SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Miércoles 18 de mayo de 2016
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió solicar al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una constructora del Grupo Higa.
De acuerdo con la Medida Cautelar 277-13, «tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie (a primera vista) que los miembros identificados de la comunidad indígena otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla se encuentran en una situación de riesgo». Por tal razón, «la CIDH requiere al Estado mexicano» que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe periódicamente sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, y así evitar su repetición.
Los pobladores de Xochicuautla, los colectivos Defensa para el Cambio, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra y Sakbe Comunicaciones presentaron la solicitud de medidas cautelares a la CIDH el 21 de agosto de 2013, fecha desde la que los solicitantes aportaron, en principio, los antecedentes del conflicto, alegatos y pruebas de que no fueron consultados de manera previa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, de la importancia del bosque que buscan preservar, por ser objeto ancestral de la comunidad y de cuyo mantenimiento dependen las circunstancias que hacen posible la vida en su territorio y la dotación de agua a Xochicuautla y a la Ciudad de México, por lo que incluso ha sido catalogado como Santuario del Agua. En tanto, en sus respuestas el Estado mexicano alegó que la construcción de la autopista fue autorizada por la comunidad y que el proyecto sólo «afecta una superficie mínima del Parque Otomí-Mexica».
En el inciso A del resumen de hechos y argumentos aportados por las partes, la CIDH da cuenta de que «el Estado está desarrollando en parte del territorio de los propuestos benefciarios (los habitantes de Xochicuautla, según alegato de las autoridades mexicanas) un proyecto vial denominado ‘Autopista Toluca-Naucalpan’, sin consulta previa con los miembros de la comunidad y en el marco de un clima de tensión en la zona. Debido al mencionado proyecto, los solicitantes denuncian que los propuestos beneficiarios han sido objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia». Mientras que en el inciso B, señala que «en octubre de 2012, el gobierno del Estado de México aparentemente emitió un decreto de expropiación, seguido de una Autorización de Impacto Ambiental y un título de concesión, del cual los propuestos beneficiarios no tenían noticia. En abril de 2013, personal de la empresa encargada de la construcción (Autován, filial del Grupo Higa), funcionarios estatales y miembros de la policía ingresaron en el territorio de la comunidad, dando inicio a las obras».
La CIDH hace una relatoría de lo ocurrido partir de esos momentos hasta la fecha. Desde que en agosto de 2013 un grupo de policías antidisturbios fuertemente armados habrían ingresado con violencia en el territorio de la comunidad para establecer un “perímetro de seguridad”; también de cuando varios miembros de la comunidad fueron detenidos en el marco de las protestas contra la construcción de la autopista, bajo el presunto delito de “oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos”, hasta la incursión nuevamente de la fuerza pública el 11 de abril, cuando alrededor de 800 agentes estatales irrumpieron nuevamente en la comunidad y le abrieron paso a maquinaria de la empresa Autovan para que derribara el campamento de vigilancia instalado en el lugar y la demoliera la casa conocida como El Castillo, propiedad de Armando García Salazar, primer delegado de Xochicuautla, de la cual fueron desalojadas a golpes cerca de 25 personas, incluyendo niños y adultos mayores.
- Brecha abierta en el bosque de Xochicuautla para la construcción de la autopista del Grupo Higa.
La CIDH le solicita al gobierno de Enrique Peña Nieto tenga a bien informarle en un plazo de 20 días, contados a partir de que reciba la Medida Cautelar 277-13, sobre la adopción de las medidas de protección implementadas a favor de los habitantes de Xochicuautla. La resolución completa de la Comisión Interamericana se puede leer aquí.
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