuya intervención violenta dejó un saldo de dos estudiantes ejecutados extrajudicialmente, cinco heridos y 23 detenidos arbitrariamente, uno de ellos torturado para que confesara haber disparado durante la protesta.
A seis años de distancia el caso se encuentra impune. Los únicos policías estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, toda vez que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de las evidencias que pudieron ser claves para demostrar la responsabilidad de los implicados, dijeron las organizaciones.
Por esta falta de resultados en la investigación y el retardo de las pesquisas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, para que sea el Sistema Interamericano el que verifique si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional, al realizar actos de uso excesivo de la fuerza pública y uso de armas letales en la contención de manifestaciones públicas, lo que se traduce en violaciones a los derechos de libre expresión, asociación, integridad física y el derecho a la vida.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por primera vez —haciendo uso de sus facultades constitucionales—emitió una recomendación por graves violaciones a los derechos humanos a varias autoridades federales y estatales, sin que a la fecha se haya dado el más mínimo cumplimiento.
«Como organizaciones, consideramos que la tragedia que nos envuelve se debe a una clase política indolente e insensible ante el dolor de las familias por las ejecuciones de jóvenes a manos de policías criminales. El Ejecutivo estatal en vez de impulsar las investigaciones de estos crímenes cometidos por las mismas corporaciones policiales, se empeña en impulsar una Ley de Seguridad Interior (LSI), que impone el uso de la fuerza con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
«Este episodio de nuestra historia no fue el primero ni el último, sino que responde a una dinámica estructural y una cadena de violencia en la que se implican activamente la policía y el Ejército mexicano, con el objetivo de reprimir a través del uso desmedido de la fuerza y la violencia con resultados de impunidad flagrante. En Guerrero seguimos siendo víctimas de la acción violenta de un Estado, en donde la violencia y la impunidad se imponente, y en donde grupos caciquiles se han erigido como amos y señores en una región sumida en la pobreza», añadieron.
Sostuvieron que la historia, «escrita con sangre en Guerrero», es el ejemplo más contundente del fracaso de una política de seguridad militarizada «que arroja cifras alarmantes por el número de desaparecidos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de testimonios de personas que fueron víctimas de tortura por parte de las fuerzas militares y de las mismas corporaciones policiacas. No podemos permitir que la violencia se legitime y se mantenga en impunidad como regla».
En ese sentido, y en el contexto de las discusiones que se llevan a cabo en el Senado de la República para la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, las organizaciones exigieron, a seis años de las graves violaciones contra los normalistas, que cese la impunidad, dar garantías efectivas para el acceso a la justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; castigo a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos; cese de la persecución contra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; y respeto al modelo educativo de las y los normales rurales del país.
Las organizaciones que se sumaron a estas demandas son la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Fotos de portada e interiores: Centro de Humanos de la Montaña Tlachinollan.
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