Carrera por la rectoría general en la UG, inmersa en conflicto legal

Agustín Galo Samario y Martha Camacho / SomosMass99

Guanajuato, Gto. / Domingo 5 de julio de 2015

Con el registro este jueves de los candidatos José Manuel Cabrera Sixto y Luis Felipe Guerrero Agripino, la Universidad de Guanajuato (UG) entró a una de sus etapas más importantes dentro del proceso de renovación de la rectoría general. Lo hace en medio de disputas y controversias legales entre el grupo que apoya a Guerrero Agripino y la Contraloría General de la institución, instancia que ha descubierto presuntas anomalías por cientos de miles de pesos de recursos públicos cometidas por varios directivos.

: El rector general José Manuel Cabrera afirma que la Contraloría General basa su actuar en el marco legal vigente en el estado y a nivel federal.

Es la contienda repetida de hace cuatro años entre ambos aspirantes. En ese entonces, el hoy rector del Campus Guanajuato se inscribió acompañado de música y de decenas de seguidores. Perdió. Pero lo que marca la carrera por la rectoría en este 2015 son las acusaciones hacia el contralor general Benito Silva Lule por quienes, precisamente, apoyan a Guerrero Agripino. En un aparente intento de eludir los procedimientos de revisión en los que se ha descubierto el presunto manejo irregular de recursos públicos y la obtención de ganancias para beneficio de directivos, se han llevado al Consejo General Universitario (CGU) señalamientos contra la Contraloría General por atribuirse supuestamente facultades que no le corresponden. Es decir, el inicio de investigaciones y la aplicación de sanciones que a su modo de ver recaen en los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia.

: La Contraloría General de la UG no puede suspender las acciones porque de hacerlo estaríamos violando la ley, dijo el titular del área, Benito Silva Lule.

La Contraloría General -que depende directamente de José Manuel Cabrera Sixto- argumenta a su vez que sus acciones están sustentadas en la Ley Orgánica de la UG, en las normativas estatal y federal de responsabilidades de los servidores públicos y en las constituciones general de la República y del estado de Guanajuato, que definen que todo aquel que maneje recursos públicos es servidor público. Así lo dice en su parte final el tercer párrafo del Artículo 108 de la Constitución General de la República: … “así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”.

El 12 de mayo, Guerrero Agripino y su grupo lograron que el CGU emitiera el acuerdo CGU2015-E4-01 mediante el cual ordena a Silva Lule abstenerse de aplicar sanciones y suspender los procedimientos instaurados hasta que las comisiones permanentes de Normatividad, de Vigilancia y de Honor y Justicia, “con apoyo de asesoría externa”, realicen una revisión integral del régimen de responsabilidades y sanciones de la universidad. Alegaron que ese ordenamiento es inconsistente con la Ley Orgánica de la universidad y aseguraron que el contralor investiga a académicos como si se tratase de servidores públicos.

Fue en ese momento que se desató la confrontación entre las partes. Un grupo llamado ¡Vamos UG! difunde a través de Facebook comentarios contra el rector José Manuel Cabrera Sixto y lo señala de violar reiteradamente la ley universitaria. A la vez, en la misma red social, estudiantes de la División de Ciencias Económicas Administrativas (DCEA) crearon la cuenta Denuncia DCEA en la que señalan las presuntas irregularidades cometidas por su director, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, uno de los principales colaboradores de Guerrero Agripino.

Investigaciones

Sin embargo, el caso que más recursos públicos involucra es el de Rodríguez de la Rosa, quien como propietario de la empresa Aprendizaje para el Alto Desempeño, gestionó ante Guerrero Agripino la condonación del pago de derechos por el uso de instalaciones de DCEA para la realización del Encuentro Internacional sobre Equipos de Trabajo en 2012, 2013 y 2014. En el primero de esos años, la empresa en cuestión obtuvo ingresos por 928 mil pesos y lo que la UG recibió a cambio fueron 120 sillas, que habrían tenido un costo de 139 mil 200 pesos (mil 160 cada una).De acuerdo a documentos en poder de SomosMass99, que fueron puestos a disposición de los miembros del CGU, otra funcionaria que supuestamente apoya las aspiraciones de Guerrero Agripino y a la que se le encontraron irregularidades es la rectora del campus Celaya-Salvatierra, María Guadalupe Ojeda Vargas. Según el procedimiento 01-2015, Ojeda Vargas realizó a nombre de la institución un contrato con su esposo para la renta de un inmueble para dar alojamiento a profesores visitantes.

: La Contraloría General de la UG no tiene facultades para aplicar sanciones: «En los casos que nosotros planteamos, no», asegura el rector del campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Guerrero Agripino, a pregunta expresa, aseguró que en el Campus Guanajuato, al que pertenece DCEA, se destinan recursos solamente para actividades eminentemente académicas y que ese encuentro internacional lo fue, por eso se le condonó la renta de las instalaciones a Rodríguez de la Rosa. “En el caso del doctor Héctor Efraín en una ocasión dijo ‘quiero comprar equipo para la división’ (…) y nosotros no tenemos ningún inconveniente porque nuestro fin no es de lucro”.

Dijo desconocer las ganancias obtenidas por la empresa Aprendizaje para el Alto Desempeño, y el preguntarle si personalmente avaló la condonación de la renta de instalaciones respondió: “Yo tengo colaboradores y les digo, organicen los espacios. Yo no estoy en cada acto viendo a qué se destinan”.

– Pero firma su aval…

– Sí, como firmo muchas cosas aquí

– ¿Sabe de qué se trata (lo que firma)?

– Bueno, depende, ¿verdad? Pero si usted me pregunta cuál es mi criterio para eventos como el que me menciona, es el que le acabo de comentar. Así de claro.

Consideró, sin embargo, que al continuar con sus investigaciones la Contraloría General, “desde mi punto de vista, sí” viola el acuerdo del Consejo General Universitario que le ordena suspender los procedimientos instaurados; y a pregunta expresa afirmó que la dependencia encabezada por Silva Lule no tiene facultades para aplicar sanciones: “Desde mi punto de vista, en los casos que nosotros planteamos, no”.

– ¿Cómo el del maestro Efraín?

– Por supuesto, claro que no. De eso no tengo duda (…) porque la Ley Orgánica y el estatuto orgánico establecen que tratándose de autoridades quien aplicará las sanciones será la Comisión de Honor y Justicia.

El rector general, José Manuel Cabrera Sixto, en cambio, afirmó en breve declaración que la Contraloría General basa sus actuaciones en el marco legal vigente en el estado y a nivel federal.

Silva Lule, a su vez, luego de citar varios artículos de las constituciones de la República y de Guanajuato y de las leyes federal y estatal de responsabilidades de los servidores públicos, comentó: “La Contraloría General de la Universidad no puede suspender las acciones porque los aspectos normativos nos señalan que una vez iniciado el procedimiento éste tiene que continuar hasta su final”. Y completa: “Si suspendemos los procedimientos estaríamos violando la ley”.

En las redes

: ¡Vamos UG! y ¡Denuncia DCEA! son dos grupos antagónicos creados en las redes sociales para fijar posturas sobre las revisiones que realiza la Contraloría General y el proceso de elección del rector general.

En este contexto, el grupo ¡Vamos UG! publicó en Facebook un video del momento en que funcionarios de la contraloría llevan a cabo una notificación al director de DCEA, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, para que aportara información sobre hechos relacionados a su propio caso en los que están involucradas otras personas. Los jóvenes que ahí aparecen leen el acuerdo del Consejo General Universitario y aseguran que el acto es irregular.

En tanto, los estudiantes que crearon la cuenta Denuncia DCEA difunden el mismo video, pero identifican a algunas de las personas que ahí aparecen como empleados del Campus Guanajuato y señalan a otras de estar incluidas en su nómina.

Alumnos de DCEA consultados para este trabajo confirmaron que algunos de sus compañeros crearon la cuenta Denuncia DCEA, pero negaron conocer a los que forman el grupo ¡Vamos UG! No accedieron a dar sus nombres para no tener conflictos.

Otros fueron más abiertos, como los estudiantes de la Licenciatura de Comercio Internacional Mayra, Arturo, Christian, Alejandro y Macarena. Respecto al proceso de sucesión en la rectoría general y el conflicto con la Contraloría General, hicieron comentarios como estos: “A nosotros no nos pega”; “a mí no me parece relevante como estudiante”; “no conozco nada referente a eso pero del maestro Efraín, hasta dónde sé, lo que conozco es que no es apto para pertenecer a este campus”; “lo que nos platicaron es que es como en la política normal, ¿no?, hablan mal unos de otros y uno se da cuenta de todo lo mal que pasa aquí”.

Así es como en la Universidad de Guanajuato se disputa la rectoría general en 2015. Entre los mismos contendientes de hace cuatro años, pero con una confrontación que puede terminar en los tribunales.

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