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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 18 de mayo de 2016
- El mecanismo de seguimiento de las investigaciones se decidirá el sábado en la CIDH
En la reunión de más de cuatro horas que sostuvieron el martes con la procuradora General de la República, Arely Gómez, los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que la funcionaria no les entregó el informe de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, que ha anunciado públicamente en los días recientes. Alegó dificultades de impresión.
La PGR ha elaborado informes de este tipo sólo en cuatro ocasiones: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en mayo en 1993; el homicidio de Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994; la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre 1997, y la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez. Las familias le reiteraron a la procuradora que para ellos los informes que se realicen deben tomar como base los presentados por el GIEI.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares de los normalistas ausentes y sus representantes se reunirán el este jueves con la canciller Claudia Ruiz Massieu con la finalidad de avanzar en el mecanismo de seguimiento que se debe definir el próximo sábado en una audiencia en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Señalaron que la cancillería obstaculiza el diseño de un mecanismo robusto, pues pretende dejarlo sólo con carácter “ordinario”, en el cual el seguimiento sería mediante el intercambio de documentos de manera semestral.
- Los familiares de los 43 piden que los informes de la PGR tomen como base el presentado por el GIEI.
La propuesta de los padres es un mecanismo especial, con visitas periódicas al país, revisión directa del expediente y presentación de recomendaciones, e incluso la participación de uno o dos expertos que integraron el GIEI. La última palabra la tendrá la CIDH.
Asimismo, el Centro Prodh recordó que las familias emplazaron a la PGR a separar de su cargo, en un plazo no mayor de 15 días, al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, como medida indispensable para dar credibilidad a las investigaciones del caso Iguala.
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